El Gobierno ningunea al Congreso: un decretazo cada diez días en 2020

Todos los gobiernos de la democracia han recurrido al real decreto ley para sacar adelante su tarea. Esta figura legislativa está prevista en la Constitución (artículo 86) para facilitar que el Ejecutivo pueda hacer frente a situaciones sobrevenidas, «de extraordinaria y urgente necesidad», sin tener que pasar antes por el Parlamento. Es un procedimiento ágil, acelerado, que reduce el papel del Congreso a la mera derogación —o rechazo— del decreto que sale de Moncloa. La Cámara Baja lo vota en un plazo de treinta días tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y habiendo entrado ya en vigor.

No hay deliberación previa, como mucho una invitación a legislar después convirtiendo el decreto en un proyecto de ley. El Ejecutivo haciendo de Legislativo. Diecinueve de los 37 decretazos de este año debían concretarse con la aportación de los grupos parlamentarios, pero nueve se han quedado en el cajón, según denuncia el PP, que acusa al Gobierno de tener «amordazado» al Parlamento. Vox ha registrado una moción en el Congreso de los Diputados para censurar el ejercicio fraudulento de esta figura que vacía de competencias al legislativo.

Pedro Sánchez es, con diferencia, el presidente que más inclinación tiene a gobernar a golpe de decretazo si se compara con las presidencias anteriores. El actual líder del PSOE acumula 78 decretazos en tan solo dos años y medio en Moncloa, lo que arroja una media anual de 31 decretos-ley. Una marca que cuadruplica los registros de Felipe González (de media, ocho decretos al año) y dobla a Mariano Rajoy y Aznar (ambos firmaron 16 por ejercicio). Zapatero fue el dirigente que menos recurrió a esta fórmula: trece leyes anuales dictadas desde La Moncloa.

Sánchez tiene además el dudoso honor de ser el único presidente de la democracia al que el Congreso le ha rechazado dos decretos-ley. Solo ha ocurrido cuatro veces en nuestra etapa democrática. La Cámara denegó el plácet a Zapatero para tocar el impuesto sobre las labores del tabaco (2006) y a Rajoy por la reforma de la estiba (2017). Pero el revolcón a Sánchez ha sido aún mayor. Sufrió en septiembre la rebelión de los alcaldes, que no aceptaron que Hacienda se quedara con su superávit a cambio de financiación extraordinaria en la pandemia. Previamente, en enero de 2009, Podemos votó en contra del decreto-ley del Gobierno socialista sobre los alquileres.

Pablo Iglesias denunció entonces el tic socialista de imponer leyes por la vía de la imposición, sin consensuar con el resto de la Cámara. Ahora forma ya parte del Gobierno que más decretazos firma.

La coalición se estrenó con sus «martes sociales»: dictó subidas de las pensiones y retribuciones del sector público y derogó por decreto el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo. Aunque sin duda la mayor concentración de decretos-ley tuvo lugar durante el estallido en España de la crisis sanitaria. Desde el 10 de marzo y hasta el final del primer estado de alarma en mayo, Moncloa aprobó 18 decretazos. Dominaron las medidas urgentes para paliar los daños económicos y sociales de la pandemia, incluida la regulación en materia laboral por el parón forzoso del país en el confinamiento. Pero en ese vendaval se colaron de rondón algunas disposiciones no urgentes, como la inclusión del vicepresidente Iglesias en la sala de control del CNI. El Gobierno también sorteó al Congreso para aprobar una medida de largo alcance: el Ingreso Mínimo Vital . Era el mes de mayo aunque su aplicación sigue teniendo grandes lagunas. La medida no llega.

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó tres decretos: incluido el de los desahucios y el que agilizará la asignación de los fondos europeos, aunque este último aún no ha sido publicado en el BOE. En la lista, denuncia Vox, se incluyen cuestiones tan variopintas como la Orquesta Nacional.

Numerosos expertos juridícos han denunciado esta práctica, al considerar que se difumina la separación de poderes y se invade la competencia del Congreso. El expresidente Felipe González también ha censurado a Sánchez por el uso abusivo de esta figura legislativa: «No vale porque no es una buena regla de convivencia».

Pero 2020 no ha sido una excepción. Sánchez explotó esta vía legislativa para suplir la fragilidad parlamentaria de su Gobierno (84 diputados del PSOE) cuando llegó a Moncloa, en junio de 2018. El BOE recoge ese año 26 reales decretos: tres los firmó Rajoy, 23 Sánchez. Los socialistas justificaron su producción de decretazos con la promesa de marcar «agenda social», como la subida de las pensiones, del salario de funcionarios o la eliminación del impuesto al sol. Pero lo cierto es que su primera medida, en junio, fue para forzar un nuevo Consejo en RTVE, que se mantiene desde entonces. En julio aprobó otro para revertir los copagos en Sanidad que había introducido el PP en la crisis anterior.

El presidente Sánchez lleva más decretazos que Rajoy en su primera legislatura, la del rescate financiero a España , que obligó al Gobierno a tomar medidas urgentes y muy severas para recortar el déficit y salvar el sistema bancario. En el año crítico, 2012, Rajoy dictó 29 leyes para que las convalidara el Congreso, donde el PP contaba con mayoría absoluta. Las medidas llegaban al dictado desde La Moncloa para su rápida convalidación, sin debate alguno. El PSOE desde la oposición le acusó de «ningunear» a la Cámara Baja. «Es un atentado contra la democracia», censuró el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dibujaba en negro la situación de emergencia nacional: «No hay dinero en las arcas públicas para pagar servicios», solemnizaba con la prima de riesgo disparada hacia los 600 puntos. «Convalidar decretos-ley no es la actividad y función de esta Cámara», se quejaban los socialistas.

Rajoy sumó 106 decretos leyes en seis años y medio. La mayoría de ellos (75) se aprobaron en esos años negros de la crisis económica. En 2017 Rajoy volvió a abusar de esta vía legal, dictando 21 medidas. José Luis Rodríguez Zapatero completó dos mandatos habiendo decretado 109 leyes, a un ritmo algo más pausado que el resto (51 y 58 en sus dos legislaturas). Uno de los más polémicos fue el que usó para las concesiones de televisión digital terrestre. José María Aznar (1996-2004) también abusó del ordeno y mando, especialmente en su primera legislatura, en la que aprobó 88 decretazos. En total fueron 131 en ocho años.

Felipe González (1982-1996) concluyó catorce años en el poder habiendo dictado 112 decretazos. Apenas fueron 25 en su primer mandato si tenemos en cuenta que fue investido a finales de 1982. Ese año el BOE recoge 25 decretos-leyes pero solo cuatro llevan la firma del presidente socialista. De la comparativa excluimos la etapa constituyente y los mandatos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, en los que la producción fue desaforada: la democracia naciente tuvo que ajustarse jurídicamente.