La Justicia admite a trámite el recurso de los afectados del volcán para poder volver a casa

Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha admitido a trámite el recurso de la Plataforma de Afectados de Puerto Naos y La Bombilla contra el decreto del Cabildo de La Palma que prohíbe el acceso a los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla durante 16 meses.

Como ha explicado el diario local El Valle de Aridane y un comunicado de la plataforma Jaraco, con esta admisión se da inicio a la tramitación judicial de este litigio, que busca comprobar la legalidad de esta medida del Cabildo palmero, asesorado por el Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca). La línea principal para negar el acceso a vecinos y empresarios es el peligro que supone para la salud las concentraciones de CO2 de la zona, que los afectados por la erupción de Cumbre Vieja alegan que puede ser gestionado con monitorización, medidores y ventilación, o incluso manteniendo las restricciones en zonas muy concretas pero no de la manera generalizada.

El informe del físico-químico Francisco Rodríguez Pulido, y el médico y profesor de Fisiología de Universidad de La Laguna Aldo González Brito, avala que se busque otra alternativa para asegurar un acceso sin problemas para la salud a las fincas y casas de La Bombilla y Puerto Naos.

Con la admisión a trámite de su recurso, la Junta directiva de Jaraco ha celebrado «el interés de los afectados» y asegura que se ha iniciado el proceso para que los tribunales de Justicia diriman si es legal que se les haya prohibido de forma sistemática el acceso a sus casas y negocios. Tal y como han recordado, una persona fue incluso detenida por pasar la noche en su vivienda, aún estando pertrechada con medidores de CO2.

La plataforma Jaraco ha anunciado que seguirá informando del proceso que asegura «será de vital importancia, para desenmascarar a quienes nos han engañado, utilizando todo tipo de artimañas» en la evacuación de Puerto Naos y La Bombilla. Jaraco ha pedido «buscar la verdad» e iniciar la investigación «para esclarecerla», porque tras 16 meses de evacuación considera necesario «proteger» a los afectados por este interminable desalojo de sus hogares y empresas, que les ha llevado a sentirse «desprotegidos y olvidados».