tribunales
La investigación del caso de los amaños de contratos en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba se prorroga seis meses más
La jueza titular de Instrucción número 6 admite a petición de la Fiscalía ampliar seis meses más la investigación del caso
El coronel Carretero declara ante la jueza por los amaños de contratos en las obras de la Comandancia de la Guardia Civil
El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha acordado en un auto prorrogar la investigación del caso del supuesto amaño de contratos de obras en distintos cuarteles de la Guardia Civil en Córdoba a petición de la Fiscalía en esta causa que mantiene ... a diez personas investigadas, entre ellas al coronel y exjefe de la Comandancia Juan Carretero.
Hace ahora un año la Fiscalía de Córdoba presentaba en el Juzgado de Instrucción 6 de Córdoba una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho. Asuntos Internos previamente había recibido la denuncia de un sargento y ordenaba la detención en la propia sede de la Guardia Civil del presunto cabecilla de la trama -el sargento encargado de sacar adelante las obras de reforma de las propias dependencias del Instituto Armado- y de seis empresarios más.
El último en declarar en esta causa fue el exjefe del Instituto Armado fue citado a declarar a finales de noviembre como investigado por la jueza instructora después del interrogatorio del comandante investigado, junto a un sargento y siete empresarios, para esclarecer la supuesta comisión de los delitos de cohecho, malversación y prevaricación en el manejo de dos millones de euros entre los años 2020 y 2023.
La trama de amaños de contratos de obras en cuarteles de la Guardia Civil en Córdoba
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En su declaración mantuvo que desconocía si esos contratos de obras tenían alguna irregularidad y que confiaba en sus subordinados encargados de esos asuntos y por tanto firmaba el resto porque era su trabajo.
Carretero en todo momento, según los presentes en la sala, se mantuvo tranquilo reiterando en varias ocasiones durante su declaración que tenía «plena confianza en el equipo que le llevaba la documentación, en las personas que confeccionaban los expedientes y él pulsaba el procedimiento de contratación».
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El inicio del caso
El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia de la propia Guardia Civil -por un sargento-, que trasladó los hechos a la Fiscalía después de detectar supuestas irregularidades. En septiembre, una interventora se ratificó en su informe ante la jueza y expuso que ella reaccionó, fiscalizando, al observar presuntas infracciones.
La justicia trata de esclarecer si existieron sobrecostes y fraccionamientos de contratos, o si se llegaron a abonar servicios no realizados. Así, de los dos millones de euros analizados, más de 500.000 euros corresponden a contratos menores -de cuantías inferiores a 40.000 euros- y el resto, a anticipos de caja, un concepto que alude a los bienes y suministros excepcionales.
El primer miembro de la Benemérita investigado fue el sargento detenido por el Servicio de Asuntos Internos en marzo de este año. La Comandancia informó entonces de que había sido apartado de sus funciones.
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