Así es la trama del amaño de contratos para obras en los cuarteles de la Guardia Civil en Córdoba

Dos meses atrás, el 10 de enero la Fiscalía de Córdoba presentaba en el Juzgado de Instrucción 6 de Córdoba una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho. Asuntos Internos previamente había tomado recibido la denuncia de un sargento y ordenaba la detención en la propia sede de la Guardia Civil del presunto cabecilla de la trama -el sargento encargado de sacar adelante las obras de reforma de las propias dependencias del Instituto Armado- y de seis empresarios más.

Noticia Relacionada

Investigados un guardia civil, cinco empresarios y un empleado por un presunto caso de amaño de contratos

Pilar García-Baquero

Los siete detenidos, acusados de cohecho, falsedad documental y prevaricar, ya han declarado en el Instituto Armado

Después de prestar declaración en la Comandancia los siete detenidos quedaron en libertad con cargos a la espera de ser llamados a declarar en sede judicial. El suboficial investigado estaba al frente del área de recursos materiales de la Comandancia de la Guardia Civil, miembro del órgano de contratación, y el encargado de efectuar los trámites iniciales de los expedientes de los contratos, seleccionando y enviando las invitaciones para participar en dicho proceso a cambio de contraprestaciones.

En tela de juicio, la adjudicación de contratos por valor de 1,25 millones de euros por parte de este suboficial de la Guardia Civil a un entramado de tres grupos empresariales, todos con relaciones familiares entre sí, donde hay parejas sentimentales y 'cuañados' que se repartieron esa tarta presupuestaria esquivando la competencia, y casi a dedo, desde enero de 2022 hasta enero de este mismo año.

La investigación a cargo del Juzgado de Instrucción 6 de Córdoba concluía en su último auto que este suboficial «en un más que ajustado margen de tiempo celebró múltiples contratos menores fraccionando con ello el objeto del contrato y obviando la planificación una vez recibida la dotación presupuestaria para tal fin».

Este mando investigado por prevaricación convirtió, en palabras de la propia jueza instructora «en un clásico» la invitación a estos concursos de las empresas vinculadas entre sí, a sabiendas de que lo estaban. Además, en un espacio corto de tiempo, apunta la jueza instructora, «celebró múltiples concursos fraccionando el objeto del contrato y obviando la planificación, una vez recibida la dotación presupuestaria para tal fin».

A cambio de todas estas artimañas, el suboficial investigado habría recibido -al menos que se conozca hasta el momento porque se investiga su patrimonio- «patrocinios» a la asociación ornitológica que presidía este mismo suboficial.

La denuncia de la Fiscalía recogida por la jueza instructora en este auto afirma que hay tres grupos empresariales «favorecidos» por este suboficial. Sólo uno de estos entramados facturó más de 519.000 euros fundamentalmente entre los años 2017 y 2024. Este grupo de empresas localizado en una barriada periférica de la capital cordobesa estaba compuesto por cuatro sociedades, una la más importante, y las demás a nombre de la pareja sentimental del administrador de la primera; las otras dos estaban bajo el nombre de los hermanos de su pareja sentimental, o sea cuñados del principal empresario al que se le adjudicaban más de un tercio de las obras.

Este primer entramado de empresas que optan sin competencia a estos contratos públicos fue el adjudicatario del 46,43 por ciento de los 28 contratos menores investigados en 2022, que ascienden a un total de 340.580 euros lo que representa un 65,30 por ciento del importe total de adjudicaciones. No pasaron todos estos contratos presuntamente amañados desapercibidos por los órganos de inspección e intervención sino que la Intervención Territorial Delegada en Córdoba llegó a formular hasta dos reparos a sendos expedientes de contratación menor, apreciándose en ambos fraccionamiento del contrato.

Noticia Relacionada

Hallan una carabina y una pistola táser en los registros del caso

Isabel Vega

El primero de estos requerimientos se refería al contrato para la rehabilitación y acondicionamiento de las dependencias oficiales USECIC de la Comandancia de Córdoba, rubricado por el coronel jefe entonces. A simple vista, según la denuncia, «aparenta ser un ejercicio de competencia entre tres empresas de este primer grupo, pero la realidad revela que se trata de tres familiares directos, el administrador de la principal empresa y los los dos hermanos de su mujer al frente de las otras dos restantes».

