El tribunal que condenó a Chaves y Griñán activa el proceso para ejecutar las penas del caso ERE
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla pide a la Fiscalía y acusaciones que se pronuncien sobre las peticiones de suspensión de la pena de cárcel hasta que se resuelvan los indultos
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE fraudulentos ha puesto en marcha el proceso para que los acusados cumplan la penas, después de que éstas fueran ratificadas por el Tribunal Supremo. Hay 16 ex altos cargos condenados a penas de inhabilitación absoluta y/o prisión por urdir y mantener un sistema «fraudulento» que sin control y durante una década repartió 680 millones de euros en ayudas entre empresas en crisis para garantizar «la paz social» en Andalucía. Griñán, a sus 76 años, se enfrenta a seis años de prisión y su familia ha presentado una petición de indulto parcial ante el Ministerio de Justicia para evitar que entre en la cárcel.
En un auto notificado este martes a las partes, la sala de la Audiencia Provincial de Sevilla indica que la sentencia es ya firme desde su notificación por el Supremo el pasado 14 de septiembre. Por ello ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación ejercida por el PP andaluz (la Junta de Andalucía se retiró del proceso como acusación particular) que se pronuncien acerca de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramitan los indultos presentados ante el Gobierno por el expresidente Griñán y ocho ex altos cargos más, entre los que se encuentran los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, todos ellos condenados a penas de prisión de entre seis y siete años por un delito continuado de malversación de fondos públicos, aparte de otro de prevaricación.
Además, el tribunal pide a la Fiscalía y al letrado del PP andaluz que también informen acerca de las solicitudes de perdón solicitadas por el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exdirector general de Trabajo Juan Márquez Contreras (que vio rebajada su pena a tres años en el Supremo).
En el citado auto, la sala advierte que el artículo 904 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que contra las sentencias dictadas en casacón no se admite recurso alguno. De ello se desprende que la resolución es firme «desde el mismo día en que se dicta, por lo que, de acuerdo con el artículo 988 de la misma norma, procede su ejecución, adoptando las medidas precisas para ello».
En el caso del resto de ex altos cargos socialistas sancionados con una inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación, el tribunal les anuncia que va a enviarles un requerimiento para que cumplan la pena. Esta situación afecta a seis ex altos cargos, entre los que se encuentran Manuel Chaves; el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez.
También están condenados por prevaricación el exconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro; el exdirector general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano, y el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete. Ninguno de ellos habría presentado solicitud de indulto. Contra dicha resolución de la Sección Primera cabe presentar un recurso de súplica en el plazo de tres días contados desde su notificación. Todos ellos serán inhabilitados automáticamente en el momento en que reciban el requerimiento.
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En sus peticiones de indulto, los condenados se han referido a los votos particulares emitidos por las dos magistradas que apoyaron la absolución del delito de malversación en los casos de Griñán; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, y el exdirector general de la agencia IFA/IDEA que pagaba las ayudas irregulares, Miguel Ángel Serrano Aguilar. Estas discrepancias son parte de la munición jurídica que recoge la solicitud presentada por la mujer y un hijo de Griñán para solicitar su indulto. La resolución «no ha superado la exigencia de una convicción del tribunal más allá de la duda razonable», según alegó la familia del expresidente.
En su petición utiliza otros argumentos a su favor como el «anómalo retraso en el dictado de la sentencia» y su «intachable trayectoria» como servidor público. Su familia también se refiere a la «absoluta desproporción» de su condena en comparación «con las penas impuestas a otras personas que, a diferencia de Griñán sí incrementaron su patrimonio en este mismo caso o en otros de similar repercusión». «La sentencia de la Audiencia en esta pieza de los ERE no prueba que se haya lucrado ningún cargo político, más allá del posible enriquecimiento de terceros», en alusión a las empresas beneficiarias de ayudas, apunta.
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