Caso Menas: el Gobierno canario se personará como «parte perjudicada»

El portavoz en funciones del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha confirmado que el Ejecutivo ya está personado en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria sobre presuntas irregularidades en centros de menores migrantes gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en las islas de Gran Canaria y Lanzarote.

El portavoz ha indicado que el Ejecutivo se persona como «parte perjudicada» del proceso a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por indicios de falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales públicos en la gestión de la Fundación.

La entidad recibió 12,5 millones de euros entre 2020 y 2022 en contratos de emergencia para atender a los menores migrantes pero parte del dinero adjudicado por la consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, según la investigación de la Fiscalía, no se destinó en su totalidad a la atención de los menores y acabó en gastos diversos como tratamientos de belleza, hoteles de lujo, viagra o parches para dejar de fumar.

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que gestionaba los cuatro centros de acogida de menores migrantes no acompañados investigados por la Fiscalía Anticorrupción, recibió hasta 12,5 millones de euros bajo la gestión de la consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.

A pesar de la millonaria inversión, las inspecciones alertaron que «no se está invirtiendo en mantener a los menores en condiciones adecuadas», ya que los fondos llegaban pero las instalaciones, atención y servicio prestado a los usuarios era de «hacinamiento», en habitaciones «pequeñas y oscuras» de aspecto «tétrico y carcelario».

Estos flujos de fondos, a razón de 95 euros al día por plaza ocupada y 72 euros al día por plaza desocupada, lejos de destinarse para el fin por el que fueron concedidos, según versa la querella, fueron desviados por cuatro de los directivos para «enriquecerse a sí mismos», señala la Fiscalía, con gastos que van desde tratamientos de estética, comprar tabaco, fármacos, gasolina, alquileres de vehículos y noches de hotel y almuerzos en restaurantes de clase alta en las islas.

Una de las querelladas, exdirectora les centro Guiniguada, María de los Ángeles Barroso, usaba el dinero destinado a los menores para su uso personal, con hasta cuatro cuentas que desmantelaba para su propio beneficio. La mayor parte de los ingresos recibidos era extraído en efectivo, sin que se haya justificado su uso, y se desviaba dinero a una cuenta personal, al menos 6.353 euros, así como pagos ilícitos y una justificación de gastos difiere en más de 14.750 euros.

Además de 1.500 euros en un tratamiento de belleza, también fueron pagadas con estas tarjetas tratamientos dentales, zapatillas de la marca Nike, compra de fármacos, tabaco, noches de hotel, restaurantes, alquiler de coches, entre otros gastos.