El abogado del novio de Ayuso: «Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública»
El abogado de Alberto González Amador envió un correo electrónico a la Fiscalía ofreciendo un acuerdo y reconociendo los hechos
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid insisten en que la Fiscalía abandonó la idea de un posible pacto por "órdenes de arriba"
Perfil | Alberto González, técnico sanitario, divorciado con tres hijos y pareja de Ayuso desde 2021
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ofreció a la Fiscalía un acuerdo de conformidad antes de que presentara una denuncia contra él por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsedad documental por haber defraudado a Hacienda 350.000 euros en impuestos mediante facturas falsas. Buscaba así una rebaja en caso de condena.
En un comunicado hecho público este jueves, la Fiscalía Provincial de Madrid explica que el «único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024».
El abogado ofreció el acuerdo «vía correo electrónico», que fue enviado al fiscal al frente del caso a las 12.45 horas de ese día. La propuesta de conformidad realizada por su defensa «reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021», afirman.
Concretamente, según el correo electrónico adelantado por la Cadena SER y constatado por ABC, la defensa de González expresó a la Fiscalía que una vez «estudiado el asunto y de común acuerdo» con su cliente, se trasladaba que «es voluntad firme alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT».
Fue el 7 de febrero cuando el Ministerio Público acordó la interposición de la denuncia contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y otras cuatro personas, que le habrían ayudado a girar facturas con gastos que nunca tuvieron lugar, así como contra ocho sociedades.
Y el día 12, a las 11.34 horas es cuando, según la nota, el fiscal contestó por correo electrónico al abogado de González Amador y le manifestó que tomaba nota «de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas», sin que considerara que la existencia de otras personas implicadas en la defraudación al erario público denunciada por la Agencia Tributaria pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.
Al día siguiente, se elevó la denuncia ante la Fiscalía Provincial , que remitió la misma a los Juzgados de Plaza de Castilla el día 20 y fue registrada en el decanato el pasado 5 de marzo, de acuerdo al comunicado.
La pareja de Ayuso evitó presuntamente pagar los impuestos correspondientes a una comisión de dos millones de euros
El 12 de marzo volvió a haber una comunicación entre las partes. El fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado de la pareja de Ayuso, según el Ministerio Público, «para facilitarle el derecho de defensa y le reiteró, como ya hizo el día 12 de febrero, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal».
Es en este punto en el que fuentes de la Comunidad de Madrid insisten en que la Fiscalía abandonó la idea de llegar a un acuerdo "por órdenes de arriba", una vez que estalló el caso en la prensa.
Fue el pasado 23 de enero cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió unas diligencias de investigación penal como consecuencia del escrito que le había hecho llegar la Agencia Tributaria con las conclusiones de su investigación.
En él, Hacienda informaba de que los hechos atribuidos a González Amador podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental. Según informó 'eldiario.es', habría evitado pagar 350.00 euros de impuestos correspondientes a la comisión de dos millones de euros que habría obtenido por intermediar en la venta de mascarillas durante la pandemia entre dos empresas privadas, FCS Select Product y Mape Asesores.
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