El juez investiga 84 enchufes del PSOE en la Faffe con el dinero de los parados

En un auto dictado el pasado 29 de enero, notificado ayer a las partes, el magistrado ahonda en la investigación sobre el supuesto nepotismo reinante en la Faffe. En esta causa se analiza «la posible injustificada [...] contratación de, al menos, 84 personas», que habría sido realizada «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad». También indaga en el «ilícito mantenimiento» de este personal en puestos de trabajo «creados y atribuidos 'ad hoc' para justificar» unos servicios laborales.

En paralelo, el juez amplía las pesquisas sobre la adjudicación contratos a empresas proveedoras saltándose todos los procedimientos legales, amañando concursos y fabricando expedientes con el objetivo de «poder justificar –de forma ficticia– el importe de una subvención recibida».

El instructor cita a declarar «en calidad de investigadas» por supuestos delitos de prevaricación y malversación a 21 personas: 17 antiguos directivos, mandos y técnicos de la extinta fundación pública y cuatro responsables de dos empresas proveedoras: tres de Proyempleo SL y uno de Covarrubias Consultores SL. Entre los investigados que deberán prestar declaración —los próximos días 11, 18 y 25 de marzo y el 1 de abril–, cita al que fuera director general de la Faffe y secretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE andaluz, Fernando Villén Rueda, quien en septiembre de 2023 fue condenado a seis años de prisión por pagar con tarjetas de crédito de la Junta «servicios indeterminados» en burdeles.

La Faffe funcionó como una agencia de colocación para familiares y allegados a cargos del PSOE hasta el día anterior a su disolución en el año 2011. Unas veces los contrataba directamente. Y cuando la entidad pública se les quedó pequeña, empezaron a valerse de empresas externas con el único fin de «contratar a determinadas personas», a veces con escasa cualificación y «sin atender a las necesidades reales de la Administración, ni a los criterios establecidos para estos procedimientos, tales como mérito, capacidad, igualdad y publicidad», detalla el auto.

En uno de los correos analizados por la UCO, que está fechado el 16 de marzo de 2011, el director de Desarrollo de Personal de la Faffe, Antonio Jiménez Cuenca, insta a otra subordinada a contratar al hijo de una exdiputada socialista, a la sobrina de una alto cargo de la Junta o a la nuera de la cuñada del expresidente del Gobierno Felipe González. Este directivo, que también está imputado, menciona en su 'mail' un listado de personas que habría que incorporar cuando está próximo el cierre de la entidad. Por último, exhortaba a la técnica a borrar el mensaje: «Destruye el correo después de que lo hayas utilizado».

Cuando la crisis económica empujaba al paro a miles de andaluces, en la fundación encontraron un empleo público cuatro sobrinos del que fuera delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre 2000 y 2010, Antonio Rivas. Dos de ellos no daban el perfil para ningún puesto pero «tienen que entrar», ordenó el director de Personal en otro correo.

El informe policial menciona varios correos que revelan contrataciones de personal a través de proveedores. Este sistema llegó a ser tan recurrente que entre los mandos de la Faffe a estos 'enchufados' externos se los llamaban coloquialmente los 'outsourcings' o por su abreviatura en inglés, los 'outs'. «Esta contratación habría podido responder a contraprestaciones por la realización de actos que habrían favorecido determinados intereses políticos o personales», señala el juez.

El 20 de julio de 2009, Carmen Lozano Vargas, que dirige el área de Garantías Institucionales en la Faffe, envía un correo a otro mando de Personal. Le emplaza a hablar sobre determinados 'outs' porque «no se me ocurre qué funciones poner a dos de ellas» para justificar los contratos. «Estoy espesita», se sincera.

Todo esto ocurrió sólo unas semanas antes de que el Ejecutivo andaluz de José Antonio Griñán (2009-2013) disolviera la entidad el 29 de abril de 2011, y decidiera integrar a sus 1.664 empleados en la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo, donde la mayoría sigue trabajando.

En su auto de 64 páginas, el instructor libra un oficio a la Dirección General del SAE para que le remita a la «mayor brevedad posible», en un plazo de 30 días naturales como máximo, la «copia íntegra» de los expedientes de contratación de una decena de personas que figuran en los correos electrónicos. La agencia autonómica también deberá facilitar, por mandato judicial, informes sobre los puestos de trabajo que ocupan y las funciones que realizan, «la identidad» de los directivos responsables de la contratación y el total de retribuciones de los colocados.

El juez dirige otro oficio al Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la Tesorería de la Seguridad Social para que le entregue a la UCO, «toda la información laboral» de las diez personas desde el año 2000 hasta la actualidad.