Cinco certezas del caso ERE de Andalucía que no desmonta ni el Tribunal Constitucional

No fue un invento del PP ni tampoco de los jueces. Los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez dispusieron a su voluntad —y a la de sus superiores— de un fondo de casi 680 millones de euros entre 2000 y 2009, dinero público que repartieron sin ningún control ni límite presupuestario. La cuantía aparece, desglosada año a año, en el relato de hechos probados que recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Las ayudas se daban entre las empresas que eran tocadas por la 'varita mágica' del Gobierno andaluz, porque no existía orden ni convocatoria ni transparencia ni un procedimiento reglado para concederlas. Los hechos probados han sido establecidos de manera concluyente y cierta. Constituyen una verdad judicial que ni el TC puede modificar.

Desde que la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias previas que darían origen al caso ERE en enero de 2011, Guerrero se convirtió en el blanco perfecto sobre el que el Ejecutivo andaluz descargaba la responsabilidad exclusiva del desparrame de fondos públicos. Para minimizar los daños y evitar que la deflagración del escándalo terminara alcanzando a los escalones superiores —como así sucedió—, Chaves y sus subordinados pusieron en circulación la teoría de los «cuatro golfos» para terminar endosando las culpas a Guerrero y al ex interventor general de la Junta, absuelto en el juicio.

La sentencia de 2019 deja claro —y el TC no lo rebate— que, sin la intervención de todos los condenados «hubiera sido imposible» que la Consejería de Empleo de la Junta, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, hubiera dispuesto de fondos para conceder y pagar ayudas a través de un ente autonómico externo, el IFA/IDEA, sin la tramitación del correspondiente expediente que permitiese acreditar, no ya sólo el fin público o social del destino de las cantidades concedidas, sino que, justificado éste, se hubieran aplicado los fondos al mismo.

En los diez años en los que estuvo funcionando este fondo, el Gobierno andaluz pudo apagar con él conflictos laborales, pero también facilitó que más de 70 allegados al PSOE sacaran provecho. La 'manguera' de dinero público favoreció a intrusos o falsos trabajadores que se colaron en ERE de empresas que ni habían pisado para cobrar una paga mensual hasta cumplir la edad de jubilación, pero también consultoras, conseguidores y sindicatos que ganaban comisiones desorbitadas por tramitar ayudas, hijos de altos cargos que se colocaron en compañías beneficiadas, o alcaldes que recibieron un balón de oxígeno financiero para ganar las elecciones en su pueblo o montar una empresa propia. Hasta 90,6 millones de euros del conocido 'fondo de reptiles' acabaron en las cuentas corrientes de afines al partido para su enriquecimiento personal o lucro político. Con los ERE se tejió una porosa trama de clientelismo.

Tampoco el Tribunal Constitucional lo niega, aunque haya exonerado de este delito a Griñán o a su exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que habían sido condenados a seis años de prisión. No ha sucedido así en el caso del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al que el tribunal considera conocedor del desvío de dinero a fines distintos de los fijados en el programa y, por tanto, le mantiene este delito y no ve vulnerada su presunción de inocencia.

El TC ha aceptado parcialmente los recursos de los acusados por vulneraciones de la legalidad penal o de la presunción de inocencia, pero la realidad es que todos ellos siguen estando condenados. Su conducta fue delictiva, antes y después del amparo. Compete ahora a la Audiencia de Sevilla dictar nuevas resoluciones en las que calcule a la baja las penas fijadas. El caso ERE ha sido deconstruido pero no está finiquitado.