La «amenaza» de Mercosur y los precios caldean un 2025 de protestas del campo de Castilla y León

Y en la Comunidad –donde el sector primario tiene un peso sobre la economía superior a la media– calientan motores para volver a las carreteras. En sus explotaciones los números continúan sin cuadrar y ahora, además, se cierne la «amenaza» del acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) tras más de dos decenios de negociaciones. La letra pequeña de cómo lo aplicará el Gobierno en España está por escribirse, pero los grandes trazos chocan de plano con los profesionales de la agricultura y la ganadería, que demandan «información» y que «defiendan» al sector. Sobre todo, tienen una exigencia clave para poder ver los beneficios que esgrimen desde Bruselas y el departamento del ministro Luis Planas: «Cláusulas espejo». ¿Por qué? Para que lo que llegue de esos países de la franja sudamericana cumpla con «las mismas exigencias» que impone la UE a lo que aquí se cultiva y se cría, desde el punto de vista sanitario, fitosanitario, de bienestar... Una normativa, advierten, que en definitiva eleva los costes y limita la producción, lo que repercute directamente en los precios.

«Que la Unión Europea y el Ministerio no nos vendan a terceros por acuerdos de otros sectores», clama en este sentido el presidente Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo. «Está muy bien vender coches desde Alemania, exportar vino, aceite de oliva... pero no puede ser que esas producciones –las procedentes de los países de Mercorsur– vengan con unas condiciones que no son las mismas», advierte también Aurelio González, de La Alianza UPA-COAG, quien señala que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, «ha ido corriendo a firmar» pensando en la automoción alemana o en abrir otro mercado frente a los posibles aranceles con los que amaga Donald Trump de nuevo sea oficialmente presiente de Estados Unidos. «Pero hay que exigir que no se aplique libremente», subraya González, quien además demanda que esos requisitos no sea flor de un día, sino que se mantengan en el tiempo.

«Si no, sería competencia desleal», coinciden desde las organizaciones agrarias, que alertan de que al otro lado del Atlántico por ejemplo todavía se usan sustancias que aquí no permite la normativa. Es el caso, señalan, del clembuterol, un fármaco utilizado para el engorde del ganado, prohibido en España desde 2007 y que hace que hasta ahora cada año se paren en los puertos «toneladas de canales –de carne–» procedentes de otros países por detectarse esta sustancia, advierte el dirigente de La Alianza. Si el acuerdo con Mercosur acaba con esos controles supondrá un «riesgo» no sólo para la producción nacional, alerta.

Junto al vacuno de carne –Castilla y León es líder, con más de 122.000 toneladas al año, el 17,5 por ciento del total nacional–, hay otros sectores en los que ponen el acento. Es el caso del azúcar, por la ventana que podría abrirse a que las fábricas apuesten más por el refinado del de caña –en el que Brasil «es una potencia»– frente al molturado de remolacha. Es también un cultivo en el que la Comunidad se sitúa claramente a la cabeza, con más de dos tercios de la producción de raíz en España. O el porcino, añaden, en el que Brasil podría «hacer mucha pupa y mucho daño» al cerdo, sector en el que la Comunidad también ocupa el pódium productor español, junto a Aragón y Cataluña.

Los países agrupados en Mercosur «son grandes productores de alimentos muy sensibles para Castilla y León», apunta el líder de UCCL, Jesús Manuel González Palacín. Y advierte de que esa posible «entrada masiva» desde Sudamérica a España y Europa conllevaría también una «bajada de precios» derivada de la llegada de alimentos más baratos de producir por el inferior coste de la mano de obra y las menores exigencias legislativas.

También los cereales, apuntan. Precisamente el principal cultivo de Castilla y León. Y es que la superficie sembrada de trigo, cebada o centeno ya ha menguado notablemente, pasando de rondar los dos millones de hectáreas a quedarse en apenas 1,5 millones. Aplicando «cada vez menos abonos, labores mínimas porque los costes de producción son muy altos», lamenta Dujo. «Pero a las tierras no se las engaña», añade, vislumbrando ya que lo cosechado caerá. «No se siembra no porque no se quiera» sino que se opta por cultivos con menos costes como forrajes, oleaginosas o proteaginosas o incluso dejar en barbecho en un afán de «reducir costes» de modo que las cuentas entre gastos e ingresos estén lo más equilibradas posible. Tener que sacar tres kilos de trigo para pagar uno de abono, advierten, no da y es a lo que está ahora: «No sale rentable sembrar».

Así, ante el temor de la llegada de más grano de fuera y sin los mismos «requisitos», la exigencia es nítida: «Que se cumpla la ley de la cadena alimentaria». De hecho, como recuerda también Palacín, la «buena cosecha» –aunque con excepciones azotadas otra vez por la sequía– tras dos años «catastróficos» para el sector se ha visto lastrada por «los altísimos costes de producción y el desplome de los precios». En cifras: cobran por el cereal 200 euros por tonelada y producirla sale a entre 500 y 700.

«Nos sentimos engañados y defraudados por muchos políticos. Están vendiendo el sector primario por intereses de otros sectores», censura Dujo. Pero no sólo para los países de Mercosur reclaman esos «aranceles». En el caso del cereal, la demanda no es nueva. 2024 daba sus últimos coletazos con las organizaciones agrarias en la calle por los «bajos» precios de su grano y la exigencia de que lo importado de Ucrania pase por 'caja' al cruzar la aduana como antes la invasión rusa. Casi tres años después, la potencia cerealista ucraniana pesa en los productores españoles. «Nos están hundiendo» a cambio de «dar liquidez» a las tropas de Zelenski. «Estamos pagando la guerra», denuncian.

Con este caldo de cultivo, el run-run entre las organizaciones agrarias es que 2025 «será también de movilizaciones», de salir a la calle para «protestar y exigir que las políticas cambien a favor del sector» en precios, costes y normas, apunta ya Dujo. «Si en los próximos meses no se avanza de forma significativa», Palacín también señala que plantearán «nuevas movilizaciones».