Juicio
La UGT Andalucía pagó 1,6 millones «sin factura» a su empresa de alquiler de aulas de formación
La Guardia Civil confirma que dichas transferencias de dinero no tienen soporte documental
La UCO revela que una empresa satélite de UGT Andalucía financiada con la formación hizo 65 transferencias a la asesoría de su consejero
Pagos sin factura o que se justifican con conceptos «ambiguos», contratos de asesoramiento sin objeto concreto, aulas de autoaquiler para justificar ayudas ante la Junta de Andalucía... La contabilidad del entramado empresarial creado por la UGT de Andalucía para gestionar el negocio de los cursos ... de formación en la comunidad con más parados de España está plagada de sombras.
Lo corroboró este lunes el sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha examinado el «circuito financiero» de la presunta trama de facturas falsas del sindicato tras analizar los informes de la Agencia Tributaria y la documentación requisada durante los registros policiales llevados a cabo por orden judicial en 2013 y 2015 en las sedes de Soralpe y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). Son la empresa y la fundación utilizadas por el sindicato para realizar las actividades formativas.
Este investigador fue el tercer agente de la Policía Judicial que declara como testigo en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audienciade Sevilla por la supuesta financiación irregular del sindicato mediante facturas ficticias pactadas con sus proveedores de confianza. El fiscal pide siete años de prisión para los principales implicados, entre los que se encuentran cinco antiguos responsables de la UGT-A, y una multa total de 200 millones de euros por un presunto fraude que se cuantifica en 40,75 millones de euros procedentes de catorce subvenciones de la Junta de Andalucía.
Durante una declaración por videoconferencia, el autor del citado atestado confirmó que las principales fuentes de financiación de Soralpe, mercantil participada al 100% por la UGT-A, eran el IFES y el propio sindicato: 7,1 millones de euros recibió de la primera, y 5,2 millones, de la segunda, entre los años 2009 y 2014. Es decir, el 87,2% de la financiación procede de la propia organización, que se nutría con dinero público. La central cedió a Soralpe sus inmuebles para impartir cursos y ésta a su vez los alquilaba a una fundación del propio sindicato —IFES—, generándose así facturas artificiales que luego colaba a la Administración para justificar las ayudas, según detalló la investigación policial.
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Durante el interrogatorio, el fiscal Anticorrupción le indicó al testigo que había «una diferencia entre lo facturado [por Soralpe a la UGT-A] y lo no facturado de 1,6 millones de euros», según puso de manifiesto en el informe policial. «¿No ha encontrado soporte documental que justifique esos pagos?», le pregunta el representante del Ministerio Público. «Efectivamente. No lo podemos llegar a identificar. Esos 1,6 millones no podemos determinar exactamente a qué se deben», contesta.
No es el único ángulo muerto que refleja la contabilidad analizada por este investigador, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con un máster en Comercio Internacional. Soralpe pagó otros 2,49 millones a la UGT-A, de los que 2,1 millones «se justifican por el concepto genérico de pagos a cuenta». «No sé en contraprestación de qué Soralpe ingresa esos 2,1 millones a UGT. En principio, no hemos encontrado justificación», precisó.
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Las defensas de los acusados cuestionaron las dudas policiales sobre las citadas operaciones comerciales cuando la inspección fiscal no puso objeción alguna a las mismas. «No me consta pero tampoco me extraña. Si estamos intentando realizar una forma de financiación irregular, ¿cómo se va a comunicar a la Agencia Tributaria?», replicó el testigo a uno de los letrados.
Un responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía también ratificó el informe sobre el fraude de la formación realizado para la Fiscalía Superior de Andalucía.
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