La juez requiere ya una fianza de 520.000 euros al exministro Bernat Soria por «defraudar» para eludir una deuda
La magistrada María Núñez Bolaños ha elevado ya la causa al Juzgado de lo Penal de Sevilla que enjuiciará al científico y a sus dos hijas por un delito de alzamiento de bienes
El exministro Bernat Soria se enfrenta a dos años y medio de prisión por donar bienes a sus hijas para eludir deudas
A Bernat Soria Escoms, ministro de Sanidad entre 2007 y 2009, puede salirle cara la donación de todas las propiedades a sus descendientes para eludir el pago de una deuda de 520.000 euros. El que fuera científico de cabecera de la Junta de Andalucía bajo los gobiernos del PSOE y sus dos hijas se van a sentar en el banquillo acusados de un supuesto delito de alzamiento de bienes que los puede llevar a la cárcel.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que ha investigado al fisiólogo de 71 años, ha elevado ya el caso al Juzgado de lo Penal de Sevilla para celebrar la vista oral y, a través de sus representantes legales, han recibido el requerimiento de la magistrada para que tanto Bernat Soria como sus hijas depositen una fianza equivalente al importe de la deuda más los intereses y costas (520.000 euros) «para asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponerles en el juicio.
En el caso de no desembolsen la fianza, «se les embargarán bienes» en la cantidad suficiente para garantizar su abono, según ordenó la juez mediante un auto de apertura de juicio oral dictado el 14 de febrero pasado, contra el que no cabía recurso alguno. Mediante una posterior providencia, el juzgado había solicitado su comparecencia este jueves a las 10.00 horas para recibir la notificación y el requerimiento que, finalmente, ha obtenido por medio de su representación jurídica.
Juez y fiscal creen que «defraudó» para no pagar la deuda
El exministro de José Luis Rodríguez Zapatero, que se hizo un nombre en el mundo de la ciencia como investigador de las células madres para tratar la diabetes, está acusado de cometer una presunta «despatrimonialización fraudulenta» que hizo «inviable la ejecución de una deuda líquida, vencida y exigible» contraída con otro empresario. Corresponde a un préstamo concedido a la empresa de su propiedad Newbiotechnic S.A., que entró en concurso de acreedores en el año 2017.
En su declaración ante la magistrada, Soria negó que se desprendiera de todo su patrimonio, valorado en 1,2 millones de euros, para eludir la deuda que otro juzgado le había condenado a abonar de manera solidaria junto con un antiguo socio. En su descargo, pretextó que los padres que se jubilan suelen donar los bienes a su prole cumpliendo con una tradición arraigada en su pueblo natal, el municipio valenciano de Carlet.
La Fiscalía y el Juzgado no dieron credibilidad a su versión. El ministerio público reclama dos años y medio de prisión para el exministro y sus hijas, una multa de 18 meses «con cuota diaria de 25 euros» por el supuesto delito, así como otra pena de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La acusación particular, ejercida por el administrador de la sociedad Vegetal Green S.L., que había adquirido el derecho de cobro de la deuda, elevó la pena hasta los tres años. Este empresario presentó una querella criminal contra Bernat Soria, tras recibir reiteradas evasivas y falsas promesas de pago que nunca llegaron a materializarse.
Fichaje estelar de María Jesús Montero
Tras cesar como ministro en 2009, Bernat Soria fue fichado por la entonces consejera andaluza de Salud y hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) de la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, cargo que desempeñó entre 2009 y 2019 y por el cobraba el sueldo público más elevado de toda la Administración: 180.000 euros brutos al año.
El anterior Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos lo despidió en mayo de 2019 al descubrir que el científico había estado compaginando sus negocios privados en dos empresas con su contrato público de alta dirección, incumpliendo una cláusula de exclusividad.
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