El tribunal rechaza que Juanma Moreno declare en el juicio sobre la financiación irregular de UGT Andalucía

La organización había solicitado la comparecencia de actual mandatario andaluz para explicar el acuerdo que el Gobierno de la Junta de Andalucía alcanzó en diciembre de 2022 con la UGT-A por el que se comprometía a devolver a plazos y durante 25 años las subvenciones que la Administración autonómica le reclama desde el año 2013 porque considera que no estaban correctamente justificadas. Desde el Gobierno autonómico se estimó dicha devolución en 36 millones de euros. Pero la UGT-A, según el escrito presentado por su abogado, eleva esa cifra hasta cerca de 70 millones de euros.

«No se estima la prueba testifical y documental solicitada con carácter subsidiario por la defensa de UGT, por considerarla innecesaria para la resolución de esta causa y porque el acuerdo no se niega», recoge al respecto un auto dictado por el tribunal este martes, facilitado por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que resuelve las cuestiones previas planteadas por las distintas partes del proceso.

En la sesión de cuestiones previas desarrollada el pasado lunes, Calero pidió que se excluyera de la responsabilidad civil subsidiaria a la UGT-A, tal y como plantean la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la acusación popular ejercida por el PP regional, puesto que ya existe «un acuerdo de voluntades» para la «satisfacción extraprocesal» de casi 70 millones correspondientes a subvenciones concedidas por la Junta entre 2008 y 2018 y cuya devolución solicita. El sindicato pleitea con la Administración autonómica en la vía contencioso-administrativa para esquivar el pago de estos fondos al estar en desacuerdo con los reintegros requeridos.

«La finalidad del acuerdo impide pensar que hubiesen quedado pendientes 40 millones», ha explicado José María Calero. De haber sido así, «la UGT Andalucía no habría firmado» el citado convenio con la Junta de Andalucía, que le ha permitido no declararse en concurso de acreedores. «La UGT estaba abocada a la extinción si no se tomaba una decisión», recalcó en la sala.

En este contexto, el letrado del sindicato, llamado al proceso como responsable civil subsidiario, había pedido el testimonio de Juanma Moreno y aportado como documentación la copia de dicho acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz.

Blandiendo este convenio, la UGT Andalucía había solicitado dejar sin efecto la indemnización que le reclaman la Junta de Andalucía y la Fiscalía. En su auto, el tribunal pospone a la emisión de la sentencia su decisión sobre la «repercusión» o no en esta causa de la condena impuesta al extrabajador de UGT-A Roberto Alejandro Macías Chaves; así como sobre el alegado «proceso inquisitorial» o sobre la posible nulidad de los autos de intervención telefónica, entradas y registros y grabación de conversaciones, por una supuesta «falta de motivación y proporcionalidad».

La Fiscalía Anticorrupción, que acusó al sindicato de «institucionalizar el fraude», rechazó renunciar a su petición de responsabilidad civil subsidiaria al sindicato porque «una cosa es el fraude y otra cosa es la responsabilidad administrativa». Además, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha dicho que «es falso que la UGT-A quiera pagar» puesto que «sigue peleando» y pleiteando con la Junta de Andalucía para no abonar los reintegros que la Administración les reclama.

El letrado que ejerce la acusación en representación de la Junta, también se opuso a retirar las acciones civiles contra el sindicato porque «ese acuerdo [de pago] para nada viene a sustituir la acción derivada de un delito», como fue el «uso fraudulento» de fondos públicos. Por último, dicho abogado autonómico había criticado la petición de José María Calero para que testifique en el juicio el presidente andaluz asegurando que «busca solo el morbo mediático».