El Tribunal de Cuentas condena al exalcalde de Caspe Jesús Senante por 400 euros de gastos indebidos

El caso se remonta al año 2015 y ha analizado una larga lista de gastos de viaje abonados por el Consistorio a miembros de la Corporación, por importe total de 3.677 euros. Los hechos fueron detectados por los auditores de la Cámara de Cuentas de Aragón y acabaron ante el Tribunal de Cuentas del Estado.

La lista bajo sospecha incluía importes abonados por el alcalde socialista Jesús Senante y por su antecesora, la popular Pilar Herrero, que acabó dimitiendo en mayo de 2018 ante los reparos destapados por los auditores. Había sido alcaldesa hasta junio de 2015 y luego ejerció de portavoz municipal del PP en la oposición.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha eximido de toda responsabilidad a la exalcaldesa del PP Pilar Herrero . Considera que todos los gastos de viaje que autorizó y que han sido objeto de investigación estuvieron correctamente justificados y cumplieron la legalidad.

Respecto los que autorizó su sucesor, el socialista Jesús Senante, solo se consideran incorrectamente abonadas dos liquidaciones que sumaron 400 euros en total y cuyo pago fue autorizado por el exalcalde y por el funcionario municipal que fiscalizó el expediente. El Tribunal de Cuentas considera que ambos son responsables y que, por tanto, los dos han de responder para reponer al Ayuntamiento de Caspe aquellos 400 euros.

Los viajes se hicieron realmente. Los hizo una edil caspolina, para acudir a unos cursos de formación de alcaldes y concejales que organizó la Diputación de Zaragoza a finales de 2015. El problema es que la normativa no contemplaba costear con fondos municipales un desplazamiento para tales fines, por lo que el abono de los gastos de viaje fue dispuesto de forma improcedente.

«Existe infracción de la normativa contable y presupuestaria aplicable al sector público», Senante y el funcionario incurrieron «cuando menos en culpa grave» y, como poco, «una grave negligencia en la gestión de los fondos públicos que tenían encomendada» , indica la sentencia. En ella se asegura que la normativa municipal «es clara y no admite duda alguna acerca de la improcedencia de pagar» esos gastos de viaje, y que tanto el entonces alcalde como el funcionario que fiscalizó el pago «eran conocedores de ello».