Los afectados del volcán convocan concentración para reclamar las 8 medidas necesarias para la recuperación justa y rápida

Un consorcio para la reconstrucción; nuevas leyes del Territorio para la zona afectada, de Expropiación con justiprecio al valor de antes de la erupción y del Estatuto Jurídico del Afectado; más ayuda estatal con el abono de las subvenciones de 30.000 euros del Gobierno canario y entrega de las actas y grabaciones del Pevolca, son algunas de las medidas que los afectados del volcán Cumbre Vieja vuelven a reclamar.

Como cada día 19, la sociedad palmera ha sido llamada a sumarse a una concentración que pretende servir de empuje para las medidas necesarias para que 7.000 personas puedan recuperar sus vidas, en una reconstrucción «más justa y más rápida».

La Plataforma de Afectados por la Erupción Volcánica de Cumbre Vieja 2021, ha reclamado la publicación de los decretos leyes urbanísticos de la reconstrucción de la isla porque aunque el Gobierno de Canarias después del anuncio de que este 20 de enero se presentará a los vecinos y colectivos de afectados los decretos que ha estado elaborando durante el último año para ordenar el suelo afectado y que van a determinar el suelo destinado a vivienda y agricultura y el que se va a proteger.

Por ello, la Plataforma ha exigido que estos textos normativos sean cuanto conocidos «antes de esa fecha« por los vecinos para poder hacer sus alegaciones, reclamaciones y sugerencias. Como reclama la Plataforma, »son leyes y reglamentos decisivos que determinarán el futuro de las propiedades arrasadas por el volcán durante 85 días«.

Del mismo modo, ha recordado que en toda elaboración de un plan general de ordenación urbana o de cualquier instrumento de ordenación de suelo, la Administración urbanística ordena su publicación en la página web para que el documento, con sus capítulos y artículos, sea conocido por la sociedad.

Cuando se cumplen 16 meses del inicio de la erupción volcánica que ha causado un enorme sufrimiento económico y mental a miles de personas, regresan a la concentración, que se desarrollará en la plaza de España, desde las 20 hasta las 21.30 horas, y está convocada por la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021.

En la tabla reivindicativa de la Plataforma figuran tres iniciativas legislativas: una Ley del Territorio para La Palma, que dé cobertura jurídica para que la reconstrucción sea posible; una nueva Ley de Expropiación en la línea de la formulada por el presidente decano del Colegio de Notarios de Canarias, Alfonso Cavallé, con un justiprecio de las propiedades al valor que tenían antes de esta catástrofe; y una Ley del Estatuto Jurídico de los Derechos de los Afectados por el volcán de La Palma (presentada en su momento por esta plataforma en el Parlamento autonómico y aún sin respuesta).

La asociación convocante también propone crear un consorcio para la reconstrucción, un organismo autónomo en el que estarían representados los afectados y todas las Administraciones públicas.

En cuanto a las ayudas económicas, se pretende ampliar las subvenciones estatales en 60.000 euros para llegar a la media de los pagos realizados por el Consorcio de Seguros y que el Gobierno canario publique cuanto antes en el Boletín Oficial de Canarias las de 30.000 euros por pérdida de vivienda habitual, ya que esta promesa se hizo en marzo de 2021, se prometió que se abonarían en 2022 y ahora se da como nueva fecha febrero de 2022.

El colectivo promotor de la concentración exige además la entrega de las actas, grabaciones e informes de las reuniones del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) anteriores a la erupción.

La plataforma propugna además que se garantice a los afectados estar presentes en todas las comisiones de la reconstrucción y se les dé audiencia en la elaboración de las leyes y reglamentos que afectan a sus derechos.

Concretando aún más algunos de esos objetivos, este grupo de damnificados solicita que se terminen de pagar las ayudas para enseres, que haya subvenciones también por la pérdida de casas turísticas, de segundas viviendas y de fincas de todo tipo sepultadas por la lava; racionalizar la gestión de las obras hidráulicas, pues son un caos para los agricultores; y «mayor empatía» de las Administraciones públicas con los afectados, acabando con actitudes «despóticas y con la «complacencia» institucional, como denuncian.