UGT abre el melón de la reforma laboral pese al rechazo empresarial y pide a Díaz recuperar la indemnización de 45 días por despido improcedente

El Gobierno afronta una legislatura que más allá de su duración parece abocada a un espléndido ejercicio de equilibrismo por parte de los partidos de la coalición para tratar de sacar adelante un puñado de leyes clave para poder dar por amortizado el elevado peaje que ya está pagando para amarrar los votos que hagan presidente de nuevo a Pedro Sánchez. Uno de los caballos de batalla volverá a ser la cuestión laboral. El Ejecutivo, en esta materia liderado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha plasmado negro sobre blanco su intención de dar al menos un par de vueltas de tuerca a la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 y que cumple ahora un año y medio desde su puesta en marcha: la revisión de la estructura del despido improcedente y la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media.

Los empresarios, en voz de CEOE, ATA y Cepyme, ya han expresado su rechazo y sus reservas a ejecutar dichas modificaciones. Recuerdan que estas cuestiones quedaron fuera de la reforma laboral para no entorpecer un acuerdo que pendió de un hilo hasta el mismo momento de su aprobación en el Congreso. Así se hizo con el punto concreto del coste del despido que quedó intacto en los actuales 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades.

Sin embargo, tampoco los sindicatos parecen aflojar la presión y el nivel de exigencias que aplicarán durante la próxima legislatura. Desde UGT van más allá en la cuestión del despido planteando la necesidad de que la indemnización por despido improcedente vuelva a ser de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades, además de establecer indemnizaciones adicionales que funcionen como efecto disuasorio ante el despido.

«Además del efecto disuasorio que tienen que tener los 45 días, que nosotros reivindicamos que se recuperen, tiene que haber un efecto resarcitorio, porque se pueden haber hecho daños mayores», apuntó el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, este lunes en rueda de prensa junto al secretario general del sindicato, Pepe Álvarez.

De este modo, el sindicato aboga por establecer una serie de parámetros por parte de los jueces para lograr una indemnización adicional a los 45 días por año trabajado, como dos meses por año de servicio, con un límite de 12 mensualidades. Además de legislar una indemnización mínima por despido improcedente de seis meses de salario, así como que el trabajador sea el que tenga la opción de elegir entre readmisión o indemnización y recuperar también los salarios de tramitación.

«Nos parece que el cumplimiento efectivo del artículo 24 de la Carta Social Europea no puede hacerse sin recuperar los salarios de tramitación. Los salarios de tramitación es una indemnización que debe de incorporarse como ha estado en nuestra legislación históricamente», subrayaban los líderes sindicales.

Luján recuerda que en la legislación de 1976 y en la legislación de 1977 se contemplaba una indemnización de 60 días, que posteriormente se fijó en 45 días por año y después bajó a 33 días. Por tanto, desde el sindicato rescatan la reivindicación lanzada desde la reforma laboral de 2012 de volver a los 45 días por año de indemnización por despido improcedente. Según denunciaba tanto él como Álvarez, en España se producen cada año en torno a medio millón de despidos, de los que la mayoría son improcedentes, bien porque así lo reconoce la propia empresa, bien por decisión judicial.

Los responsables sindicales también denuncian que las cuantías de las indemnizaciones por despidos sin causa no son «excesivas». Para un contrato temporal, la indemnización media está en 1.500 euros; para un contrato parcial indefinido alcanza los 4.642 euros; para un contrato fijo-discontinuo es de 4.493 euros, y para un contrato indefinido, de 9.500 euros.

«Estos son despidos efectuados sin causa, despidos efectuados de manera arbitraria, que con estas indemnizaciones no entendemos que puedan disuadir a nadie. Por eso, entendemos que hay que dar un paso más, hay que empezar a proteger realmente el contrato de trabajo con arreglo a la Carta Social Europea e incrementar sustancialmente las indemnizaciones que se producen por el despido injusto», defiende Luján mostrando las líneas reivindicativas de la central sindical de cara a los próximos años de legislatura.