La Guardia Civil constata que UGT Andalucía pagaba sobresueldos y viajes al Caribe de sus cargos con fondos de formación
El sindicato abonó un viaje de su exsecretario general Manuel Pastrana a Costa Rica a través de una empresa instrumental que se financiaba con fondos públicos de la Junta de Andalucía
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La Guardia Civil ha confirmado este martes en el juicio contra la antigua cúpula de la UGT Andalucía por supuesta financiación irregular que el sindicato pagaba sobresueldos mensuales y viajes a miembros de la Ejecutiva Regional con subvenciones que le concedía la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación a desempleados y trabajadores de la comunidad autónoma con más parados de España.
El supuesto fraude, que se ha cuantificado en 40,75 millones de euros, ha sentado en el banquillo de los acusados ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín, la exresponsable de Compras Dolores Sánchez Montaño y el delegado de Soralpe I Más P Asociados, Enrique Goicoechea, además de los administradores de diez empresas proveedoras que se prestaban supuestamente a elaborar facturas falsas por compras y servicios que luego endosaba a las ayudas.
En la segunda jornada del juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha testificado el entonces capitán de la Guardia Civil (hoy comandante) que desarrolló la investigación del supuesto desvío de fondos públicos por parte de dirigentes de la UGT-A a instancias del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.
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El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha preguntado al testigo de la Benemérita si le constaba que si Soralpe, empresa instrumental de la UGT Andalucía dedicada a desarrollar actividades formativas y financiada con las subvenciones de la Junta, pagaba «sobresueldos» a cargos del sindicato, tras exhibir en la sala un comprometedor documento incorporado en el atestado policial que así lo revela.
«Vimos un documento en el que se dice que hay determinadas cantidades que se pagan de manera mensual», confirma el investigador policial, que detalla que las cuantías abonadas varían entre los 900 y 3.000 euros al mes. A la Guardia Civil no le consta que dichos anticipos o sobresueldos se hayan devuelto por parte de Federico Fresneda o de otros antiguos miembros de la Ejecutiva Regional de la UGT-A como la entonces secretaria de Empleo y Formación, Pepa Castillejo. El testigo no encuentra explicación a dichos pagos a través de una empresa que «no tenía otros ingresos» que no fueran las ayudas para cursos que le transfería la propia organización sindical.
Viaje a Costa Rica de Pastrana
Durante el interrogatorio, que se ha prolongado durante más de dos horas y media, el fiscal exhibió un correo electrónico que Dolores Sánchez Montaño, responsable de compras del sindicato, envía a otro empleado, Francisco Mateos, en la que da una serie de instrucciones sobre la manera de justificar un viaje que realiza el entonces secretario general de la UGT Andalucía, Manuel Pastrana, a Costa Rica, así como otros viajes de otro mando sindical a Dublín, que se habrían financiado supuestamente con ayudas para cursos de formación.
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El fiscal insiste: «¿Tiene justificación que Soralpe le pague un viaje a Costa Rica al señor Pastrana?».
El guardia civil responde: «Existía una contradicción en la administración de actividades de esta empresa. Yo no puedo decir que Soralpe no pueda pagar ese viaje, parece que no puede ser su función». Con posterioridad, recalca que «la única actividad que desarrolla Soralpe es para la UGT», por lo que «los fondos necesariamente vienen de la formación».
Autoalquiler de aulas para justificar facturas
En la segunda sesión del juicio donde se juzga a los acusados por delitos continuados de fraude en subvenciones y falsedad documental, la Guardia Civil confirma que la UGT-A utilizaba otros «artificios» para justificar facturas ante la Junta como «simular» aulas propiedad del sindicato cuyo usufructo cedía gratuitamente a Soralpe y esta a su vez se los alquilaba al IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales), una fundación perteneciente a la propia UGT-A, que era la que emitía las facturas para endosarlas a las ayudas.
En el interrogatorio pone de manifiesto que hay facturas que emite Soralpe al IFES en las que «no aparece el concepto» ni el local que se alquila para impartir cursos. El importe de estas facturas ascendía a 380.000 euros en el año 2009, especifica el fiscal. En ocasiones el mismo local «se estaba alquilando dos veces», prosigue el representante del Ministerio Público, doble facturación que se cargaba a las subvenciones.
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