En este caso, tras la invitación por parte de la Comandancia de la Guardia Civil a estas empresas el 7 de diciembre de 2022 la intervención rechazó su contabilización tras emitir reparo y se devuelve por fraccionamiento del contrato. Meses antes, en agosto de ese mismo año, se había realizado una obra en la misma instalación de la Comandancia lo que habría llevado a sospechar a Intervención y elevar ese reparo.

En otros expedientes analizados, de igual modo, acceden a contratos aparentando esa competencia pero los concurrentes son familiares directos del empresario eje del entramado. A todo esto, los investigadores han detectado en los tres presupuestos emitidos, que «muestran una similitud en cuanto a su forma verdaderamente significativa, con la misma estructura».

Otro de los datos que se aportan a la causa para revelar esta connivencia es el hecho que el correo electrónico facilitado al Ayuntamiento de Córdoba para satisfacer los gastos de licencia urbanística de la empresa del cabecilla investigado era el mismo que el de la sociedad a nombre de su cuñada y que concurría a los contratos.

Asuntos Internos había detectado también, según este auto, que las ofertas que presentaban a la Comandancia se confeccionaban desde el mismo terminal informático y con escasos minutos de diferencia.

El segundo grupo de empresas, giraban también en torno a un empresario, autónomo, y a su vez administrador único de varias sociedades. En este caso, se presentaban distintas empresas a concurso aparentemente independientes pero todas ellas bajo la dirección de la misma persona física. que habrían «monopolizado» gran parte de las compras públicas de la Comandancia de Córdoba, por ejemplo, de dotación de enseres de cafetería. Esas empresas llegan a presentarse a 13 licitaciones en cinco expedientes de contratación diferentes.

Noticia Relacionada

La Guardia Civil desmantela desde Córdoba un operativo de estafa 'online' en la compra de coches de segunda mano

S. L.

Los dos detenidos, de nacionalidad extranjera, usaban documentación falsa de contratos y para crear cuentas donde recibían los ingresos

Las tres empresas que se presentaban formaban parte del mismo grupo empresarial con un mismo administrador. En este punto, el dueño de estas sociedades consta que colaboró con la asociación ornitológica de la que era presidente el suboficial de contrataciones de la Comandancia investigado porque aparece su empresa como colaboradora en el cartel de un concurso-exposición de esa asociación. En el auto de la jueza instructora del caso, al que ha tenido acceso ABC, ordenaba esa entrada y registro después de argumentar en un auto de más 20 páginas la necesidad de llevar a cabo estas medidas extraordinarias por la gravedad de los hechos a los que se enfrenta en esta investigación.

La jueza insiste en esta orden de entrada y registro al entender que no se trata de «una mera sospecha, sino ante la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa, un delito de malversación de caudales públicos, y uno de cohecho tal y como se deduce del atestado inicial, análisis de la documentación aportada...».

En relación a la gravedad y trascendencia social de los hechos delictivos denunciados, la jueza instructora abunda en que, «puede reseñarse que nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en vulneradores de una legalidad de la que ellos mismos deberían ser los primeros custodios».

De esta forma, argumenta la juez, «la necesidad de los registros en sus domicilios (13 en total) que «no pueden considerarse como medida desproporcionada la injerencia en la intimidad personal, siendo el bien jurídico que se pretende proteger la Administración Pública, así como un buen uso de los caudales públicos buscando una neutralidad en la adjudicación de los contratos evitando la asignación de los mismos a determinadas empresas o personas jurídicas en función de los intereses particulares de los responsables del procedimiento».

Esta medida se considera, a juicio de la instructora, «necesaria» ya que «supuestamente se utiliza el ámbito domiciliario y laboral para desde su protección desarrollar una actividad criminal que para su definitiva constatación requiere la captación de pruebas directas (delito) e indicios claros de su existencia y procedencia ilícita (...). Y para detectar si experimentaron un incremento patrimonial». Tres grupos de empresas investigadas monopolizaban los contratos de obras y las compras públicas en 2022.