La Abogacía del Estado sale al rescate de Sánchez: pide bajar a la mitad las condenas del 'procés'

La abogada que representó los intereses de Hacienda en el juicio que se celebró en el Supremo, Rosa María Seoane, considera que la reforma penal que suprimió la sedición y modificó la malversación implica la revisión de las condenas de todos los líderes independentistas.

A su juicio, las penas de inhabilitación tienen que verse rebajadas al ser aplicable ahora un tipo de malversación más atenuada, precisamente el tipo penal que se reformó a medida de los socios parlamentarios de Sánchez como condición para aprobar los Presupuestos.

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El criterio que mantiene la abogada del Estado Rosa María Seoane es el opuesto al de la Fiscalía, que opta por una malversación agravada que deja intactas las condenas por inhabilitación de los líderes independentistas condenados por este delito. La diferencia fundamental entre el Ministerio Público y la Abogacía del Estado es la apreciación (o no) de ánimo de lucro en la conducta delictiva.

En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, Seoane señala que la sentencia del Supremo no apreció apropiación (con ánimo de lucro propio o para un tercero) y sí «actos de administración desleal mediante distintas contrataciones llevadas a cabo por varias Consejerías». Añade que «ni se practicó en el juicio prueba alguna al respecto, ni se declaró en la sentencia que los hechos cometidos por los acusados lo fueran con ánimo de lucro propio ni de terceros, ni con el ánimo de obtener los condenados por malversación un beneficio propio ni ajeno, con ocasión de aquellos, por lo que los hechos objeto de condena no pueden ser subsumidos en la conducta de 'apropiación' con ánimo de lucro».

Así, considera que el artículo aplicable es el 433 del Código Penal, el más atenuado de la malversación de autoridad o funcionario público, y que castiga a quien dé al patrimonio público que administre una aplicación pública diferente de aquella a la que hubiera estado destinado. Este delito está castigado con penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años «si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado». En este supuesto incurren, a su juicio, Junqueras y los otros tres condenados por malversación: Turull, Romeva y Bassa. Su inhabilitación la fija en 6 años respecto a los 12 años impuestos.

Al igual que los fiscales del 'procés', la abogada del Estado también considera que los hechos probados en la sentencia en los que se basó la condena por sedición pueden ser absorbidos en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, «aunque los hechos objeto de condena presentaran una funcionalidad y alcance incluso mayor».

Petición de los servicios jurídicos del Estado

13 años por sedición y malversación

Oriol Junqueras

Condenado a 13 años de prisión e inhabilitación, Seoane pretende rebajar esta segunda pena a 7 años por malversación (atenuada) en concurso con desórdenes públicos.

12 años por sedición y malversación

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Los servicios jurídicos del Estado pretenden rebajar la condena de Romeva a la mitad al apreciar esa malversación atenuada en concurso con desórdenes públicos.

12 años por sedición y malversación

Dolors Bassa

Seoane considera que la reforma penal también afecta a esta exconsejera de Puigdemont y que su inhabilitación tienen que fijarse justo en la mitad: seis años.

Los distintos episodios de enfrentamientos violentos que se produjeron en Cataluña «afectaron gravemente el orden público»; es más, «rebasaron con mucho los límites de una laxa interpretación del concepto de orden público para incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una perspectiva constitucional».

No cuestiona Seoane la «decisiva participación» de los condenados en los episodios de violencia que tuvieron lugar en Cataluña en el otoño de 2017, actos multitudinarios en los que ocuparon locales e instalaciones públicos y se impidió el normal funcionamiento de los servicios públicos. Apunta que el delito de sedición (el suprimido en la reforma) preveía penas de diez a quince años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

El de desórdenes públicos agravados (en el que quedarían subsumidas estas conductas ahora) establece pena de prisión de tres a cinco años y, en caso de hallarse los autores constituidos en autoridad -lo que sucedió aquí-, la pena de inhabilitación absoluta de seis a ocho años. Debe aplicarse esta pena al ser más favorable al reo.

Así, defiende también la revisión de las penas de inhabilitación de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (de 11 años y medio a seis años), las de los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull (de diez años y medio a seis años y medio) y las de los exlíderes de Òmnium y la ANC Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (de nueve a cinco años).