Las incautaciones de hachís se desploman en Andalucía al reducirse la presión policial
La Fiscalía Superior de Andalucía alerta de que han bajado más de un 50% en los dos últimos años
Sostiene que no se debe a una reducción de la criminalidad de estas organizaciones sino a que la lucha contra el narco se ha relajado
Las causas por narcotráfico colapsan los juzgados de la provincia de Cádiz
La actividad delictiva de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en Andalucía sigue en ascenso al igual que su escalada de violencia pero la presión policial ha disminuido. La desarticulación de la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur está ... detrás de esta evolución. Ya lo advirtió la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2023 y lo constata ahora la Fiscalía Superior de Andalucía, que dibuja una radiografía de esta lacra en la región que sigue sobrecogiendo y que constata que aún queda mucho trabajo por hacer para combatir a estas poderosas y cada vez más violentas organizaciones criminales.
La Fiscalía andaluza contradice así los argumentos que se vienen dando desde Interior de que la lucha contra el narco no se ha relajado y que desde la desarticulación del OCON-Sur se interviene más hachís en Andalucía.
La detención de Karim El Baqqali el pasado jueves en Barbate, piloto de narcolancha y uno de los narcos más buscados por asesinar brutalmente a dos guardias civiles en el puerto de dicha localidad gaditana, evidencia que la presión policial está funcionando pero también que los narcos están crecidos, por lo la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, apunta a que es necesario intensificarla y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer frente a esta lacra.
Y es que según la citada memoria, la presión policial se ha reducido en la región, lo que ha conllevado a «un descenso significativo» en el número de procedimientos abiertos por narcotráfico «que coincide con el descenso de las aprehensiones por una menor presión policial».
Las cifras no mienten. Según esta memoria, consultada por ABC, las aprehensiones de hachís se han reducido más de un 50% en los últimos dos años en Andalucía. Así lo constatan los datos: 173,1 toneladas de hachís en 2023 frente a las 195,8 de 2022 y las 375,8 de 2021 según los propios datos del Plan Especial de Seguridad ofrecidos por el Ministerio del Interior.
El 34% del hachís intervenido en Andalucía el año pasado lo fue además en la provincia de Cádiz, principal feudo del narco. «Se mantiene la tendencia a descargar esta droga en el Campo de Gibraltar pero también en Málaga y Huelva con 31 toneladas, 22 y 35, respectivamente», se añade en el citado informe, que recoge también que hubo 1.542 detenidos por narcotráfico, 197 embarcaciones y 488 vehículos intervenidos a estas redes.
La Fiscalía concluye que este «descenso significativo» no se debe a «una disminución espontánea de la criminalidad» ya que desvela que los informes de las unidades especializadas en estos delitos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad alertan de que la actividad es elevada y que está compuesta por numerosos grupos cuyos integrante «se exhiben sin pudor».
Además, alerta de que el número de avistamiento de narcolanchas por toda la costa andaluza se ha disparado. En concreto, el año pasado fueron avistadas 471 frente a las 366 del año anterior, incrementándose especialmente en Barbate, Almería y Huelva.
Narcolanchas, cocaína y marihuana
Reclama por tanto que se dote a las Fuerzas de Seguridad de más medios para interceptarlas «porque las narcolanchas campan a sus anchas por todo el litoral andaluz y en la desembocadura del Guadalquivir, actualmente una de las zonas donde están asentados más grupos criminales dedicados al tráfico de hachís y donde almacenar y custodiar la droga una vez desembarcada», apunta.
Pero la entrada de cocaína desde Sudamérica también inquieta, y mucho, a la Fiscalía andaluza, que alerta de un auge de la actividad de estas redes desde principios del año pasado. Las bases de operaciones de estas organizaciones en Andalucía son los puertos de Algeciras y Málaga.
El de Algeciras sigue batiendo récords con más del 50% de la cocaína intervenida en toda Andalucía, 6,1 toneladas por un lado y 15,9 por el Servicio de Vigilancia Aduanera dependiente de la Agencia Tributaria por otro.
En el puerto de Málaga, se alerta de la falta de medidas de control suficiente para interceptar esta mercancía en los contenedores, por lo que la Fiscalía reclama de manera urgente más medios, como un escáner y más efectivos policiales.
Sobre el aumento del cultivo de marihuana y como recogió la Fiscalía General del Estado en su Memoria hace tan sólo unas semanas, denuncia la escalada de violencia de estas organizaciones, fuertemente armadas y muchas de ellas del Este de Europa, sobre todo en Granada y Almería. La ruta africana está siendo también utilizada por estas organizaciones, que aprovechan la logística de los narcos del hachís.
Pero estos criminales se reinventan para seguir ganando dinero y están utilizando la narcolanchas y a sus ávidos y desalmados pilotos para traficar con seres humanos. En Cádiz murieron cuatro inmigrantes al ser obligados a arrojarse al mar. Los tripulantes los dejaron a su suerte para no ser detenidos.
Otro frente abierto sigue siendo el transporte de combustible para estas veloces embarcaciones. Su prohibición en 2018 ha obligado a estas redes a dejarlas en alta mar para no ser interceptadas. Allí pasan días hasta la llegada del cargamento, por lo que sus tripulaciones necesitan víveres y combustible que les llevan en otras embarcaciones en petacas, un transporte peligroso y sobre el que se pide una legislación. Ahora, transportarlas, sean los litros que sean, sólo es considerada una infracción administrativa.
La Fiscalía vuelve a exigir una «respuesta penal» a esta conducta. Advierte de que su almacenamiento y transporte en precarias condiciones supone un grave riesgo para la seguridad y la vida de las personas, por lo que reclama una tipificación penal expresa.
También solicita que las narcolanchas y sus potentes motores puedan ser destruidos una vez se les efectúe la valoración correspondiente para evitar los actuales problemas de falta de espacio para almacenarlas y los constantes robos que se producen. Esta situación se produce, según apunta la Fiscalía, «fundamentalmente por la tardanza en obtener las autorizaciones judiciales de destrucción debido a la saturación de los juzgados que se encargan de estas causas».
Tras este demoledor informe, la Fiscalía de Andalucía propone que se articulen mecanismos que aseguren «certeza jurídica» con relación a los límites de actividades legales e ilegales relativas al cultivo y comercio del cannabis, en concreto que se defina el tipo penal. Igualmente, demanda un aumento de la penalidad de las defraudaciones de fluido eléctrico vinculadas a delitos de tráfico de drogas, castigadas ahora con penas de multa, y que recuerda que no son pagadas por los condenados.
Clama además por un incremento de plantillas, de fiscales y funcionarios de apoyo para articular secciones especializadas. Y otra llamada de atención, no de menor importancia pese a figurar en último lugar en el apartado de conclusiones y propuestas de esta memoria: es necesario potenciar las investigaciones contra el blanqueo de capitales relacionado con el narco.
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