Revuelta empresarial contra los controles a viajeros de Marlaska

«Ataque intolerable a la privacidad», «requisitos imposibles de cumplir», «desventaja competitiva», los sectores no salen de su asombro respecto a una regulación que llevan más de dos años intentando frenar o como mínimo racionalizar sin que Interior haya atendido su reivindicaciones.

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Antonio Ramírez Cerezo

La iniciativa se produce tras las «innumerables incidencias» ocurridas en los últimos meses, especialmente durante agosto, que afectaron a miles de usuarios en pleno periodo vacacional

Este viernes harán un nuevo intento. Según ha podido confirmar ABC, el Consejo de Turismo de CEOE -en representación de los sectores afectados- mantendrá una reunión con el Ministerio de Interior para abordar la posibilidad de un nuevo aplazamiento de la entrada en vigor del decreto, prevista para el próximo 2 de diciembre.

Las empresas afectadas no ocultan su «profunda preocupación» por varias cuestiones. En concreto por lo que observan como una incompatibilidad con la normativa de la UE, por la inseguridad jurídica que genera tanto a usuarios como a empresas y por unos requisitos que ven de imposible cumplimiento, al margen de por la desventaja competitiva que les puede generar una norma inédita en otros países, la falta de adecuación tecnológica y la carga administrativa desproporcionada.

Piden una revisión de la norma para adaptarla a la normativa europea, que se minimicen las exigencias a aquellos datos estrictamente necesarios, retrasar su entrada en vigor para abordar la adecuación tecnológica que demanda y que se abra un diálogo real con los sectores afectados.

«Hace meses estuvimos negociando con Interior la promulgación de una orden ministerial que concretara el decreto e incluso se redactó un borrador, pero finalmente ha quedado en el olvido», lamentan desde la patronal de agencias de viajes CEAV.

Una nota emitida el pasado 26 de septiembre por el Consejo de Turismo de CEOE, que ha encabezado la interlocución con Interior del tejido empresarial, ya advertía de que el decreto gubernamental «vulnera las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad». En su opinión no respeta los principios de proporcionalidad y minimización de cargas administrativas, lo que podría generar sanciones y demandas contra los sujetos obligados -que afrontan multas de hasta 30.000 euros si incumplen sus obligaciones-. Y mayor inseguridad jurídica. Hay temor a que al cumplir con el decreto, se incumpla la norma tiva europea y eso derive en sanciones para las empresas.

Las empresas del sector turístico consideran que la falta de concreción y claridad de la norma genera problemas de inseguridad jurídica, además de «ignorar las complejidades operativas para recolectar los datos antes de prestar el servicio». Cuestiones que en su opinión hacen «imposible su cumplimiento».

Las patronales también creen que las obligaciones impuestas sitúan a las empresas españolas o a aquellas que operan en España en una «clara desventaja» frente a competidores de la UE, que no están sujetas a normativas similares. La preocupación viene avalada por el impacto que el registro que pretende imponer Interior ha tenido en la prensa internacional, que ya ha deslizado que puede tener un efecto perjudicial sobre el turismo en España.

Otra objeción es la falta de la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con la norma, una cuestión que fue señalada en su día por la Agencia de Protección de Datos y por Bruselas.

Para los hoteles el procedimiento que exige el departamento de Marlaska es incompatible con su actividad. El protocolo actual para la cumplimentación y envío a la policía de la ficha de los viajeros es bastante sencillo. Los establecimientos disponen de un lector de DNI y pasaporte a través del cual pasan directamente al sistema los datos de sus usuarios, y los programas de recepción ya están preparados para, al final de la jornada, enviar los datos de manera telemática a la base de datos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Nada que ver con la nueva normativa que según los hoteleros obligaría a meter a mano la amalgama de datos que el departamento de Marlaska quiere recopilar con el pretexto de «mejorar la eficacia en la investigación de los delitos de terrorismo» y añadirlos a una nueva plataforma de la que todavía desconocen su funcionamiento.

«Llega una excursión de 90 personas y le tienes que preguntar a cada una de ellas cómo va a pagar la reserva, su número de tarjeta de crédito, con quién va a dormir... la persona que ha hecho este decreto no ha trabajado nunca en una recepción de hotel ni en una agencia de viajes», lamenta a este periódico el presidente de Cehat, Jorge Marichal.