El Gobierno canaliza 100.000 millones de fondos europeos a sus prioridades políticas a mes y medio del 23J

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha explicado lo llamativo del 'timing', que ha hecho que el proyecto se envíe a Bruselas a apenas mes y medio de las elecciones generales que dirimirán quién será el inquilino de La Moncloa durante los próximos cuatro años y por tanto qué orientación tendrá el Gobierno que en principio deberá desarrollar este plan, en que la fecha límite para solicitar los préstamos finalizaba el mes de agosto - pese a que fuentes gubernamentales dijeron la semana pasada, cuando se anunció que el proyecto se aprobaría en el Consejo de Ministros de este martes, que no había una fecha límite como tal- y que «no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones». Bajo estas premisas, Calviño ha asegurado que «por responsabilidad y por no poner en este momento freno a todo este proceso que está en marcha hemos aprobado hoy esta adenda».

La Comisión Europea dispondrá ahora de dos meses ampliables para evaluar el plan presentado por el gobierno saliente de España y determinar si en efecto, como ha asegurado este martes la vicepresidente, el plan da respuesta a las recomendaciones específicas formuladas por los funcionarios de Bruselas en sus últimos informes sobre España -que solo se han cumplido en parte según las evaluaciones sobre el particular que ha realizado la Comisión en los últimos años- o por el contrario debería procederse a reorientar alguna de las medidas. Esto habrá que hacerlo antes de enviar el plan al Ecofin, el fondo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, para su ratificación y deberá negociarse ya con el futuro gobierno.

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Ante las dudas al respecto formuladas en los últimos días desde las filas del Partido Popular, que considera que dadas las circunstancias se tendría que haber congelado la remisión del plan a Bruselas para después de las elecciones generales para que sea el futuro gobierno el que defina un plan que deberá desarrollarse entre 2023 y 2026, la vicepresidenta ha subrayado que «de todas formas en este proceso de consulta pública hemos incorporado las propuestas que han llegado de las comunidades autónomas y de grupos políticos, como el PP, que ha tenido a disposición desde diciembre el proyecto de la adenda».

La vicepresidenta ha querido aclarar que la solicitud por parte de España del acceso a los 84.000 millones de euros en préstamos no implica que la deuda pública se vaya a incrementar automáticamente en esa cantidad. «Esto es solo una red de seguridad para que de aquí a 2026 se pueda mantener el ritmo de inversiones público y privado que hemos puesto en marcha gracias a los fondos europeos 'Next Generation'». En realidad, los préstamos procedentes de Europa irán engordando la deuda pública según se vayan solicitando, pero con la ventaja de que a la hora de devolverlos (habrá 30 años con un periodo de carencia de 10 años) su coste será inferior al que se habría tenido que asumir si fuera el Tesoro el que emitiera la deuda.

Calviño, por el contrario, ha rechazado avanzar si el Gobierno prorrogará o no las medidas contra la inflación aprobadas a final del año pasado y que vencen el próximo 30 de junio, como la reducción del IVA a un puñado de alimentos considerados de consumo básico. Se ha limitado a señalar el ya conocido argumento de que el Gobierno está analizando las mismas y valorando cuáles mantener y cuáles retirar para optimizar su eficacia.

Fuentes del entorno del Gobierno admiten que si hubiera un cambio en La Moncloa el nuevo gabinete podría intentar modificar las prioridades establecidas en la adenda, pero esto exigiría una larga negociación con Bruselas y comprometería la asignación de todos los recursos disponibles antes del 31 de agosto de 2026, que la normativa europea establece como fecha límite para la aplicación de los recursos del Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia, al menos en tanto no se retrase ese plazo.

A la espera de lo que pueda ocurrir si hay un cambio de inquilino en La Moncloa, lo que ha hecho el Gobierno es canalizar los recursos disponibles a las prioridades estratégicas que ya se definieron en el Plan de Recuperación original. Cerca de 30.000 millones de euros se destinarán a reforzar los grandes proyectos estratégicos definidos desde el Palacio de la Moncloa, los llamados Perte. La gran apuesta del Gobierno será el llamado Perte 'chip', el proyecto estratégico que aspira a reforzar la capacidad nacional de diseñar y producir semiconductores, que recibirá una inyección de 12.000 millones de euros para el periodo 2023-2026.

Otra línea de actuación será el aprovechamiento de esta financiación barata para impulsar algunas de las prioridades de política económica en las que más ha incidido el Gobierno en los últimos meses. El ICO recibirá, por ejemplo, 22.500 millones de euros para respaldar la financiación bancaria de proyectos de inversión verde y crecimiento empresarial; y otros 4.000 millones para proporcionar financiación competitiva a las promotoras que quieran poner viviendas de alquiler social en el mercado.

Además, se constituirán fondos de inversión específicos para impulsar el crecimiento de proyectos de emprendimiento digital nacidos o desarrollados en España, para dar financiación a producciones audiovisuales realizadas en territorio español –uno de los ámbitos en que más ha incidido la política fiscal y de subvenciones del Gobierno en los últimos años–, y para sufragar un nuevo paquete de ventajas fiscales en el IRPF y el Impuesto de Sociedades para estimular la realización de reformas orientadas a mejorar la sostenibilidad energética de hogares y empresas.

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Un tercer eje de actuación irá orientado a abaratar el coste fiscal de algunas de las medidas estrella aprobadas por el Gobierno aprovechando que la financiación europea tiene un coste inferior a la que puede obtener el Tesoro por sus propios medios. En este sentido, una de los proyectos será la creación de un fondo de 3.000 millones de euros, dotado con préstamos blandos del Mecanismo de Recuperación, para dar soporte financiero al nuevo mecanismo RED de apoyo a los trabajadores de empresas en crisis y dar solución así a uno de los principales problemas para poner en marcha este dispositivo: la forma de financiarlo.

El Gobierno también aprovechará la financiación barata procedente de la Comisión Europea, que según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos paga 30 puntos básicos menos que la deuda española a diez años, para abaratar la factura de los rescates a empresas estratégicas realizados por la SEPI y Cofides. A este fin se destinarán más de 1.000 millones de euros.