Abastecimiento
La Junta afea al PSOE su «cinismo» ante las críticas a su gestión en la crisis del agua del Norte de Córdoba
Adolfo Molina recuerda que no habría problema si se hubiera terminado la conexión La Colada-Sierra Boyera hace quince años
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La crisis del agua en el Norte de la provincia de Córdoba, que se prolonga durante casi ocho meses, ha pasado ya a la descarnada confrontación política en las últimas horas. Después de que el PSOE, a través de su secretaria general y diputada, Rafaela Crespín, decidiera unirse a la plataforma Unidos por el Agua y cargar contra la Junta, la Administración autonómica ha reaccionado.
Así, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, aseguró que «del cinismo del PSOE se puede esperar cualquier cosa». La situación que ahora se vive en el Norte de Córdoba tiene para él un responsable, y es «el partido que gestionaba la Junta de Andalucía hace quince años, y que decidió dejar parada la conexión de La Colada y Sierra Boyera». Es decir, el PSOE.
Era un trabajo que tendría que haber servido para garantizar el abastecimiento de agua en situaciones de sequía, como la actual, pero al no haberse hecho La Colada se convirtió en «una piscina gigante de agua que no se renovaba», y que terminó con el crecimiento de las algas que elevaron el carbono orgánico total.
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El Gobierno popular de la Junta de Andalucía ha retomado las obras, por más de 11 millones de euros. A pesar de que «las competencias del agua son del Estado, de las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana», y no corresponden a la Junta, «salió al auxilio de la Administración local».
Por eso realiza las obras de potabilización del agua de Sierra Boyera, en colaboración con la Diputación Provincial de Córdoba. Adolfo Molina insistió en reclamar la solución de la conexión entre Sierra Boyera y Puente Nuevo, antes defendida por el PSOE.
«Hay agua, que tenemos que potabilizar, porque al no estar las conexiones del embalse de La Colada, la que allí había no se puede beber», resaltó el delegado del Gobierno autonómico, que insistió en realizar obras que alivien situaciones de sequía como la actual.
Sus declaraciones eran respuesta a las de la diputada y secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafaela Crespín, que aseguró que el problema del agua es algo que «debiera estar resuelto ya por parte de la administración competente, que es la Junta de Andalucía, y que refleja la dejadez del Gobierno andaluz de Moreno Bonilla en un asunto tan vital como es tener acceso al agua potable».
Denuncia de IU
A la polémica se suma Izquierda Unida, también atacando al Gobierno andaluz. La dirección provincial anunció este lunes su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía por «prevaricación ambiental», en respuesta al reciente convenio entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.
La coalición aseguró que la reciente firma del convenio es una «farsa y una vergüenza», con pruebas «tangibles» de agua claramente contaminada en el norte de la provincia. IU reveló el supuesto plan del Gobierno andaluz de mezclar un 60% de agua potable con un 40% de agua «potencialmente tóxica».
Este plan «pone en peligro la salud pública y evidencia la falta de inversión en una nueva potabilizadora de última generación para abordar la contaminación real del embalse de La Colada».
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