Un hotel no es una comisaría

Editorial ABC

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02/10/2024 a las 04:17h.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó ayer que el 2 de diciembre próximo se aplicará el nuevo registro de datos personales de usuarios de cualquier negocio de hospedaje o alquiler de vehículos a motor. La norma que lo prevé es un real decreto de 2021, cuya aplicación se ha ido posponiendo porque el sector de la hostelería lo consideraba desproporcionado. Y lo es, sin duda. Con el argumento de proteger la seguridad ciudadana, Interior va a recabar de cada persona alojada hasta una treintena de datos relativos a su privacidad individual y económica. La identificación del huésped forma parte del tradicional ritual de todo cliente que llegaba a la recepción de un establecimiento hotelero. Lo que cambia es la cantidad y la calidad de la información que va a recibir Interior a diario de miles de personas y establecimientos.

Por supuesto, nada hay que objetar a la pretensión del Gobierno de prevenir actividades terroristas o de delincuencia organizada, aunque no parece muy probable que el dirigente de una red de narcos o el jefe de una célula yihadista se aloje con su DNI en un Parador Nacional. Para poder apoyar la medida del Ejecutivo habría que tener información sobre las necesidades reales del nuevo sistema de registro documental de huéspedes o usuarios de coches de alquiler y conocer si el sistema anterior era insuficiente y por qué lo era. Es evidente que cuanta más información conozca el Estado más fácil será prevenir los delitos en general, no solo el terrorismo o el crimen organizado. Pero este argumento de la eficacia conduce al utilitarismo; y el utilitarismo conduce al Estado policial en el que el fin justifica los medios. En un Estado de derecho, son los medios los que justifican el fin. Por otro lado, qué sentido tiene que en el espacio Schengen haya libre circulación de personas si la 'frontera' se traslada a cada recepción de un hotel.

Además de una intromisión desproporcionada en la intimidad personal, tal caudal informativo es accesible por los jueces, como no puede ser de otra manera, pero también por la Policía y por la Fiscalía. Los ciudadanos de toda sociedad democrática deben ceder parte de su intimidad para garantizarse un umbral mínimo de seguridad, pero también tienen derecho a que la apertura de su intimidad al Estado no se convierta en una oportunidad para revisar su vida privada y utilizar la información con fines espurios. ¿Puede el Ministerio del Interior garantizar la estanqueidad de toda esa información y que ningún dato personal será usado ilícitamente por comisarios jubilados o con fines partidistas? Marlaska insistió ayer en que el real decreto de 2021 pasó todos los filtros de informes previos. Esto es lo preocupante, que semejante irrupción en la privacidad personal no haya sido considerada por ningún órgano del Estado como un riesgo, al menos, para la intimidad y la protección de los datos personales. No es extraño que los medios internacionales se hayan hecho eco de este nuevo registro documental como un sistema de control 'orwelliano'. Se pueden lograr altos niveles de seguridad colectiva sin incurrir en excesos como este de convertir cada hotel en una comisaría.