Caso Menas: Anticorrupción apunta a la consejería de Derechos Sociales por irregularidades en los fondos

La investigación de Anticorrupción por el uso fraudulento de fondos destinados a los centros de acogida de migrantes menores no acompañados ha salpicado a la consejera en funciones de la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos), ahora cabeza de lista por Sumar de Yolanda Díaz a la provincia de Las Palmas.

La consejera y líder de la formación de Yolanda Díaz en la provincia se ha defendido del conocido como 'Caso Menas' asegurando que tuvo que realizar «contrataciones de emergencia«, cuyos contratos »avaló« la Intervención General de la comunidad autónoma y que pasaron a manos de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que está siendo investigada por usar esos fondos para fines particulares de sus directivos. Estas partidas, que en cuatro años ascendieron a 12,5 millones, eran para prestar el servicio de alojamiento y manutención de los menores extranjeros no acompañados que llegaban al archipiélago pero se usaron para beneficio propio como tratamientos estéticos, compras a negocios familiares, noches de hotel, restaurantes, y se investigan facturas duplicadas y tickets fraudulentas.

Santana ha dicho que el objeto era «salvaguardar el interés de los menores«, y Noemí Santana ha justificado que la forma en la que se elaboraron los contratos »pasó todos los filtros técnicos y legales al efecto tanto por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma como de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos«.

El Gobierno canario, como ya adelantó hace unos días, se personará en el que denomina 'caso Siglo XXI' como parte afectada por los delitos que le imputen a la entidad, mostrando su «máximo respeto» y «plena disposición» a colaborar con el procedimiento legal.

De toda formas, incide en que en el contexto en el que se produce la contratación de dicha Fundación es ante una situación en el que el Ejecutivo autonómico «se vio abocado a contratar a cinco entidades y a abrir hasta 50 recursos de emergencia ante el repunte« de los movimientos migratorios a las costas, llegando a albergar y tutelar a casi 3.000 menores »en el momento álgido« de esta crisis.

El Gobierno canario tuvo que enfrentarse a esta situación con «toda» la infraestructura de acogida «desmantelada« por el anterior Ejecutivo autonómico que »debió pensar que Canarias se había movido de su situación geográfica y que no volvería a recibir más personas migrantes«. Era un »momento excepcional, reconocido a través de un Decreto Ley, aprobado por todas« las fuerzas políticas en el Parlamento autonómico. Ha agregado que la obligación de prestar este servicio »es irrenunciable«, subrayando que viene impuesta por el conjunto de disposiciones del ordenamiento jurídico que regulan la protección jurídica del menor y los servicios sociales.

Se trata de una «emergencia humanitaria» calificada como emergencia social en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en su artículo 29, y por tanto se atendió una situación «excepcional« que provocó la tramitación de los contratos, acogiéndose al procedimiento de emergencia, »se ha prolongado en el tiempo y persiste« porque el flujo migratorio «es periódico y no hay visos de que vaya a cesar», por lo que matiza que se trata de una situación «constante a la que hay que dar respuesta a través de la contratación del servicio por un procedimiento ordinario».

En el caso concreto de la Fundación Siglo XXI, la cabeza de lista de Sumar, Noemí Santana calificó de «imprecisas« las informaciones, por »no decir que son incorrectas«, en relación a cuestiones en las que se dice que la consejera »informó de que Siglo XXI trabajó a entera satisfacción pese a las irregularidades«, puntualizando que »si no hay conformidad, no se pueden pagar las facturas ni prestar el servicio, por lo tanto, los menores acabarían en la calle«. Esa conformidad »no la da la consejera«, ha dicho, sino »un técnico de la comunidad autónoma, más concretamente, un jefe de servicio«.

En relación a los controles y supervisión, indica que en el caso de los menores migrantes que estaban en Porto Bello, en Mogán, en cuanto se detectó el «problema», se actuó «en consecuencia y se cerró el recurso, que, efectivamente, no cumplía con las garantías necesarias« para albergar a los menores. Además afirmó que se realizaron las inspecciones pertinentes y se clausuró el centro. Finalmente, subrayó que la Fundación, »como las otras, no solo ha trabajado con este Gobierno« de Canarias, sino con otras administraciones de «distinto signo político como el Cabildo de Lanzarote en 2018; así como en otras comunidades autónomas como Madrid».

Santana asegura que con este artículo quiere «evitar que se criminalice nuevamente a los menores extranjeros en desamparo familiar, mal llamados 'menas', cuya única voluntad es salir adelante y construirse un futuro«, ya que es »urgente evitar que todo« esto termine provocando rechazo a menores y adolescentes. »Es en ellos y ellas en quienes hemos pensado en todo momento y por quienes seguiré luchando desde cualquier espacio en el que me encuentre, como lo he hecho siempre«, concluye.