Imputada una jefa actual de Personal en el Servicio Andaluz de Empleo por los enchufes de la Faffe

Rufo Muñoz era adjunta a la Dirección de Desarrollo de Personas de la Faffe cuando el 16 de marzo de 2011, dos meses antes de la extinción de la fundación, recibió un correo electrónico del director de Personal en el que éste le instaba a contratar al hijo de una exdiputada socialista, a la sobrina de una alto cargo de la Junta o a la nuera de la cuñada del ex presidente del Gobierno Felipe González. El mensaje finalizaba con la siguiente orden: «Destruye el correo después de que lo hayas utilizado».

Marián Rufo ocupa en estos momentos un puesto como mando de la Secretaria General de los servicios centrales del SAE en Sevilla, por el que cobra un salario bruto de 44.968 euros al año. Actualmente, está encargada de cuestiones relacionadas con la contratación del personal que presta sus servicios en las oficinas del paro en la comunidad autónoma.

Rufo trabaja precisamente en el servicio del SAE que debe responder a los requerimientos de documentación que ha realizado el juez, que ha pedido los expedientes completos de las contrataciones de diez personas que fueron colocadas en la Faffe, como revelan los correos electrónicos analizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En muchos de ellos ella figura como destinataria. El magistrado José Ignacio Vilaplana ha solicitó también al SAE la «identificación» de los directivos que participaron en las contrataciones.

ABC preguntó a la Consejería de Empleo si va a apartar a esta responsable del SAE a raíz de la investigación abierta por el juzgado, toda vez que está trabajando en el mismo departamento que tiene que enviar la documentación reclamada por el juez. Fuentes de la consejería indicaron que no pueden hacer nada al respecto hasta que no haya una sentencia firme por parte del juez o que el magistrado indique que cautelarmente se inhabilite esa persona, que no es el caso al menos de momento.

En su auto, el juez llega a advertir a la agencia dependiente de la Consejería de Empleo que, en el caso de «no prestar dicha colaboración» al Juzgado en el plazo estipulado, el instructor advierte a los directivos del Servicio Andaluz de Empleo de que «podrán incurrir en un delito de desobediencia y/o denegación de auxilio a la autoridad judicial o en otro delito de usurpación de funciones de atribuciones judiciales».

Rufo formó parte, en nombre de la agencia empleadora, de la comisión que negoció el plan de estabilización de interinos que puso en marcha la agencia pública el 23 de diciembre de 2022. Gracias a este proceso, 521 empleados de la antigua Faffe accedieron un puesto fijo en la Junta de Andalucía. La jefa de Personal no tuvo que pasar por el trámite de un concurso de méritos puesto que había obtenido un contrato como indefinida con anterioridad.

El SAE absorbió a 1.664 trabajadores de la Faffe en mayo de 2011, cuando el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) decidió liquidarla dentro de un plan más amplio que pretendía reordenar la nutrida red de entes instrumentales de la Junta de Andalucía.