La Audiencia Nacional anula la primera condena de Villarejo y ordena al tribunal repetir la sentencia

En la sentencia, los magistrados estiman entre otros, el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra aquella resolución que versaba sobre las piezas separadas Iron, Land y Pintor y que sentó en el banquillo a 26 personas de las que 16, incluyendo la mujer y el hijo del comisario y a varios policías, resultaron absueltas. El abogado de las empresas del comisario, Rafael Redondo, fue condenado a 13 años de prisión mientras el grueso de los clientes de aquellos encargos asumieron entre tres meses y dos años de cárcel.

Ahora, tras la deliberación y fallo sobre los recursos que presentaron acusaciones y defensas, la Sala de Apelación declara «la nulidad de la sentencia de instancia» porque considera que está incompleta, dado que no ha valorado racionalmente «la totalidad de la prueba practicada» a lo largo de un año de juicio oral. Esa prueba, dice la Sala, «no es racionalmente desechable».

El mismo tribunal tendrá que redactar una nueva resolución en la que se pronuncie sobre los delitos de cohecho, conspiración para la extorsión en alguna de las piezas, la obstrucción a la Justicia, la falta de motivación de las indemnizaciones fijadas en concepto de responsabilidad civil, la cuota diaria de multa y las contradicciones en el pronunciamiento relativo a uno de los acusados.

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Isabel Vega

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En este sentido, destaca el reexamen del delito de cohecho, porque la sentencia inicial descartaba que los encargos realizados por el comisario se hubiesen materializado en el contexto de sus funciones policiales, contra criterio de Anticorrupción, que siempre ha sostenido que era precisamente por ser comisario, como accedía tanto a los encargos como a la información necesaria para materializarlos.

La Sala de Apelación, sin entrar a pronunciarse sobre la concurrencia de este ilícito, impone que se analice a fondo de nuevo valorando «toda la prueba practicada en el juicio oral» y, una vez se haya examinado en su conjunto, los magistrados motiven suficientemente sus argumentos para acoger o descartar que se produjera.

La resolución analiza la doctrina del Tribunal Supremo sobre el delito de cohecho «cuyo bien jurídico protegido es la recta imparcialidad en el ejercicio de la función pública, garantizando la probidad e imparcialidad de sus funcionarios». Según la jurisprudencia, este delito no precisa un daño a la causa pública entendido como «perjuicio verificado y acreditado» al margen del torcimiento que conlleva el principio de imparcialidad u objetividad en el desempeño de la actividad pública.

Esto implica, conforme razona la Sala de Apelación, que el delito quedaría consumado con la solicitud o ofrecimiento de una dádiva sin necesidad de que se produzca el resultado material externo o que se ejecute efectivamente el comportamiento contrario a derecho que se busca, ya que desde ese momento queda perjudicada la administración, así como la imparcialidad de sus funcionarios.

La sentencia inicial no consideró este punto de vista, como sí lo haría la segunda que se ha producido en la Audiencia Nacional sobre el comisario Villarejo, notificada también este martes, como informó ABC, y que le condenaba por cohecho. También la Sala de lo Penal condenó por este ilícito a otro comisario en el contexto de la misma causa, se trata de Carlos Salamanca, que fue jefe de Extranjería y Fronteras, dando por probado que había recibido ingentes dádivas pero sin acreditar lo que se presumía, él había hecho en contraprestación.

Lanza en todo caso la Sala un aviso a navegantes de cara a que el tribunal lo considere al repetir la sentencia: Descartó en origen que los hechos hubiesen prescrito porque el cohecho, el delito más grave, estaba vigente. Pero según la doctrina del Supremo, sólo se puede considerar la 'caducidad' de los ilícitos que se dan por cometidos, es decir, si no hubo cohecho todo lo demás podría estar prescrito. Tendrán que volver a analizarlo.

«No cabe sino la declaración de nulidad de la sentencia de instancia a fin de que por el mismo tribunal se dicte nueva sentencia en la que, con libertad de criterio, se lleve a cabo una completa valoración de la prueba practicada y no valorada y se expresen los argumentos por los que ha sido tenida en cuenta para emitir el fallo absolutorio o condenatorio, en una interpretación racional y completa de todos los medios de prueba debidamente integrados», señala.

En cuanto a los recursos de las defensas, centradas en las nulidades de la investigación, la Sala de Apelación avala en términos generales el trabajo realizado en instrucción y descarta «un supuesto complot para perseguir a toda costa» a Villarejo, como también que hubiese manipulación de las pruebas o que se rompiese la cadena de custodia.

No obstante, reconoce que el origen de la causa «no fue muy fino» y que la investigación previa -la presentación de una supuesta denuncia anónima «elaborada burdamente»- se recurrió «en connivencia con la Fiscalía» a diversos trucos.

«Pero por el hecho de valerse de tretas, atajos, añagazas o subterfugios, en la obtención de la «notitia criminis» no queda invalidada la prueba obtenida posteriormente en el procedimiento judicial si ésta, como tal, reúne todos los requisitos constitucional y legalmente exigibles, pues de los contrario no prosperaría ninguna investigación policial o carecerían de sentido prácticas tan frecuentes», dice la Sala de Apelación.