La ley de volcanes llega al Parlamento

La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja ha registrado el Parlamento de Canarias la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear una ley de volcanes en el archipiélago, al reunir un total de 15.000 firmas con el fin de que se pueda iniciar su tramitación en la Cámara.

Uno de los portavoces, Juan González, ha detallado que esperan que el debate de la ILP sea el primer punto de la próxima con el fin de que en otoño pueda estar aprobada. El objetivo es que esta ley «sea de todos y no de nadie» y con mucha participación dado que hay que acabar con el actual «vacío legal».

La Plataforma quiere «poder estar seguros viviendo en unas islas volcánicas hace falta una ley de volcanes«, ha agregado, subrayando que »hay que tener en cuenta la seguridad de las personas y los bienes de cada afectado si hubiese una erupción en cualquier isla».

Ha insistido en que se trata de «vivir mejor en Canarias» a raíz de lo que ha ocurrido tras la erupción en La Palma pues «no hay seguridad jurídica ni amparo legal» , de tal forma que sea «lógico» que se elabore una ley y que se aplique con carácter retroactivo para los afectados en la 'isla bonita'.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha afirmado en el pleno del Parlamento de Canarias que «posiblemente sea necesario un marco legal específico para poder proteger de forma ágil los derechos de la población damnificada, garantizar su recuperación socioeconómica y la reconstrucción de sus propiedades con arreglo al valor real de lo perdido, todo ello respetando los valores medioambientales».

Por su parte, la Iniciativa Ciudadana de Afectados por el volcán de La Palma ha denunciado que el Gobierno de Canarias ha aprobado recientemente una ley que permite la declaración de ruina de edificios afectados por la erupción volcánica en La Palma. Esta ley tiene como objetivo facilitar la recuperación post-volcánica de la isla, pero ha generado críticas por su inmoralidad y su falta de sensibilidad hacia los afectados, y que ha agravado la inseguridad jurídica y la exclusión social de los damnificados.

Como ha explicado la Iniciativa, en otros lugares en situaciones similares se ha contado con la ayuda de expertos internacionales, por lo se pregunta por qué esto no sucede en la isla de La Palma.

En general, los actos administrativos y leyes deben estar orientados al beneficio del ciudadano y no a intereses políticos o empresariales. La declaratoria de ruina de edificaciones afectadas por la erupción volcánica en La Palma debe ser objetiva y no discrecional, con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos y evitar expropiaciones injustas. Como denuncia la Iniciativa, en el caso de la nueva Ley de Canarias, deja estas decisiones en manos de decretos de alcaldía, en los científicos y en los funcionarios.