CCOO y UGT piden un giro a la ley andaluza: debe garantizar la vivienda como «derecho social» e intervenir en el alquiler

Como punto de partida CCOO-A cuestiona el proceso de participación puesto en marcha por el Gobierno autonómico. «No se ha abierto una vía de diálogo con las organizaciones sindicales firmantes del Pacto social y económico que han requerido información sobre el tema en reiteradas ocasiones. Ello supone un incumplimiento del Gobierno», apunta como reflexión inicial el documento presentado por el sindicato, que cuestiona incluso la elaboración de una ley que califica como «retroceso»: «Hubiera sido más oportunidad la realización de un texto refundido y las consiguientes modificaciones»

UGT-A , por su parte, sí considera que hay un diálogo abierto con la Consejería y valora la tramitación de una ley específica de vivienda al ser uno de los grandes problemas de la población andaluza: «Nos parece acertado que se ponga en marcha una nueva Ley andaluza de vivienda ya que la última es de 2010 (...) Queremos que se aborde de manera efectiva y real los problemas de acceso a la vivienda y la regulación del alquiler».

Pero a partir de ahí ambos sindicatos advierten que la propuesta del Gobierno andaluz está más enfocada en los promotores y en la propiedad privada que en la población con dificultades de acceso a la vivienda: «No se hace referencia a la vivienda como un derecho subjetivo de la ciudadanía», resume UGT. Desde CCOO apuntan que «hay un sesgo que favorece la eliminación de la dimensión social de la vivienda», «Se reconoce la vivienda como un bien económico, como un bien de mercado y no tanto como un derecho social, esencial y básico que ha de ser garantizado por los poderes públicos (...) Es un gran paso atrás y va en la dirección contraria a las recomendaciones de la Unión Europea».

Hay otro punto común en los planteamientos de CCOO y UGT: no respaldan la decisión de la Junta de Andalucía de poner su ley en contraposición con la estatal y mantener el rechazo a implementar cualquier medida de intervención en el mercado de alquiler como la declaración de zonas tensionadas. Ambos de hecho solicitan que se aplique esta figura y que se recoja en la normativa autonómica, aspecto que la Consejería de Fomento y Vivienda rechaza de forma contundente. «Debemos regular el encarecimiento de los precios y de los alquileres en los últimos años y tener en cuenta el sistema estatal de referencia de los precios de alquiler que calcula las horquillas de precio recomendadas (...) El borrador incluye incentivos para el alquiler asequible, pero no acomete explícitamente el control de precios en zonas de alta demanda», apunta UGT en su documento de aportaciones.

En este sentido, el sindicato solicita que se incorpore un capítulo específico sobre las viviendas con fines turísticos que de momento sólo tienen una referencia en el anteproyecto de ley al reforzar la prohibición de que se dé este uso a viviendas protegidas. El planteamiento de UGT es reforzar el decreto aprobado por Turismo dando mayores competencias y seguridad jurídica a los ayuntamientos para delimitar zonas saturadas y frenar la concesión de licencias de viviendas con fines turísticos.

CCOO-A apunta también a otros aspecto que los dos sindicatos sitúan como fundamental: que se establezca en la ley «una previsión presupuestaria y mecanismos para llevarla a cabo». «Esta ley debe implementarse de manera efectiva y que se articulen recursos suficientes para garantizar su cumplimiento», completa UGT-A.

Otra regulación cuestionada por los sindicatos e incluida en la propuesta de la Consejería es la referente a las ocupaciones ilegales y específicamente al fenómeno de la 'inquiocupación', es decir, un periodo continuado de impagos a un propietario. Para CCOO y UGT la ley debe poner el acento en la protección de la población vulnerable y diferenciar específicamente aquellos casos en los que hay una necesidad de acceso a la vivienda y no hay recursos económicos suficientes.