La Embajada de España en Londres, estafada durante años por una de sus trabajadoras

La empleada, identificada como Nieves G. P., maniobraba con ventaja porque trabajaba precisamente en la gestión económica y contable de la Consejería de Información, el área de prensa de la legación española en el Reino Unido. Pero también le ayudó que los controles internos no funcionaran con agilidad. Solo eso explica que los manejos de esta empleada se prolongaran, como mínimo, durante seis años.

Tras dispararse las sospechas, la investigación interna detectó irregularidades desde 2009, aunque el Tribunal de Cuentas (TCu) solo ha admitido exigirle responsabilidades contables desde el 9 de julio de 2010. Todo lo anterior se da por prescrito, dada la fecha en la que se emprendieron acciones legales . El TCu acaba de dictar sentencia sobre la responsabilidad económica: reclama a esa antigua trabajadora de la Embajada de España en Londres 76.219,18 euros más intereses.

La demanda de la Abogacía del Estado era superior, pedía unos 7.000 euros más. Dio por seguro que esa empleada se había apropiado de al menos 83.364,18 euros, entre fondos en metálico y compras endosadas a las arcas públicas . Pero el Tribunal de Cuentas ha depurado el listado de reclamaciones y, además, por el principio de prescripción, ha prescindido de todos los movimientos fraudulentos que tuvieron lugar antes del 9 de julio de 2010.

Esta sentencia del TCu lleva la firma de la magistrada y exministra del PP Margarita Mariscal de Gante. Ha sido una de sus últimas actuaciones en el Tribunal de Cuentas. Mariscal de Gante deja de ser consejera como consecuencia de los pactos alcanzados por el PP y el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional y otras altas instituciones del Estado, entre ellas el máximo órgano fiscalizador, que ejerce también funciones judiciales.

La sentencia sobre el fraude sufrido en la Embajada de Londres llega después de que Nieves G. P. fuera condenada por lo penal. Se le impusieron cinco años de prisión por malversación y falsedad, los dos tipos delictivos que coincidieron en atribuirle la Abogacía del Estado y la Fiscalía. La Audiencia Nacional dictó sentencia condenatoria el 19 de diciembre de 2018 y, tras ser recurrida, fue confirmada por el Tribunal Supremo el 24 de noviembre de 2020.

En aquella causa penal solo se dirimieron los manejos fraudulentos cometidos desde 2012. Se amagó con indagar en las cuentas de seis años más, desde 2006, pero no se hizo. Y eso, a la postre, ha forzado también al Tribunal de Cuentas a declarar prescrito todo lo que ocurriera antes del 9 de julio de 2010. Es decir, solo cabe exigir un máximo de cinco años atrás desde el 9 de julio de 2015, que fue cuando la Abogacía del Estado presentó la demanda ante el Tribunal de Cuentas.

La acusada trabajaba como personal laboral de la Embajada en Londres desde 1995. Estaba adscrita a la Consejería de Información, la unidad diplomática encargada de las relaciones con medios de comunicación y de organizar mediáticamente las visitas oficiales de autoridades españolas .

Desde 2010 ejerció con la categoría de técnico superior de gestión y servicios comunes. Entre sus funciones estaba la elaboración de documentos contables, la justificación de libramientos por gastos diversos y atenciones protocolarias, interlocución con proveedores, arqueo de caja, gestión de facturas y bancos.

Además de formar parte del equipo de la embajada, como trabajadora de su Consejería de Información tenía dependencia orgánica del Ministerio de Presidencia, al formar parte del entramado internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Durante al menos seis años, hasta 2014, falseó justificantes de gastos y facturas . Unas veces, para tapar compras particulares. Otras, para sacar dinero con cheques firmados supuestamente para gastos protocolarios que, en realidad, no habían tenido lugar. Y todo ello haciéndose valer de la firma de quien en cada momento estaba al frente de la Consejería de Información de la Embajada de España en Londres.

Con esas rúbricas, los responsables daban el visto bueno a las cuentas justificativas trimestrales que la acusada les pasaba a la firma. Pero el Tribunal de Cuentas advierte que Nieves G. P. obtenía esa firma «con engaño y abuso de confianza, si no imitada». Es decir, también llegó a falsificar rúbricas, según consta en la sentencia. Esas cuentas justificativas las trufó con decenas de comidas, cenas, almuerzos o refrigerios varios que nunca tuvieron lugar, supuestamente consumidos en decenas de inventadas reuniones entre responsables del área informativa de la Embajada y periodistas.