La SEPI culmina su entrada en Telefónica y se hace con el 10%

En total pues, el Estado se ha gastado, a través de transferencias directas desde los Presupuestos Generales del Estado, un 12,9% más del precio que las acciones tenían el 19 de diciembre cuando se anunció la operación. Pese a ello, el hólding público ha dicho que «la operación de compra se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera». El movimiento, no obstante, supone un coste de 160 millones extra a los 2.024 millones que hubiese costado todo el paquete en diciembre, cuando la acción tenía un precio de 3,57 euros.

Tal y como adelantó ABC, ahora está por ver si finalmente pedirá un nuevo consejero, tras la entrada de Carlos Ocaña Orbis 'por cooptación' el pasado 8 de mayo, con algo más del 8% del capital, y aprobar la «renuncia voluntaria» de Carmen García de Andrés.

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De llevar a cabo la nueva petición de otro consejero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá sentados en el consejo de administración de Telefónica a tres personas afines al PSOE: Carlos Ocaña, Javier de Paz –también hombre de confianza de Zapatero, que en 2018, tras agotar los 12 años como independiente, renovó como consejero externo y en 2022 volvió a renovar por otros cuatro años–, y el tercero –o tercera– en discordia por decidir.

«La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa», apostilla la SEPI en el comunicado, insistiendo en que «con vocación de permanencia, la participación de SEPI aporta una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos y contribuye a la protección de sus capacidades estratégicas». Telefónica, insiste la sociedad estatal, es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave «en otros ámbitos estratégicos».

Termina así la operación de compra ordenada por el Consejo de Ministros a finales de 2023, tras la entrada de la saudí STC en la teleco, considerando que la presencia de un accionista público en la empresa supondrá «un refuerzo» para preservar las capacidades estratégicas y de «esencial importancia» para los intereses nacionales, en línea con países como Alemania (con un 13,8% del capital de Deutsche Telekom); Francia (con un 13,4% en Orange); o Italia (con un 20% de Telecom Italia).