Bolaños llamó a Gamarra para quejarse de que el PP «cambió de opinión» en la ley que rebaja penas a etarras

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha llamado este martes a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para quejarse de lo que a su juicio supone un «cambio de opinión» de los populares respecto a la modificación legal que podría beneficiar a más de 40 presos etarras.

Bolaños lse ha puesto en contaco con Gamarra para contestar a la dirigente del PP, que este martes por la mañana envió un mensaje al ministro para reclamarle que el Gobierno detuviera la tramitación de la ley. En el mismo texto le pedía hablar con él, dado que en ese momento no era posible por la celebración del Consejo de Ministros.

Según fuentes del Ministerio, Bolaños le ha preguntado a Gamarra por el «inesperado cambio de opinión del PP tras la información periodística que se publicó este lunes sobre esta ley», que ponía de manifiesto que esta reforma -que contó con el visto bueno del PP- iba a beneficiar a presos de ETA.

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Desde entonces, Génova ha denunciado una «treta» del Gobierno, ha exigido a Moncloa que rectifique y retire la ley y ha pedido disculpas a las víctimas del terrorismo por lo que califican como un error injustificable, dado que pasaron por alto el contenido de esta reforma y sus posibles consecuencias.

No obstante, las fuentes del Gobierno consultadas consideran que se trata de un «súbito cambio de opinión» del PP que, además, es «difícil de explicar» porque, a su juicio, esta norma «sirve para aplicar el derecho europeo en España».

Este martes, fuentes de Moncloa dejaban claro que el Gobierno no tiene intención de retirar la ley y, por tanto, seguirá adelante con su tramitación. Señalan, además, que el PP estaba al tanto de las consecuencias de esta norma, pero ahora se ve obligado a reaccionar de este modo.

Desde el departamento que dirige Bolaños sostienen que los de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor de la ley en el Congreso, al igual que el resto de grupos parlamentarios y, además, no presentaron ninguna enmienda en el Senado.

Insisten, asimismo, en que la ley «viene respaldada por un dictamen favorable del Consejo de Estado» y reiteran que existe una cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional «que ya duda sobre la adecuación de la legislación española vigente al derecho comunitario».

Igualmente, señalan que todos estos textos eran públicos y sobradamente conocidos, por lo que consideran que es «imposible» que el PP no los conociera. «Es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión», rematan.