Cuatro menores sufren a diario abusos sexuales en Andalucía

Andalucía es pionera en la atención de estos menores víctimas de violencia sexual al aplicar el modelo Barnahus, una palabra islandesa que significa 'Casa de los niños' y que alude a un modelo de atención integral europeo. El objetivo es que todos los estamentos y profesionales implicados (sanitarios, servicios sociales, jueces, fiscales y abogados) los atiendan bajo el mismo techo y evitar que tengan que contar lo mismo una y otra vez, con ela revictimización que eso supone.

Físicamente se trata de un espacio alejado de comisarías, juzgados y hospitales, un entorno amigable con decoración adaptada a estas edades y profesionales especializados en la materia. Según Save The Children, su efectividad está basada en la evidencia. «Múltiples estudios han demostrado que este modelo ayuda a reducir la victimización secundaria y mejora el trato hacia el niño y su familia. En Islandia, desde su implementación, el número de casos en los que el agresor ha sido acusado se ha triplicado», asegura.

En España, una vez que el niño explica a alguien de su entorno los abusos sexuales que está sufriendo, el recorrido a seguir es complejo. Debe pasar por cuatro servicios diferentes no coordinados entre sí donde tiene que explicar una y otra vez su historia: policía, hospitales, servicios de protección y juzgados. Esto dificulta su recuperación y perjudica el proceso judicial ya que no se cuida su testimonio. El resultado, según Save the Children, es que siete de cada diez casos abiertos por abuso sexual infantil no llegan a juicio por falta de pruebas.

En Andalucía esto ya no ocurre. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad cuenta con un programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual, a partir de tres años de edad, que ha adaptado el modelo Barnahus y que ofrece una intervención integral.

Por un lado, la evaluación y diagnóstico de menores posibles víctimas de violencia sexual para verificar o descartar la existencia de la misma a través de la evaluación psicológica, social y familiar. Por otro, el tratamiento psicosocial, fijándose sus objetivos terapéuticos a partir del informe de resultados de la evaluación y diagnóstico o en base a la propuesta motivada de tratamiento planteada en otros informes técnicos, si se valora esta intervención como la más adecuada. Está dirigido a la superación de secuelas y trastornos psicológicos provocados por el abuso sufrido por el menor.

Este servicio también ofrece asesoramiento jurídico, preparación y acompañamiento a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias, en su caso, en relación a los procesos judiciales.

En 2022 fueron atendidos con este programa en Andalucía 927 menores, lo que supone un descenso del 0,75% respecto 2021, cuando fueron 934. No obstante desde la Consejería se aclara que las derivaciones recepcionadas en los servicios de prevención provinciales son superiores porque en algunas hay listas de espera «al no poder abordar la entrada de menores de nueva derivación dado el volumen de casos abiertos». Hablamos, en todos ellos, de supuestos abusos sexuales.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, destaca la eficacia de este programa: «Andalucía es un referente en evaluación, diagnóstico y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual y, de hecho, este programa que presta la comunidad está reconocido como ejemplo de buenas prácticas».

«Desde su puesta en marcha hemos atendido a más de 20.000 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, unas cifras que reflejan la relevancia de este programa y que, sobre todo, nos deben hacer reflexionar como sociedad», explica a ABC.

Francisco Mena es presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, que en los años que lleva trabajando en esta materia, ha evaluado y tratado a 6.000 menores víctimas de abusos y agresiones sexuales en Andalucía. Acumula más de 800 pruebas preconstituidas bajo este modelo islandés. «El menor ofrece su testimonio en presencia de todos los actores implicados: juez, fiscal, abogado, servicios sociales y de menores, psicólogos… Esta declaración pasa ser una prueba preconstituida válida para el procedimiento judicial y la víctima no tiene que volver a recrear lo sufrido una y otra vez. Tras esa declaración tratamos a la víctima. El tratamiento es tan importante como evaluar el abuso para que no le queden secuelas», explica.

La Fundación Márgenes y Vínculos dispone de espacios Barnahus en Cádiz y próximamente en Málaga a través de un convenio con la Junta. También lo desarrolla en otras comunidades, como Extremadura y Canarias. Francisco Mena destaca que Andalucía ha sido pionera en aplicar este modelo: «Andalucía está muy avanzada. Es, junto a País Vasco, la que antes empezó con la prueba preconstituida. No ocurre lo mismo con otras regiones, que están a años luz», sentencia.