El incierto futuro de Griñán para evitar la cárcel y otras incógnitas sobre las penas de los ERE
La Audiencia de Sevilla pregunta a la Fiscalía si espera al indulto para enviar al expresidente a la prisión
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha puesto en marcha la cuenta atrás para la entrada en prisión de nueve condenados por un delito continuado de malversación en el caso ERE, entre los que destaca José Antonio Griñán. La familia del expresidente socialista de la Junta de Andalucía había pedido su indulto parcial al Gobierno para evitar que tenga que cumplir la pena de seis años de cárcel. El reloj de la Justicia ha empezado a correr una vez que la sentencia que condenaba a Griñán y al expresidente Manuel Chaves por el sistema «fraudulento» de ayudas ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.
El tribunal que condenó a Chaves y Griñán activa el proceso para ejecutar las penas del caso ERE
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla pide a la Fiscalía y acusaciones que se pronuncien sobre las peticiones de suspensión de la pena de cárcel hasta que se resuelvan los indultos
La sección que dictó la resolución ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular ejercida por el PP andaluz si debe suspender la ejecución de las penas privativas de libertad «mientras se tramitan los indultos» planteados tanto por Griñán como por los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), José Antonio Viera y Antonio Fernández (ambos al frente de Empleo), entre otros. A partir de ahí, hay un reguero de incógnitas: ¿cuándo se decidirá sobre la entrada en prisión de los condenados? ¿hay un plazo para que los fiscales y la acusación remitan sus informes? ¿cuándo empiezan a cumplir sus penas los seis ex altos cargos que, como Chaves, no se enfrentan a penas de prisión sino de inhabilitación?
¿Quién decide sobre la ejecución de las penas?
Empezando por la primera de las preguntas, no hay un plazo estipulado para que la Sección Primera decida sobre la ejecución de las penas. Tampoco lo hay para que la Fiscalía y la acusación adopten una postura al respecto. Además, conviene aclarar que la opinión de la Fiscalía no es vinculante para los magistrados que tienen la capacidad de decidir sobre la ejecución de las penas. No obstante, suele tenerse en consideración.
¿Por qué se les ha condenado?
Tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Supremo determinaron en sus sentencias que la antigua cúpula del Gobierno andaluz creó y mantuvo durante una década (2000-2009) un sistema de concesión de ayudas a empresas en crisis con el objetivo de evitar «todo control administrativo» y disponer de dinero público «de forma discrecional» y «al margen de toda legalidad». La cuantía malversada asciende a casi 680 millones de euros.
¿Los indultos suelen paralizar los castigos?
Los precedentes no son halagüeños para los condenados. Fuentes jurídicas indicaron a ABC que es infrecuente que los tribunales dejen en el aire el cumplimiento de castigos cuando se trata de penas de entre seis o siete años de prisión por la mera solicitud de indultos. La presión se desplaza, pues, al Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha allanado el camino para su concesión al cuestionar abiertamente la sentencia.
¿El Supremo tiene algo que decir?
No. La decisión es exclusiva del tribunal sentenciador, del que sólo queda la magistrada Pilar Llorente. Su compañera, Encarnación Gómez, que formó parte de la sala que dictó la resolución condenatoria, ha dejado la Audiencia Provincial de Sevilla tras haber conseguido una plaza en la Audiencia alicantina, mientras que el ponente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, se jubiló anticipadamente en el año 2021. Sus vacantes han sido cubiertas por los magistrados Patricia Fernández Franco (antigua juez instructora del caso Isofotón) y Enrique García López-Corchado.
¿Qué pasa con los otros recursos y nulidades?
Otro aspecto que llama la atención de las partes es que la Sección Primera sólo tenga en cuenta la variable del indulto a la hora de decidir y no mencione los incidentes de nulidad presentados por los condenados ante el Supremo. Griñán pidió anular la sentencia y reducir la pena a dos años, lo que evitaría su entrada en prisión a sus 76 años al carecer de antecedentes penales.
¿Cuándo estarán inhabilitados Chaves y otros cinco cargos?
Otros seis ex altos cargos socialistas han sido sancionados con una inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. La sala va a enviarles un requerimiento y una vez que lo reciban se empezarán a cumplir la pena. Esta situación afecta a Chaves; al exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez. Ninguno de ellos ha pedido el indulto. Todos ellos están retirados de la política desde el año 2015, en el caso de Chaves y Zarrías, coincidiendo con su imputación por el Tribunal Supremo, mientras que Álvarez dimitió en junio de 2014 como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), cargo que ocupaba desde 2010, forzada por el caso de los ERE fraudulentos
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