La Guardia Civil ironiza sobre los viajes de UGT pagados con ayudas de formación: «Si fuera para un curso de maquinista...»
El investigador policial reconoce en el juicio contra la antigua cúpula del sindicato en Andalucía que su misión no era comprobar cómo se justificaban las subvenciones ante la Junta sino la confección de facturas ad hoc
La Guardia Civil señala que UGT aplicó en otras federaciones el método andaluz de financiación con fondos públicos
El responsable de la Guardia Civil que dirigió la investigación judicial que ha sentado en el banquillo de los acusados a la antigua cúpula de la UGT Andalucía ha explicado este miércoles en el juicio de la Audiencia Provincial de Sevilla que sus pesquisas consistieron en indagar en la «responsabilidad» de la Junta de Andalucía «a la hora de conceder subvenciones» para cursos de formación a trabajadores y desempleados y en «si determinadas facturas entregadas para justificarlas se correspondían o no con la realidad».
A preguntas de los abogados defensores, el testigo, que el pasado martes fue interrogado por la Fiscalía Anticorrupción, ha querido puntualizar que su función no era comprobar la justificación de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía entre 2009 y 2011 para actividades formativas. La cuantía supuestamente defraudada en la que se centra el proceso asciende a 40,75 millones de euros y corresponden a 14 expedientes de subvenciones para impartir más de 2.000 cursos.
«Corresponde al órgano gestor [de la Administración] comprobar si las facturas concretas están en un determinado expediente», en referencia a la Dirección General de Formación de la Junta, la Intervención autonómica o estatal. Si no se comprobaba la justificación de las facturas, «¿cómo se puede decir que había un presunto fraude?», le ha interpelado el abogado Víctor Moreno Catena, que representa a la secretaria de Gestión Económica María Charpín, una de las acusadas en el proceso.
El investigador de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha respondido que «hay un modus operandi relativo a la confección de facturas como comunicaciones y denominaciones de botes y rappel (descuento) que lleva a pensar en la posible existencia de un fraude y se tiene que comprobar evidentemente».
En la sesión del juicio celebrada el pasado martes, el fiscal Anticorrupción exhibió un correo electrónico que la acusada Dolores Sánchez Montaño, responsable de compras del sindicato, envía a otro empleado, Francisco Mateos, en la que da una serie de instrucciones sobre la manera de computar un viaje que realiza el entonces secretario general de la UGT Andalucía, Manuel Pastrana, a Costa Rica, así como otros viajes de otro mando sindical a Dublín, que se habrían financiado por una empresa satélite del propio sindicato, Soralpe, cuya principal vía de financiación eran las ayudas para cursos de formación.
Este miércoles ha insistido en que «los principales ingresos de Soralpe eran los procedentes de la UGT», pero «a lo mejor tiene un cliente más que le venda el agua», ha ironizado a preguntas de la abogada del administrador único de dicha mercantil, el acusado Enrique Emilio Goicoechea, a la que el sindicato cedió el usufructo de las aulas de su propiedad cuyo alquiler luego utilizaba para justificar ayudas ante la Junta de Andalucía.
El curso de maquinista
Los viajes se colaron de refilón de nuevo en el proceso. El abogado del administrador de Viajes Macarena, un proveedor de confianza de la UGT-A, le preguntó por el abono de desplazamientos con cargo a los cursos de formación. El guardia civil que firma los atestados por encargo del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla tira de ironía para responder: «Si hiciera un curso de maquinista, claro que había viajes». El letrado le indica que quien manejaba la documentación en la empresa era el padre del acusado, ya fallecido.
Durante el interrogatorio, el testigo puso de manifiesto que, según se desprende de los correos y las diferentes pruebas incorporadas a las actuaciones, «la sensación que teníamos es que para ser proveedor de la UGT-A tenía que aceptar unos descuentos» (el denominado rappel). La defensa de la empresa Pineda pone sobre la mesa una cifra de descuento: un 10% de lo facturado. El comandante se limitó a reiterar que dicha cantidad entre lo facturado y la compra entregada, que creaba un saldo a favor de UGT, no se declaraba a la Junta de Andalucía cuando presentaba las facturas para justificar los fondos de formación.
En relación a la contratación de la empresa proveedora Chavsa para rehabilitar un edificio de formación en Huelva, el guardia civil dijo el pasado martes que «no encontró las certificaciones de la obra». El abogado del dueño de esta sociedad que vendía mobiliario de oficina a la organización, mostró en la sala el documento sobre diez certificaciones de obra de la citada mercantil. Ante la insistencia del letrado sobre las actividades que ésta desarrollaba, el testigo matiza que en ningún momento comprueba que Chavsa también se dedique a la construcción.
El «problema» de las revelaciones periodísticas
Durante el juicio, el comandante de la UCO reconoció que para él fue «un problema enorme» el goteo de informaciones periodísticas de medios de comunicación -entre ellos, ABC- sobre la supuesta trama de facturas falsas urdidas por el sindicato para financiar sus actividades propias porque «no me deja investigar con tranquilidad y discreción».
El abogado de Karonte Nuevos Desarrollos (KND) SL, empresa a la que UGT encargaba la edición de material didáctico para sus cursos de formación, le preguntó acerca del uso que hizo de esas informaciones en su investigación judicial y la fuente que utilizaban los periodistas. El testigo ha afirmado que ese ruido mediático «no quita» que se tengan en cuenta algunas noticias «que pueden ser relevantes y que hay que comprobar».
El letrado de esta empresa de Jaén le preguntó si le afectaron las informaciones durante las pesquisas policiales, ante lo que el guardia civil asiente y exclama: «¡Yo estoy en este mundo igual que usted. No estoy en Marte! Otra cosa es que me lo crea». El testigo dijo que él siempre comprueba lo que publican los medios porque, de entrada, «no me creo» todo los que se publica.
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