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El Ayuntamiento de Córdoba reduce a la mitad los plazos burocráticos de los grandes proyectos empresariales
El gobierno municipal dicta una instrucción interna que tiene como finalidad atraer inversiones que contarán con un funcionario de referencia
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado este lunes la instrucción interna que persigue que los grandes proyectos empresariales sean declarados de especial interés para la ciudad y cuente con un tratamiento específico. Se trata de una copia y adaptación del procedimiento de aceleradora de proyectos creado en la Junta de Andalucía y que ha afectado, por ejemplo, a la modernización energética de la industria del cobre. Algunas de las cuestiones que se ponen por escrito ya estaban funcionando de forma extraoficial.
La instrucción es un documento muy breve firmado por el coordinador general del Ayuntamiento, Ramón Díaz-Castellanos, que pretende organizar el sistema por el que se trata a las empresas o instituciones que llevan a cabo proyectos de impacto en la economía de la ciudad. Y esa es la primera novedad. No se hará distinción si la iniciativa viene de la mano de una organización estatal o privada. Podrán acogerse en ambos casos.
Para acogerse a esta figura, la instrucción aborda proyectos de gran calado en términos de empleo. También, aquellos que sin ser exactamente grandes potencien el desarrollo económico, la sostenibilidad o la economía circular. La Junta de Gobierno Local tendrá que aprobar la declaración de interés de cada proyecto, individualizadamente, escuchados los argumentos del delegado responsable.
Desde el punto de vista organizativo, la clave es que el Ayuntamiento asigna a un funcionario, con nombre y apellido, a la coordinación de cada iniciativa de forma que la empresa tenga un teléfono al que llamar. La Junta ya optó por colocar un 'project manager' a cada inversión privada para no perder a los inversores en los laberintos de la burocracia. El Ayuntamiento ha previsto que, en el caso de que el proyecto sea complejo, ese funcionario sea toda una comisión técnica.
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Esa comisión técnica estará formada por funcionarios y responsables del sector público local de todas las áreas que tengan que ver con las autorizaciones del proyecto. También se podrá invitar a profesionales externos que, por su experiencia, hayan trabajado en materias similares. La comisión informará periódicamente de sus conclusiones.
En cuanto a los plazos, que es lo que más interesa a las empresas, se reducen a la mitad todos los plazos ordinarios salvo a solicitudes y recursos, procedimientos de concurrencia competitiva y a los de naturaleza fiscal. Es decir, informaciones públicas, plazos máximos reconocidos en la ley del suelo y similares entran.
Los periodos máximos para reconocer un silencio administrativo, no. La instrucción puntualiza que caen a la mitad los plazos para «resolver y notificar». Las licencias entran dentro del plazo que se puede acortar «sin perjuicio de que el trámite de licencia previa pueda sustituirse por la correspondiente declaración responsable».
Esta norma general podrá modificarse cuando el proyecto sea lo suficientemente complejo de forma motivada. Nunca podrá superarse el periodo máximo establecido en la ley. La instrucción obliga a todo el sector público a la «inmediata asistencia» de los proyectos declarados de interés general. Se entiende que la Base Logísticava a incrementar el número de este tipo de iniciativas.
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