La Junta de Andalucía reclama 97 millones en ayudas sin justificar para empresas y autónomos golpeados por la pandemia

A pesar de las medidas paliativas que se pusieron en marcha para aliviar la 'yincana' burocrática, empresas beneficiarias no han justificado correctamente una parte de las ayudas que recibieron durante 2021 para compensar el desplome de ingresos debido al confinamiento. La Administración autonómica ha solicitado la devolución de cerca de 100 millones de euros, según los datos facilitados a ABC por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, actualizados hasta el pasado 29 de noviembre. En concreto, la cantidad no justificada asciende a 97.305.801 euros y en la mayoría de los casos se trata de reintegros parciales de las ayudas distribuidas para el apoyo a la solvencia empresarial y la reducción de la deuda ocasionada por la crisis sanitaria en Andalucía.

Las ayudas variaban desde los 3.000 euros para los autónomos, que tributan en el régimen de módulos, hasta los 200.000 euros para las empresas con perdidas de facturación durante la pandemia.

Desde la citada consejería matizan que el importe no es tan elevado si se compara con el volumen de las ayudas resueltas. Distribuyó 53.728 subvenciones por un montante total de 688.532.858 euros. En su gestión estaban involucradas seis consejerías distintas y diez órganos directivos de la Junta de Andalucía.

De esta cuantía, 440.604.336 euros, que corresponden a 40.854 expedientes, «se encuentran totalmente justificados», precisan desde Empleo. El resto, 12.835 ayudas que representan 244.618.201 euros, contienen algún reintegro. Dentro de dichos expedientes, el dinero sin justificar asciende a 97.305.801 euros. Proporcionalmente, la cuantía pendiente de devolución supone en torno al 14% del grueso total de los fondos repartidos.

En la respuesta por escrito que ha facilitado a este periódico, la Consejería de Empleo hace hincapié en la complejidad de las ayudas, que implicaba la puesta en marcha, concesión y pago de las mismas en un «brevísimo» lapso de tiempo, en apenas seis meses de 2021. Para terminar de complicarlo todo, la Administración tuvo que revisar millones de facturas y documentos a posteriori.

Desde el departamento que dirige Rocío Blanco subrayan el esfuerzo que ha tenido que realizar su equipo para «conseguir no solo que el dinero llegase a sus destinatarios de la forma más rápida y eficaz posible, sino que se cumplieran todos los presupuestos para considerar todos los expedientes debidamente revisados». La consejería insisten en destacar la titánica tarea que ha realizado para tramitar estos fondos del Estado. Asegura que «nunca» ha tenido que gestionar tanto dinero en tan corto tiempo, por lo que el resultado obtenido es, «a grandes rasgos, satisfactorio».

Las devoluciones obedecen a dos motivos. Por un lado, se trata de empresas solicitantes que no reunían las condiciones. Por otro, hay negocios que no cumplieron los compromisos posteriores. El paquete de fondos continúa dando trabajo a la Consejería y a otros órganos gestores, que está dedicados a tramitar los reintegros, más de tres años después de su concesión.

La Junta de Andalucía tuvo que devolver unos 376 millones de euros del montante que le había asignado el Ejecutivo central, 1.109 millones de euros, debido a la falta de solicitudes presentadas por autónomos y pymes afectados por la pandemia. La Junta y la Confederación de Empresarios de Andalucía culparon a los estrictos requisitos que había fijado el Gobierno para acceder a esas subvenciones. Todas las comunidades autónomas, salvo Canarias y Baleares, tuvieron que mandar dinero de vuelta a Madrid por esta razón.

El paquete de ayudas directas a empresas y autónomos, de entre 3.000 y 200.000 euros, fue aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2021, un año después de declararse el estado de alarma por el coronavirus. Con esta inyección económica se procuraba compensar el desplome de la facturación de al menos el 30% respecto al ejercicio 2019 en los sectores más vapuleados por las restricciones sanitarias, como son los negocios de hostelería, fábricas de alimentos, explotaciones agrícolas y pescadores. Los beneficiarios debían estar al corriente de sus pagos con el fisco y la Seguridad Social.

El dinero era finalista. Se tenía que dedicar a abonar facturas y tapar trampas, es decir, deudas de suministros, proveedores y nóminas. Los autónomos que tributan en módulos recibieron una cantidad fija de 3.000 euros. Para el resto, el apoyo financiero podía oscilar entre los 4.000 euros y los 200.000 euros según su tamaño y caída de ingresos.

El plan de apoyo a empresas se topó con obstáculos y críticas desde su génesis. Comunidades como Andalucía se quejaban de la sobrecarga que acarreaba la gestión de estas subvenciones y el hecho de que el diseño de las mismas no hubiera sido pactado con los territorios que iban a tramitarlos.

«Las ayudas conllevan una gestión muy pormenorizada. Aunque se hayan automatizado, requieren un control exhaustivo y es lo que hace que la gestión sea mucho más limpia, controlada y transparente que en anteriores épocas», recuerdan desde Empleo. Esta consejería aún está reclamando subvenciones para cursos de formación que no se habían destinado a los fines previstos y que habían sido concedidas hace más de quince años por distintos gobiernos del PSOE.

En abril de 2021, cuando se puso en marcha el plan de ayudas a la solvencia, la Junta todavía tenía abiertos expedientes de devolución a entidades encargadas de impartir actividades formativas por un importe de 198 millones de euros. En paralelo, los juzgados están instruyendo causas contra ex altos cargos autonómicos y organismos beneficiarios por la posible malversación de parte de aquellos fondos.