El abogado del extesorero de UGT Andalucía llama «inquisidora» a la juez Alaya en el juicio por defraudar 40,7 millones de dinero público

Su letrado pide anular el proceso por utilizar pruebas «sustraídas» por un antiguo empleado del sindicato llevado por «el odio»

El «bote» de facturas falsas de la UGT Andalucía sienta en el banquillo a la vieja cúpula del sindicato

Francisco Fernández Sevilla, exlíder de la UGT-A al fondo en el juicio. Al lado, Federico Fresneda raúl doblado

Sevilla

29/01/2024
Actualizado a las 13:21h.

Cinco exdirigentes de la UGT Andalucía se sientan desde este lunes en el banquillo de los acusados en un juicio que realiza la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla para determinar la supuesta financiación irregular del sindicato haciendo uso de un montante total de 40,7 millones de euros obtenidos a través de las subvenciones que la Junta de Andalucía le concedió entre 2009 y 2011 para impartir cursos de formación a parados y trabajadores.

En la sesión preliminar del proceso, dedicada a las cuestiones previas que plantean las partes y que pueden afectar al fondo del proceso, el abogado del ex secretario de Administración y Finanzas y ex tesorero de la UGT Andalucía, Federico Fresneda, ha pedido la nulidad de toda la investigación apelando a que se han vulnerado derechos fundamentales de su defendido en un «proceso inquisitorial» que no ha respetado su presunción de inocencia. Ha añadido que el sumario se sustenta sobre documentación interna del sindicato obtenida «ilícitamente» por un antiguo trabajador que había sido despedido y está condenado por revelación de secretos.

La mayoría de las defensas de los acusados, cinco exdirigentes de la UGT-A y diez administradores de empresas proveedoras, han esgrimido que las pruebas habían sido robadas para tratar de invalidar el proceso por el que se enfrentan a penas de entre cinco y siete años de prisión los miembros de la antigua cúpula del sindicato. También han tratado de desmontar el proceso asegurando que las detenciones de los principales investigados llevadas a cabo en 2013 y 2014 fueron «ilegales» porque carecieron de las mínimas garantías procesales.

Durante una intervención que ha durado más de una hora, el letrado Luis López de Castro, que defiende a Federico Fresneda, ha encendido el ventilador para disparar en todas las direcciones. Así, ha recriminado a los medios de comunicación que abrieran un juicio «paralelo» aireando informaciones filtradas por el antiguo empleado de la UGT-A. También ha lanzado duros reproches contra la juez que inició la instrucción, Mercedes Alaya, que ordenó los registros de las sedes sindicales y de sus proveedores de confianza en 2013, diez de los cuales también están acusados, y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por los pinchazos telefónicos y registros domiciliarios.

El representante legal de Fresneda focalizó, además, sus críticas en el empleado despedido de la UGT-A Roberto Macías, que fue condenado por otro juzgado a un año de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar a medios de comunicación «información reservada y sensible» de la trama de las presuntas «facturas simuladas» de la organización sindical. «La filtración de documentación ha servido para acusar en la presente causa a mi mandante», ha lamentado.

La Fiscalía Anticorrupción pide para los principales acusados 26 años de prisión en total por delitos continuados de fraude en subvenciones y de falsedad documental y una multa que asciende en total a 200 millones de euros. Los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de la UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de la UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Tiempo atrás, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», así como con relación a otras siete personas.

La defensa del extesorero ha abundado en la idea de que las pruebas documentales contra él «tienen un origen ilícito», por lo que han de «descartadas», apelando a jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, ha explicado que el exempleado de UGT «filtró» a los medios de comunicación documentación «sustraída» de un disco duro del sindicato para «hacer daño a la UGT» llevado por un «acto de pura venganza y odio pero seguramente de mucha rentabilidad para él», dado que estaba siendo investigado por revelación de secretos por otro juzgado.

Para el abogado, Macías urdió su plan «en connivencia con el sindicato Manos Limpias, que han resultado no ser tan limpias, y de los medios de comunicación», a los que reprocha que ejercieron una elevada «presión» con sus informaciones que propició la investigación judicial y de la UCO. La Prensa, asegura, abrió un «juicio paralelo» contra el sindicato publicando un goteo noticias que generaban un «verdadero escándalo».

El comentario de Carmen Castilla sobre Susana Díaz

Durante la vista oral, el letrado de Fresneda, que se enfrenta a una petición de siete años de prisión, ha llegado a criticar que la UCO hiciera intervenciones telefónicas de su defendido «tan inverosímiles como erróneas». En dos ocasiones, López de Castro ha mencionado en el juicio que la Guardia Civil reprodujera conversaciones «sin relación» con los hechos. Puso como ejemplo la charla que Carmen Castilla, recién elegida secretaria general de la UGT-A y actual diputada del PSOE por Sevilla, mantuvo tras su designación en enero de 2014 con el acusado y antecesor en el cargo, Francisco Fernández Sevilla, en la que ésta realiza comentarios «con respecto a la anterior presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz», detalla.

«Me comparan con Susana Díaz. Tiene cojones, con lo fea que es...», recogían aquellas grabaciones en boca de Castilla cuando Fernández Sevilla la llamó por su nuevo cargo, frases que ha recordado el letrado de Fresneda en la sesión.

Ataques a la juez Mercedes Alaya

En el juicio iniciado este lunes, López de Castro arremetió contra Mercedes Alaya, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla (hoy magistrada de la Audiencia de Sevilla) por abrir un proceso «inquisitorial» que violó el derecho de presunción de inocencia de su defendido. Para este letrado, la investigación bajo secreto sumarial emprendida por Alaya fue «ilimitada, desproporcionada, exagerada, viciada y bajo un secreto de sumario injustificado».

La juez incoó estas pesquisas como una pieza separada de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos y las ayudas arbitrarias a empresas y trató de «acaparar» las grandes causas de corrupción política en Andalucía. Al mismo tiempo, se llevaba a cabo «un juicio paralelo» en los medios de comunicación que dejó a los acusados en una situación de plena «indefensión», apostilló.

Pocos meses después, se hizo cargo de las pesquisas el juez de Instrucción número 9 de Sevilla Juan Jesús García Vélez, al estimarse que dichas investigaciones no estaban interconectadas, y fue este quien dictó en 2020 el auto de apertura de juicio oral contra 15 acusados por desviar supuestamente 40,75 millones de euros de fondos públicos.

Registros policiales y pinchazos telefónicos

López de Castro ha cuestionado también los registros domiciliarios autorizados en diciembre de 2013 por Mercedes Alaya y, en junio de 2014, por el juez García Vélez de los domicilios de los encausados y las instalaciones de las empresas proveedoras porque, a su juicio, carecían de «justificación suficiente» y de la necesaria audiencia al Ministerio Fiscal. También considera «desproporcionada» la intervención de los teléfonos móviles y la detención de los inculpados en el marco de la operación 'Cirene'.

Por todo ello, el abogado de Federico Fresneda concluye que hubo una «instrucción inquisitorial», que ha supuesto la «vulneración de derechos fundamentales», planteamiento a la que se han adherido las defensas de la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; y la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez.