El traspaso de la Seguridad Social al País Vasco amenaza con romper la caja única de las pensiones

Aunque los diez folios del acuerdo no recogen la literalidad del traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al Gobierno vasco, sí que se suscribe que ambas formaciones se comprometen a cumplir con las transferencias aún pendientes incluidas en el Estatuto de Guernica aprobado en 1979 en un plazo máximo de dos años. «La Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios», apunta en la disposición transitoria quinta el Estatuto firmado.

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Los propios funcionarios de la Seguridad Social pertenecientes a la Inspección advirtieron del peligro de llevar a cabo este traspaso asegurando que la medida abre la puerta a romper la equidad entre regiones en materia de protección social. Aunque dicha aplicación no sería total, no existiría una 'Seguridad Social vasca' que además sería deficitaria, ya que las pensiones de los beneficiarios en la región y las cotizaciones de los trabajadores resulta en un saldo negativo de 4.000 millones de euros, el sindicato de inspectores de Trabajo y Seguridad Social sí que advierte de que la Administración foral dispondría de facultades para reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, incapacidades, subsidios...) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional.

Y lo mismo ocurriría con los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas y su control, sistema de liquidación de las cuotas, recaudación ejecutiva en relación con la fijación de sus objetivos y criterios que necesariamente deberían quedar inmersos en el conjunto de los del Estado, el régimen de aplazamientos en las obligaciones, la implementación del plan nacional de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social con todos sus instrumentos. «Aboca irremediablemente al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social», explican los inspectores.

El segundo punto espinoso en lo económico aparece en materia laboral. Sería la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales, siempre y cuando su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los acuerdos estatales. Una vieja reivindicación de los nacionalistas vascos que al no incluirse en el Estatuto de los Trabajadores provocó el voto en contra del PNV a la reforma laboral de Yolanda Díaz.

El acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez prevé la concertación del nuevo tipo mínimo europeo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que la Comisión Europea espera que se establezca ya en 2024 pero cuyo desarrollo en la normativa española está paralizada por la situación política.

Según el texto difundido ayer, el PSOE se compromete a que un futuro Gobierno de Sánchez incluya la figura en el Concierto Económico «atribuyendo a las haciendas forales la capacidad de gestión, inspección y recaudación respecto de los contribuyentes que deben tributar en ellas».

La redacción abre la puerta a que las haciendas forales vascas puedan reclamar su parte de la recaudación extra -se estima en unos 700 millones de euros anuales para toda España- que se pueda obtener de esta figura, de la que probablemente serán contribuyentes algunas grandes empresas con sede en el País Vasco como BBVA e Iberdrola.

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Fuentes conocedoras del funcionamiento del concierto económico vasco y del cupo aseguran no obstante que la parte que podría reclamar el Gobierno de Vitoria será mínima. Según el funcionamiento del mecanismo de financiación foral, las Haciendas Vascas tendrían derecho a reclamar no la totalidad de la recaudación extra asociadas a las grandes empresas residentes en su territorio sino la parte de la misma que se justifique por el porción de su facturación que depende del País Vasco, lo que reducirá de manera muy significativa su cuantía efectiva.

El PNV también ha podido arrancar una porción importante en inversiones ferroviarias, uno de los aspectos que el PSOE parece haber querido priorizar en sus negociaciones para la investidura de Sánchez aprovechando el caudal de recursos para extender y mejorar la red ferroviaria que hay en los fondos europeos.

El acuerdo prevé la ejecución en el plazo de los siguientes tres meses de las inversiones en la red ferroviaria previstas en el último documento emitido por el Gobierno Vasco, que prevé la asignación de 385,6 millones de euros para diversas actuaciones en la red ferroviaria de alta velocidad, incluida la Y vasca, y de otros 120 millones en la mejoras y diversas obras de la red convencional.