COMPROMISO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
La temporalidad pública ronda el 30% a meses de rendir cuentas a Europa
La ley pactada con Bruselas obliga a que en diciembre la plantilla de eventuales no exceda del 8%
El Supremo pregunta a la Justicia europea cómo aplicar la fijeza exigida a los interinos
Los funcionarios siguen con el sueldo congelado cinco meses después
La brecha salarial en el sector público alcanza el 8%: las mujeres con contratos temporales son el doble que los hombres
En la cuenta atrás para que el Gobierno tenga que rendir cuentas a Bruselas y hacer de la temporalidad en el sector público una excepción, los datos no acompañan. Los miles de empleados públicos que trabajan para la Administración con un contrato temporal deberán hacerlo ... de forma indefinida, o dejar de prestar sus servicios en el Estado a final de año. Así se recoge en la Ley de Estabilización comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea, en la que se fija en el 8% la tasa de temporalidad en las distintas administraciones españolas. Hoy esta tasa apenas cede, sigue estancada en el entorno del 30% (29,5% en marzo), lo que se traduce en que la plantilla eventual deberá mermar a final de ejercicio en más de 20 puntos, en 800.000 trabajadores.
Pese al mandato legal y vistos los resultados, los procesos de estabilización en marcha desde 2021 no parece que vayan al ritmo deseado, lo que ha encendido la luz roja entre los funcionarios. CSIF, el sindicato mayoritario, muestra a ABC su preocupación por la elevada precariedad de la plantilla y duda de que a final de año el Gobierno sea capaz de cumplir con las exigencias legales que pactó con Bruselas en el Plan de Recuperación.
«Vamos a velar por la seguridad jurídica y porque concluyan de manera satisfactoria los procesos de estabilización iniciados a partir de 2021 y también vamos a reclamar que las administraciones rindan cuentas y la interinidad no supere el 8% a partir del 31 de diciembre de 2024, tal y como marca la ley», asegura a este diario el sindicato que dirige Miguel Borra.
Asalariados
del sector público
En millones de trabajadores,
Datos IV trimestre de cada año
Total empleados públicos
Contratos temporales
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Fuente: INE / ABC
Asalariados del sector público
En millones de trabajadores / Datos IV trimestre de cada año
Total empleados públicos
Contratos temporales
3,59
3,47
3,23
3,25
3,12
3,07
3,00
2,96
2,90
1,07
1,06
0,90
0,74
0,78
0,77
0,75
0,65
0,57
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Fuente: INE
ABC
Los funcionarios avanzan también a ABC que reclamarán «que se endurezcan las medidas contra las administraciones que no cumplan y denunciaremos aquellas que abusen de la precariedad en el empleo». Los últimos datos de la estadística del INE reflejan que la presencia de interinos es muy distinta en las administraciones. La mayor concentración de temporales está en las comunidades autónomas, con 723.400 interinos, seguido de las corporaciones locales con 231.100 empleados en esta situación. Ambos acumulan el 89% de todos estos empleados sin trabajo fijo. Les siguen ya en un nivel inferior la Administración central y de Seguridad Social, con 70.100 temporales, y los 34.500 de las empresas públicas.
Falta de transparencia
CSIF se queja de la falta de transparencia sobre el proceso de estabilización de las plantillas y denuncia que él ministro de Transición Digital y Función Pública no está liderando el proceso de transformación de temporales en fijos. «Vamos a reclamar el fin de la tasa de reposición. Esta medida es fundamental para acabar con la temporalidad, para que se pueda contratar por encima de las jubilaciones, haciendo un plan de recursos humanos y evitar así seguir contratando interinos». Recuerdan que Escrivá anunció que pondría en marcha esta vía, pero que aún «no tiene concreción legal».
El TS cierra la puerta a que los interinos puedan convertirse en fijos por sentencia judicial
Aclara que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE no les reconoce ese derecho
Cuando en el año 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometió una cruzada contra la temporalidad en el empleo. Este fue el espíritu también de la reforma laboral que entró en vigor hace ya más de dos años, un objetivo que a golpe de legislación ha tenido que cumplir el sector privado mientras el sector público seguía engordando tanto el número de interinos como el personal laboral, hasta el punto de que casi 1,1 millones de trabajadores prestan hoy servicio al Estado sin puesto fijo y encadenando contratos eventuales durante décadas, incluso durante toda su vida laboral.
La Justicia Europea ha dado ya varios avisos a España sobre las elevadas tasas de temporalidad que hay en el sector público. El último fue el pasado febrero, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) propinó un duro varapalo a nuestro país, al considerar que el Estado está aplicando mal el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en el largo caso de los interinos. En sus conclusiones, el alto tribunal de Luxemburgo, respondiendo a preguntas prejudiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, denunció el abuso con las firmas de temporales en la Administración y afeó la inacción del Gobierno para adaptar el sistema laboral público a la normativa europea. Y ante esta situación, instó a España a convertir los interinos de larga duración en indefinidos fijos. Esto implica conceder la fijeza por la que los interinos llevan años peleando y que los distintos gobiernos y tribunales españoles no han concedido.
Esta semana, se conocía una sentencia del Supremo del pasado abril, que no es clave para resolver el caso, en la que se apreciaba que los interinos no podrán alcanzar el estatus de trabajadores fijos a golpe de sentencia judicial. El argumento era un comentario incluido en los fundamentos jurídicos que no supone un pronunciamiento sobre el fallo de la justicia europea, pero, de nuevo, saltó la polémica.
Sentencias dispares
Ahora, el alto tribunal se ha dirigido de nuevo a Luxembugo para que aclare si está obligando o no a los jueces españoles a hacer fijos a los interinos de larga duración pasando por encima de los procedimientos habituales para adjudicar estas plazas. Una vez que el Supremo dicte una sentencia que siga los pasos que ha marcado la Justicia europea, los distintos juzgado españoles podrán unificar sus pronunciamientos, ahora dispares.
Jueces de todo el país han dictado resoluciones contradictorias sobre cómo aplicar la sentencia europea para frenar situaciones de abuso de la temporalidad en las administraciones, que distingue claramente a España de nuestros socios y del sector privado, que registra una tasa de temporalidad récord del 12,3%.
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