Ocho instituciones contradicen al Tribunal Constitucional en el caso ERE: el reparto de ayudas fue ilegal y un «abuso»

La lista es extensa: el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Consejo Consultivo andaluz, la Intervención General del Estado, los interventores de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Seguros, las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo y, en la jurisdicción penal, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil.

Son decenas de miles de folios recogidos en informes oficiales, atestados, sentencias y resoluciones administrativas, acumulados durante los trece años y medio transcurridos desde que estalló el escándalo, que dicen lo contrario que el bloque de magistrados progresistas, mayoritario en el Tribunal Constitucional (TC). Y también desmontan al PSOE, que ahora niega el fraude tras el desmontaje de las sentencias que ha hecho este tribunal de garantías.

El órgano de garantías presidido por Cándido Conde-Pumpido ha anulado parte de las penas a seis ex altos cargos condenados por prevaricación y malversación con el argumento de que la partida de la que se nutren las ayudas estaba apoyada en las leyes de Presupuestos desde 2002 a 2009, por lo que no puede considerarse ilegal su reparto.

Desde su ámbito de competencia, las citadas instituciones coinciden en que el reparto de fondos públicos se hizo al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido con independencia de que la financiación del programa tuviera asiento en los presupuestos autonómicos que se aprobaban cada año en el Parlamento.

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La opinión es prácticamente unánime. Para el Tribunal de Cuentas es un hecho que no admite duda que el caso ERE dio lugar a «un abuso» por la forma «arbitraria» en la que se repartieron 270 subvenciones entre empresas. En más de una treintena de resoluciones que han emitido tanto el departamento de enjuiciamiento como la sala de justicia de dicho tribunal se condena a devolver a las arcas de la Junta el montante económico recibido con intereses, tras determinar que hubo un menoscabo o quebranto de dinero público.

A diferencia de los tribunales de la jurisdicción penal, el órgano fiscalizador de Madrid pone el listón de la responsabilidad política en los antiguos directores generales de Trabajo, el fallecido Francisco Javier Guerrero (1999-2008), y sus sucesores Juan Márquez Contreras (2008-2010) y Daniel Alberto Rivera (2010-2012). Pero también se dirige contra las empresas y sindicatos que fueron «beneficiarios directos» de las subvenciones, haya o no intrusos en los expedientes financiados por la Administración autonómica. En sus sentencias, los consejeros abundan en una idea: «La calificación de estas ayudas como subvención excepcional dio lugar a un abuso del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión», como revela el hecho de que éstas se concentraran «en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido».

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La Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscalizó 82 de 126 expedientes de ayudas sociolaborales en el año 2012, después de que la juez Mercedes Alaya abriera el caso ERE, estableció que, «con carácter general, hasta el ejercicio 2010 se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto». Añadía: «Ni se ha exigido por la Administración, ni ha quedado acreditado por el beneficiario, el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas, ni la correcta aplicación de los fondos».

La auditoría lanza este reproche, a pesar de que el órgano entonces dominado por los consejeros nombrados a propuesta del PSOE decidió borrar los párrafos en los que se hacía responsable a Griñán, como consejero de Hacienda, por haber consentido los procedimientos de transferencias de financiación en lugar de las clásicas subvenciones excepcionales, facilitando que el dinero se destinara a fines distintos de los presupuestados.

A partir del año 2011, para minimizar los daños producidos por el quebranto de fondos públicos en plena tormenta judicial, el Gobierno de Griñán inició la revisión de oficio de las ayudas distribuidas con cargo a dicho programa presupuestario entre 2000 y 2009. El Consejo Consultivo andaluz emitió hasta 343 dictámenes avalando, en su mayor parte, la nulidad del acto administrativo de concesión de las mismas. Este paso era ineludible para pedir la devolución del dinero irregularmente percibido «al haberse producido una infracción flagrante del procedimiento legalmente establecido», según acreditó en sucesivos informes.

El tsunami judicial del caso ERE ha alcanzado a los jueces de lo Contencioso-Administrativo, que han tenido que resolver los litigios que planteaban las empresas a la Junta para eludir el reintegro de los fondos públicos. Ha habido decenas de sentencias que obligan a los beneficiarios a restituir el dinero entregado tanto en las salas del TSJA como del Supremo.

«Nos encontramos una vez más ante el instrumento empleado por la Junta para dar apariencia de legalidad a una actuación absolutamente irregular de otorgamiento de una ayuda sociolaboral, y eludiendo además los controles de fiscalización de la Intervención de la Junta, al encomendar la materialización del pago al IFA (un ente público externo) con cargo a la partida presupuestaria de la Dirección General de Trabajo», expuso el TSJA en una sentencia de 2015. Sin embargo, declaraba prescrito el derecho de la Junta a recuperar los 1,2 millones concedidos a Aeronáuticas del Sur. El Supremo lo enmendó después y obligó a la compañía a devolver el dinero tras constatar la «grosera omisión» de los trámites elementales que deben seguirse para dar una subvención pública.