El PP tumba la ley de derechos al final de la vida porque «cuela la eutanasia»

Diez comunidades autónomas cuentan con una ley de muerte digna que regula los derechos y garantías de los ciudadanos al final de su vida. En ella se abordan aspectos que van desde los cuidados paliativos, al derecho de un paciente (o familiares) a decidir sobre un tratamiento o a la garantía de que se llega al trance final acompañado y en un entorno adecuado. Esas son las cuestiones básicas que incluye un texto legislativo que desarrolla un asunto muy sensible y delicado del que cuelgan muchos matices (también ideológicos) y que ha encallado en las Cortes de Castilla y León.

Ayer se tumbó por segunda vez. En esta ocasión se trataba de una proposición de ley que llevaba la firma del PSOE. Los 11+2 de Vox (titulares y no adscritos) lo rechazaron por su «sí a la vida» y contra «la cultura de la muerte», según dijo Rebeca Arroyo. Así que fue el Grupo Popular el que inclinó la balanza y evitó, con sus votos, que se tomase en consideración y, por lo tanto, comenzase su tramitación como texto legislativo una iniciativa que, en esta ocasión, llevaba la firma del PSOE.

La portavoz del Grupo Popular argumentó el «no» de su grupo en que el texto, el mismo que presentó en 2023 el procurador Francisco Igea, tenía incorporadas las enmiendas que en su momento aportaron los socialistas y que, según sus palabras, «quieren colar la eutanasia por la puerta de atrás» ya que «siembra dudas» al incorporar aspectos como la obligación de dar información sobre esta opción. Arremetió, además, contra el PSOE al que acusó de «filibusterismo político» por volver a presentar la iniciativa ya rechazada y defendió que la Junta aporta todos los recursos necesarios para prestar cuidados paliativos.

Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios arremetió contra el PP, al que acusaron de actuar por «venganza» y no pensando en los ciudadanos. El socialista Diego Moreno defendió que el objetivo del texto es «mejorar» los últimos días de un paciente y, sobre todo, «respetar la dignidad de la persona, garantizar su libertad, su autonomía y cumplir con su última voluntad». «Se busca ahorrar dolor y sufrimiento», zanjó. Términos parecidos utilizó la procuradora de la UPL, Alicia Gallego, para quien se trata de «brindar opciones» a los pacientes en sus últimos momentos aunque, advirtió, «llegamos tarde».

«Políticamente es abominable y éticamente indecente», lamentó el parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, ante el voto en contra de PP y Vox. Pero el más enfadado durante el debate, sin duda, fue su compañero en el Grupo Mixto, Francisco Igea, quien recordó que en el Parlamento se vivió el pasado año «uno de los episodios más lamentables y ruines» cuando por «venganza personal» se negó a los ciudadanos un derecho. «Expliquen a las familias que ven cómo fallecen sus familiares en una habitación de tres pacientes que es más importante llamar gordo al consejero de Sanidad», clamó, resaltando que fue ese insulto, que él colocó en un tuit, el que llevó al PP a rechazar su proposición cuando se estaba debatiendo en comisión. Defendió, en cambio, que la norma lo que regula es la forma de evitar el sufrimiento y, sobre todo, de garantizar una muerte digna.

Finalmente, la toma en consideración fue rechazada por los 43 votos de PP y Vox frente a los 36 del resto del arco parlamentario, lo que propició la expulsión de Igea después de ser llamado al orden en tres ocasiones, dos de ellas por interrumpir a Vallejo. En su salida de la Cámara tuvo tiempo de llamar «sinvergüenza» al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de reprocharle que se hiciese fotos con pacientes en los hospitales.Desde 2019La ley de muerte digna parece estar condenada a no ver la luz en esta Comunidad. Se presentó por primera vez de la mano del entonces vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, allá por 2019. De hecho, fue la primera norma que diseñó el gobierno de coalición PP-Vox. No llegó a buen término porque en diciembre de 2021 se disolvieron las Cortes para convocar elecciones de forma anticipada.

Con el nuevo Parlamento, presentó el mismo texto en 2022 en forma de proposición de ley y entonces sí fue tomada en consideración por el pleno de las Cortes (con el voto del PP), lo que permitió arrancar con su tramitación parlamentaria. Y en esas estaba cuando el pasado año un tuit de Igea en el que aludía al aspecto físico del consejero de Sanidad, enervó al entonces portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, que retiró todas las enmiendas presentadas por los populares para finalmente votar en contra del dictamen, lo que evitó que la ley llegase a pleno.

Los socialistas lo volvieron a intentar presentando el mismo texto al que incorporaron algunas de sus enmiendas. Sin embargo, ayer terminó, por el momento, el recorrido de esta proposición de ley, aunque no se descarta un nuevo intento antes de que termine la legislatura, en este caso rubricado por el procurador de Podemos, Pablo Fernández, que ayer se mostró dispuesto a volver a registrar el texto íntegro de Igea.