La mayoría de las leyes de Sánchez orillaron el trámite de consultas

Fuentes socialistas aseguran que la tramitación parlamentaria introduce suficientes garantías aunque los proyectos de leyes nazcan de esta forma, ya que los grupos pueden solicitar las comparecencias que consideren oportunas, los servicios jurídicos de la Cámara velan por la calidad de los textos y el procedimiento introduce el sosiego necesario para legislar.

Pero los juristas y letrados consultados por ABC difieren de esta valoración. Para empezar porque la tramitación que normalmente se aplica a una ley derivada de un decreto es la urgente que, teóricamente, reduce a la mitad los plazos . Para continuar porque son textos que se tramitan como ley una vez que ya han entrado en vigor como decreto, lo que provoca que su margen de modificación sea limitado. No en vano, «el régimen legal aplicable a un sector, colectivo o área de actividad no debe estar sufriendo grandes modificaciones en un corto espacio de tiempo», recuerdan los letrados. «Y hay cambios que no son planteables en la fase de enmiendas» .

Ibor Fernandes Romero, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Cardenal Cisneros, coincide con esta visión y habla incluso de «coacción» al referirse al abuso del decreto-ley cometido por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Los grupos solo pueden decir sí o no cuando el Ejecutivo envía un decreto al Congreso, no tienen capacidad para introducir enmiendas o matices. Y cuando se tramita como proyecto de ley el problema es que ya está en vigor y es muy complicado aprobar algo que cambie el texto sustancialmente» . En esta misma línea se ha pronunciado muchas veces no solo el PP sino un socio preferente del Gobierno como el PNV, cuyo portavoz Aitor Esteban critica el «lo tomas o lo dejas» al que Sánchez somete a la Cámara Baja y a sus propios aliados constantemente.

Además de utilizar el decreto-ley como instrumento ordinario, el Ejecutivo también está sirviéndose de sus grupos parlamentarios en el Congreso para esquivar a los órganos consultivos. Por esta vía está tramitando otras once leyes entre las que se encuentran reformas tan trascendentales como el recorte de funciones del Consejo General del Poder Judicial o la legalización de la eutanasia, que si hubieran salido del Consejo de Ministros habrían tenido que someterse a los dictámenes del CGPJ y el Consejo de Estado, entre otros, además de a todos los trámites de audiencia, información y consulta públicos.

Al margen de las implicaciones que tiene legislar de esta manera, por la evasión de los controles previstos y los errores o imperfecciones jurídicas que acaban presentando este tipo de textos, la política de 'decretazos' practicada por Sánchez también tiene consecuencias políticas. Y es que el jefe del Gobierno se comprometió en campaña electoral a introducir «más democracia» y desterrar las prácticas abusivas, como el uso ordinario del decreto-ley , que venía practicando el anterior gobierno de Mariano Rajoy.

En su último programa electoral, el PSOE se comprometió a «practicar el diálogo político» así como la «interlocución con la sociedad y sus organizaciones», desarrollando «las buenas prácticas de una democracia participativa y deliberativa en los procesos de toma de decisiones». Todo ello se vulnera flagrantemente al abusar de los decretos-leyes puesto que el diálogo político queda reducido al «sí o no» en la convalidación, se suprimen los tramites de audiencia, información y consulta públicos antes citados y, en consecuencia, se estrangula la participación de la sociedad que Sánchez se comprometió a espolear.

Las prácticas legislativas que gasta el jefe del Ejecutivo también se llevan por delante sus compromisos en cuanto a transparencia. El programa socialista promete «el acceso a la información y a las decisiones de un gobierno abierto en aplicación de un código ético y de buen gobierno», pero ocultó al Congreso el informe que el Consejo de Estado emitió sobre el de c reto-ley de los fondos europeos porque le es desfavorable y, a día de hoy, sigue sin remitirlo a la Cámara Baja y a comprometerse a hacerlo público. Y esta actuación vulnera otras cinco promesas de Sánchez : las de buscar «la eficacia e integridad en el funcionamiento del Estado», aplicar «los principios federales de cooperación, lealtad y colaboración en la relación entre las administraciones», velar «por una separación de poderes efectiva», ofrecer «la rendición pública de cuentas y el sometimiento del Gobierno al control del Parlamento» y «recuperar el prestigio de la política y devolver la confianza a la ciudadanía en los políticos».

El programa electoral socialista también prometía posibilitar «gobiernos y parlamentos abiertos» señalando como clave para ello «empoderar a la ciudadanía, a las entidades y colectivos como interlocutores». Todas estas promesas rotas se unen a las tantas veces denunciadas de no pactar con Bildu, independentistas y Podemos o traer al fugado Carles Puigdemont a España para ser juzgado.