La Eurocámara pide explicaciones a Marlaska sobre inmigración, incluidos sus socios

La decisión de la poderosa Comisión de Libertades del Parlamento Europeo añade presión al Gobierno de Pedro Sánchez desde esta institución de la UE, donde se multiplican las iniciativas para tratar de fiscalizar la intrincada situación política en España. En este caso, la petición de comparecencia se aprobó en una reunión a puerta cerrada de los coordinadores de los grupos políticos e incluye todo el panorama de la gestión migratoria en España, desde la situación en el aeropuerto de Barajas a la de los menores no acompañados (menas) en Canarias o incluso las consecuencias de la transferencia de la gestión inmigratoria a las autoridades regionales catalanas.

Esta semana, en esta misma comisión se había aprobado un informe sobre la situación del Estado de derecho en España en la que se propone que una institución independiente haga una evaluación de la ley de amnistía, para eludir las presiones del Gobierno que preside Sánchez y que, después de tantos cambios de opinión, a juicio del eurodiputado popular Javier Zarzalejos «carece de credibilidad». Este informe debe ser aprobado aún en el pleno de la Eurocámara. En la discusión sobre este informe, Zarzalejos afirmó que «en 2021 el Gobierno español dictaminó sus informes jurídicos oficiales sobre indultos que la amnistía es 'claramente inconstitucional'. Esta doctrina fue defendida en términos casi idénticos por la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Ahora resulta que es plenamente constitucional. Por ello, el Parlamento ha entendido que Sánchez regala impunidad por poder».

No es la primera vez que el Parlamento Europeo pide la comparecencia del ministro del Interior, que es uno de los que ha recibido más requerimientos de este tipo, aunque casi siempre los ha ignorado. El año pasado acudió a la Comisión de Libertades nueve meses después de que se lo hubieran pedido, para finalmente no decir nada nuevo sobre la tragedia en la frontera de Melilla.

El nuevo requerimiento llega al mismo tiempo que, aparte del varapalo del Tribunal Supremo sobre la devolución ilegal de menores marroquíes en el verano de 2021, el Ministerio del Interior se enfrenta a una crisis en el aeropuerto de Barajas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirma que alrededor de 400 solicitantes de asilo continúan hacinados en las salas de admisión, a la espera de que la entrada en vigor de los pasaportes de tránsito para los senegaleses suavice las llegadas.

Desde el SUP califican la situación de «despropósito» y denuncian que las medidas que ha tomado Interior, pese a ir en la línea de sus reclamaciones, son «insuficientes», algo en lo que coincide Cruz Roja, que el martes abandonó las dependencias del aeródromo por darse una situación «extrema», que estaría imposibilitando el trabajo de sus miembros. «Las salas tienen una capacidad que se ha saturado», comenta a ABC José Javier Sánchez, director de Migraciones de la organización, que añade que, desde su marcha, el ministerio no se ha puesto en contacto con ellos.

A pesar de lo último, desde Cruz Roja confían en una solución «en el corto plazo» que pasaría, principalmente, porque Interior habilitase más espacios para que lleven a cabo el trabajo psicosocial con los inmigrantes. Y es que, actualmente el caos se da en tres salas que; distribuidas en las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto, tienen capacidad para unas 40 personas, un número que ahora triplican.

«Venimos advirtiendo desde hace semanas», apunta José Javier Sánchez, que defiende que «la colaboración de Cruz Roja está fuera de duda» al ser preguntado por la respuesta de Interior, que no comparte la decisión de la ONG de abandonar el recinto. «Desde el primer momento hemos defendido la colaboración institucional», afirmaron fuentes ministeriales tras conocerse la noticia.

En cuanto a la imposición de visados de tránsito para keniatas y senegaleses, es una decisión que ha seguido las reivindicaciones del SUP. Pese a que ambas organizaciones califican las medidas de «insuficientes», desde el sindicato policial apuntan a que la que afecta a Senegal —que entrará en vigor el próximo 19 de febrero—, al ser la nacionalidad que concentra un mayor número de llegadas, sí puede suponer una mejora de la situación.

Este tipo de visado únicamente permite acceder a la zona internacional de Barajas e impediría el uso de las escalas fraudulentas en España como país de tránsito. La trampa está en que los inmigrantes viajan desde Casablanca (Marruecos), afirmando que su destino son países latinoamericanos, pero nada más aterrizar en Madrid piden el asilo.

Además, muchos, y en concreto los senegaleses, se deshacen de sus pasaportes en el trayecto para hacerse pasar por nacionales de países en conflicto, algo que facilita la adopción del trámite de asilo. Así, desde el SUP apuntan que el visado de tránsito facilitaría el reconocimiento de estas personas, evitando el fraude. Sin embargo, insisten en poner el foco en la aerolínea estatal marroquí. Los vuelos de la Royal Air Maroc estarían concentrando el grueso de los solicitantes. «Ese vuelo no tiene comparación», aseveran fuentes policiales.