Preguntas y respuestas sobre las ayudas directas a empresas afectadas por la pandemia del covid

Los beneficiarios de las ayudas debían destinar el dinero a pagar costes fijos, deudas y proveedores. Se estableció un pago único de 3.000 euros para los beneficiarios en régimen de estimación objetiva en IRPF (coloquialmente, módulos de los autónomos). Por su parte, la cantidad mínima asciende a 4.000 euros con un máximo de 200.000 euros para el resto de los beneficiarios que hayan sufrido una caída de más del 30% en el volumen de operaciones anual declarado en el IVA con respecto al año 2019. Las comunidades autónomas tuvieron que gestionar el programa a contra reloj: antes del 31 de diciembre de 2021. La comprobación y justificación de los pagos debía realizarse antes del primer trimestre de 2023.

El Real Decreto Ley 10/2021, de 1 de junio, regula estas ayudas bajo la fórmula de concurrencia no competitiva. Desde su inicio, las comunidades autónomas pusieron objeciones a los criterios establecidos. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, aseguró entonces que era «un decreto de imposible gestión» debido a las «imprecisiones y vaguedades» que contenía. De entrada, antes de realizar el pago de la ayuda había que gestionar un mínimo de diez comprobaciones previas para fijar la cuantía que corresponde a cada beneficiario y fiscalizar después que el dinero se ha destinado al fin previsto. Para agilizar los trabajos recurrió a la tramitación robotizada.

El Gobierno fijó unos criterios muy estrictos para que las empresas y autónomos pudieran acceder a las ayudas directas. Solo podían recibir subvenciones 95 de las 538 ramas de actividad que hay clasificadas: una quinta parte. En el sector que tuvo más pérdida de facturación, el del comercio al por mayor e intermediarios, se incluyeron diez actividades como tiendas de textil, bebidas o pescado. Se excluyeron otras 45 ramas como las de maquinaria, materiales de construcción, materias primas o muebles. De total de posibles beneficiarios, sólo podían optar a los fondos del Estado los que hubieran conseguido un resultado positivo en 2019. Un requisito que cumplían menos de la mitad. Otra condición es que debían registrar una caída del 30% de sus ingresos en 2020. Las empresas también tenían que estar al día de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y continuar funcionando al menos hasta junio de 2022.

No. El Gobierno central transfirió a la Junta de Andalucía 1.109 millones de euros de ayudas a la solvencia para pequeñas y medianas empresas y autónomos afectadas por la pandemia, pero esos fondos no se agotaron. Una vez finalizado el plazo para pagar esas ayudas, la Junta ha abonado 688 millones, el 60% del dinero disponible, por lo que se ha vio obligada a devolver 376 millones de euros a Madrid. Se reservó unos 66 millones para atender posibles recursos de las empresas. Las causas de la devolución eran los restrictivos requisitos requeridos para acogerse a esas subvenciones a fondo perdido, algo que ha ocurrido en la mayoría de las comunidades autónomas. Sólo Canarias y Baleares repartió todo el fondo que el Estado le había reservado.

La Junta concedió un total de 53.728 ayudas, que sumaron un importe total de 688.532.858 euros. Su gestión involucraba a seis consejerías y diez órganos directivos. De ellas, un total de 40.854 expedientes se encuentra totalmente justificados, que suman un importe de 440.604.336,71 euros. Por tanto, a nivel global, hay 12.835 expedientes con algún tipo de reintegro que corresponden a subvenciones por un montante de 244.618.201 euros. La cantidad no justificada de estos últimos expedientes suma un importe de 97.305.801 euros, que representa un 14 por ciento del total.