Sánchez avanza que dará la batalla en Bruselas para prorrogar el auxilio financiero de los fondos europeos más allá de 2026

«No estamos en el tiempo de administrar, estamos en el tiempo de transformar», ha proclamado Sánchez, que ha avanzado a los inversores que el Gobierno de España no va a levantar el pie de las inversiones para acelerar la modernización de la economía y su descarbonización. Ha reconocido que el Ejecutivo cuenta para ello con los fondos europeos que ya le ha autorizado Bruselas y con los 96.000 millones extra de la adenda al Plan de Recuperación, que en su mayor parte son créditos blandos que pagarán el tipo de interés que se pida a las emisiones de las autoridades europeas en el mercado, sensiblemente más bajos que los que se le piden a España.

Para Sánchez semejante inyección de recursos europeos no es suficiente y ha avanzado que en los próximos meses el Gobierno de España «dará la batalla» en Bruselas para que la Comisión dé carrete a ese auxilio financiero más allá de 2026 con una segunda edición del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. «Queda mucho por hacer. Y es el tiempo de dar un nuevo impulso al país», ha dicho.

El presidente del Gobierno ha pedido también la colaboración en esta empresa de los inversores internacionales, a los que el ministro de Economía ya había prometido un par de horas antes un entorno regulatorio amigable y que Sánchez ha invitado a una mayor colaboración público privada.

El presidente de Spain Investors Day, Benito Berceruelo, le ha dejado caer al presidente del Gobierno algunas de las reivindicaciones y demandas que se han escuchado en estos dos días en los salones y los pasillos del madrileño Hotel Ritz, donde se ha celebrado el evento: un entorno regulatorio más estable, un mercado único dentro de España, leyes estables, un marco fiscal más favorable, no en el sentido de ofrecer impuestos más bajos que otros países europeos pero sí al menos en que no sean más altos, una justicia más ágil y fiable y unas administraciones públicas más eficaces.

Sánchez ha contestado de manera bastante parcial a las reivindicaciones de los inversores. Ha dicho que el entorno institucional doméstico ya es muy propicio a la inversión extranjera, como muestran, ha dicho, los datos récord de inversión extranjera en España registrados en los últimos años, condicionados también por el reducido valor de mercado de muchas compañías españolas; aunque ha comprometido un impulso a la modernización de la Administración Pública para hacerla más ágil, «que es lo que explica la unificación en un mismo ministerio (el de Escrivá) de Función Pública y Transformación Digital».

Y también ha transmitido un mensaje a los inversores: que miren más a los datos de la economía española y presten menos atención a «bulos y supercherías», en relación a los «oscuros vaticinios» en torno a la economía española que, ha dicho, no terminan nunca de concretarse.

Sánchez ha deslizado las tres prioridades de política económica que el Gobierno se ha planteado para los próximos cuatro años: profundizar en la agenda reformista, culminar el saneamiento de las cuentas públicas y configurar un entorno de finanzas sostenibles. La agenda reformista se orientará principalmente a impulsar una reindustrialización basada en la descarbonización, «un deber moral», según el presidente; el saneamiento de las cuentas públicas se hará sin afectar al fortalecimiento del estado del bienestar; y respecto a las finanzas sostenibles, de momento lo que tiene plantado el gobierno es un libro verde y un comité de expertos, y un objetivo: convertir a España en líder de inversión pública y captación de financiación privadas para proyectos verdes.

Aunque en realidad el proyecto de la legislatura es aprovechar que Alemania y Centroeuropa se han quedado sin la energía barata que durante lustros les ha proporcionado el gas ruso para redoblar la apuesta por las renovables y ofrecer a la industria la energía más barata del continente. Un plan para el que redefinirá las red eléctrica nacional para dar suministro a los grandes proyectos de inversión que se han interesado por España y acelerará la planta de generación de energía renovable para que en 2030 España consiga el 81% de su energía eléctrica de fuentes renovables. Calcula el Gobierno que eso le ahorrará 90.000 millones de euros en inversiones de combustibles fósiles.