La Guardia Civil señala que UGT aplicó en otras federaciones el método andaluz de financiación con fondos públicos
Una empresa instrumental del sindicato que se financiaba con subvenciones pagó un viaje de Manuel Pastrana a Costa Rica
UGT le cargaba a la Junta de Andalucía el alquiler de aulas para cursos de formación que eran suyas
El sistema que utilizaba la UGT Andalucía para financiarse a través de subvenciones de la Administración autonómica para impartir cursos de formación a parados y trabajadores «no fue exclusivo» de dicha central regional. «Esta forma de actuar se ha repetido en diferentes federaciones y provincias. ... ¿Es un modus operandi propio de la UGT Andalucía? Yo diría que no, pero ofrece una financiación muy importante para esta entidad». Sin que nadie le preguntara expresamente por ello, el comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dirigió la investigación dejó este martes la citada reflexión en el juicio que la Audiencia Provincial de Sevilla celebra desde este lunes contra cinco antiguos miembros de la cúpula regional del sindicato y diez de sus proveedores de referencia.
Todos ellos están acusados como autores o cooperadores de supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental por urdir una presunta trama de facturas falsas para cargar a las ayudas autonómicas los gastos propios de su actividad sindical.
El método de UGT Andalucía sería, en realidad, el método de UGT, dejó entrever el autor de los atestados policiales —tenía rango de capitán cuando los firmó— sobre el presunto desvío de fondos públicos, en el marco de una investigación del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Antes, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto le había lanzado una pregunta directa: «¿La propia UGT era consciente de este fraude?».
El viaje de Pastrana al Caribe
Durante el interrogatorio, se le exhibieron distintos documentos incautados en los registros de las sedes de la central. El investigador de la UCO constató la relevancia de algunas pruebas o «evidencias» incluidas en sus informes, como las referidas al pago de sobresueldos y de desplazamientos de miembros de la ejecutiva regional, algunos tan singulares como un viaje de Manuel Pastrana a Costa Rica. Excluido del proceso porque padece una grave enfermedad degenerativa, Pastrana lideró la organización durante quince años (1998-2013).
La referencia al viaje figura en un correo electrónico que la responsable de compras de la UGT-A y acusada, Dolores Sánchez Montaño, envía a otro trabajador al que da instrucciones precisas sobre cómo computar el «pico» [gasto] del citado viaje. El mensaje fue extraído del disco duro requisado en Soralpe, una sociedad instrumental que la UGT-A utilizaba para gestionar las sedes y aulas donde se impartían cursos.
«¿Tiene justificación que Soralpe le pague un viaje a Costa Rica al señor Pastrana?», le insiste el fiscal. «Yo no puedo decir que Soralpe no pueda pagar el viaje, pero parece que no puede ser su función», contesta sin demasiada convicción el comandante de la UCO. ¿De dónde sale el dinero? Fue la pregunta que quedó en el aire. Más adelante, quedó claro que inevitablemente el viaje se tuvo que abonar con ayudas a la formación. «La única actividad que desarrolla Soralpe es para la UGT-A. Los fondos necesariamente vienen de la formación», especificó el testigo.
«¡Hasta el arreglo de la silla de una señora que se llama Toñi, hasta eso paga la UGT con las subvenciones!», comenta el fiscal en el juicio
El estudio del disco duro de Soralpe guardaba otras esquinas interesantes. El fiscal seleccionó un documento que revelaba el pago de sobresueldos o anticipos de entre 900 y 3.000 euros mensuales a distintos dirigentes de la UGT-A. «Vimos un documento en el que se dice que hay determinadas cantidades que se pagan de manera mensual», confirma el investigador. No le consta que los beneficiarios devolvieran gratificación alguna con posterioridad.
El dinero público destinado a procurar el reciclaje laboral de los desempleados andaluces sirvió para fines de lo más variopinto, según se puso de manifiesto en el juicio. Con él se pagó el alquiler de la caseta de la UGT en la Feria de Abril de Sevilla (2.240 euros), maletines de piel falsificados de la marca Salvador Bachiller para los delegados de un congreso, abanicos paipai para el Día del Orgullo y banderas y pancartas para una huelga, pero también la rehabilitación de un edificio de formación en Huelva que se contrató con una empresa, Chavsa, dedicada no a la construcción, sino a la fabricación de mobiliario de oficinas, proveedor que emite una factura de 1,18 euros en favor del sindicato. «No encontramos las certificaciones de obra. Lo normal es ir haciendo pagos conforme se va desarrollando», precisa el agente.
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«¡Hasta el arreglo de la silla de una señora que se llama Toñi! ¡Hasta eso pagaba la UGT con las subvenciones!», exclama en un momento dado el representante del Ministerio Público, quien intenta indagar en la identidad de la misteriosa señora Toñi sin que el testigo pueda sacarles de dudas.
Un fraude de 40,7 millones de euros
El testimonio del investigador policial se prolongó durante casi cuatro horas. Consumió al completo la segunda jornada del proceso que trata de determinar la responsabilidad penal que tuvieron los acusados de fondos públicos que se cuantificó en 40.750.047,74 euros.
El dinero procede de catorce expedientes de subvenciones concedidas por la Junta entre 2009 y 2011 para realizar más de 2.000 cursos. La Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía reclaman esta cuantía a los acusados, así como a la UGT Andalucía como responsable civil subsidiaria.
«No estudio la contabilidad nunca porque parto de la base de que es mentira», asegura el comandante de la UCO en su interrogatorio
En el banquillo se sientan el exsecretario regional Francisco Fernández Sevilla; el exsecretario de Administración Federico Fresneda; la anterior secretaria de Gestión Económica, María Charpín, y el exconsejero delegado de la empresa satélite Soralpe, Enrique Emilio Goicoechea, entre otros.
El mando de la UCO ilustró sobre los tres mecanismos que emplea la organización para justificar ayudas irregularmente: el «bote», el rappel y los auto alquileres de aulas. El «bote», como lo denomina el propio sistema informático que usaba la UGT-A para controlar la doble contabilidad, era el saldo que se generaba a su favor entre lo que realmente compraba y lo que facturaba. «Si, por ejemplo, emito una factura por 100.000 euros y el material entregado [por el proveedor] vale 60.000, queda un saldo a favor de 40.000 euros» que se quedaría la organización, explica.
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El rappel era el descuento que se obtenía por un elevado volumen de contratación a cada proveedor, que llegó a ser hasta del 20% de lo facturado, se le abonaba luego a la UGT con dinero en metálico.
Por último, el sindicato emitía facturas a través de sociedades instrumentales para alquilarse a sí misma aulas de su propiedad y hacerlas pasar por gastos elegibles ante la Junta.
El guardia civil puntualizó que no analizó la contabilidad de la UGT ni de ninguna de sus entidades. «No la estudio nunca porque parto de la base de que es mentira», sentenció.
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