Herrera tomó contacto con la 'Perla Negra' por una «confidencia»

«No recuerdo lugar ni contexto». No se trató de una reunión oficial, sino más bien de una «confidencia» a partir de la cual el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera ha señalado en sede judicial que «tomó conocimiento» del caso de la 'Perla Negra'. El «comentario» partía del entonces secretario general de la Consejería de Economía y Empleo y ahora procurador Pablo Trillo, presente en el Consejo de Administración de la empresa pública que abordaba las gestiones en torno al alquiler del edificio y que le transmitió su «inquietud» ante una operación que él entendió «poco ventajosa» y con unos precios «elevadísimos». La respuesta: «Lógicamente», me iba a informar». Tras conocer el asunto, «confié» en el citado órgano directivo en el que habían surgido las «dudas» y que reconduciría después la operación. «Los errores» de la trama vinieron, ha dicho, cuando se «prescindió» del mismo.

Tranquilo, sonriente y saludando a la prensa agolpada en la puerta ha acudido esta mañana Herrera a su cita como testigo en la Audiencia Provincial de Valladolid que juzga a doce ex altos cargos durante su mandato y empresarios supuestamente beneficiados en el presunto pelotazo urbanístico en torno al citado edificio y el parque empresarial de Portillo. Así, ha dado testimonio sobre el asunto a preguntas sólo del letrado de uno de los principales imputados, el que fue viceconsejero de Economía Rafael Delgado.

La presunta trama comenzó a fraguarse en 2005, pero no fue hasta 2008 cuando Hererra dice que supo de las gestiones en torno a la 'Perla Negra'. En aquel entonces se barajaba el alquiler del denominado Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) a un precio que suscitó inquietud entre algunos de los miembros del Consejo de Administración de la empresa pública Gesturcal. Entre ellos, el entonces director general de Presupuestos, Armando Baeta, quien consideró que el valor estimado carecía de «fundamento»; o Pablo Trillo, que decidió, como así declaró la pasada semana en el juicio, trasladarle a Herrera, «amigo personal», su disconformidad.

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Sus «dudas», ha explicado el expresidente de la Junta, iban en dos direcciones. En primer lugar, por la fórmula del alquiler, en vez de la compra; y por otro lado, acerca de unos precios que se «barajaban costosísimos». «Yo no conocía el asunto y le dije que me iba a informar», ha asegurado. «¿Con quién? pues con quien tenía competencia, el desgraciadamente fallecido y amigo personal Tomás Villanueva».

La agrupación de servicios en una única sede con la que se justificó la operación de la 'Perla' , ha dicho, era «coherente con lo que la Junta había venido realizando» con la concentración de unidades administrativas en nuevos o renovados inmuebles. A partir de ahí, ha apuntado, la decisión concreta en torno a este caso «no era política». «Había un Consejo de Administración que valoraba y tomaba la decisión».

En este contexto, le pareció «acertado y correcto confiar» en el Consejo de Administración de la empresa pública Gesturcal, que contaba -ha señalado- con miembros «cualificadísimos», que dotaban a las decisiones de «seguridad, confortabilidad y tranquilidad» a sus ojos. De hecho, ha estimado que «los errores que se han podido cometer» en torno a esta trama ha sido «cuando se ha prescindido» de este órgano directivo.

En los meses sucesivos, ha narrado que Villanueva le dio parte de que ese Consejo de Administración en el que «confiaba» acordó por «unanimidad» optar por la adquisición del edificio frente al alquiler y se encargó una tasación en base a la cual, de nuevo por «unanimidad», ha remarcado se puso cifra a la operación - en este caso hubo dos costes sobre la mesa. Primero se fijó en 72 millones y, finalmente, se redujo a 52-.

Por último, en lo que respecta a los terrenos de Portillo, ha explicado que en el marco del plan de acción de la Junta para reactivar la economía y crear empleo en plena crisis económica se incluyeron medidas relativas a los parques empresariales e industriales, pero que éstas actuaciones de promoción de suelo «no iban tanto por la adquisición» de nuevos -como se produjo en ese caso-  como por la urbanización y puesta a punto de los ya existentes.