El revés del PP al concierto catalán en el Senado desvela discrepancias de fondo entre PSOE y ERC

El documento aprobado por la Cámara Alta gracias a la mayoría de control que los populares ostentan concluye, entre otras cosas, que esa financiación singular enmascara una suerte de concierto fiscal para Cataluña que «no se encuentra dentro del marco constitucional actual», amenaza con crear «privilegios fiscales y financieros», «debilita la solidaridad entre territorios» y acarrearía un riesgo significativo de «vaciamiento de recursos de la Administración del Estado» y de «viabilidad de las comunidades autónomas ante una merma de recursos del sistema de financiación».

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Hasta seis consejeros de Hacienda de gobiernos populares, de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de la Región de Murcia, de Extremadura y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, desfilaron ayer por el Senado en lo que se concibió como una escenificación del rechazo institucional al acuerdo político entre socialistas y republicanos. Lo que probablemente no esperaban era que la jornada sirviera también para escenificar las diferencias entre las expectativas que sobre el acuerdo albergan los socialistas, por una parte, y los republicanos, por otra.

La senadora de ERC Sara Bailac presentó el acuerdo como un paso decisivo para la soberanía fiscal de Cataluña y para que «la riqueza de Cataluña se quede en Cataluña y se traduzca en mejores servicios para los catalanes», y dejó claro que desde su punto de vista permitirá a la Generalitat recaudar, gestionar e inspecccionar el 100% de los impuestos que se generen en el territorio. «Primero, recaudaremos, y luego se pagará al Estado por los servicios prestados y por la solidaridad», subrayó, haciendo hincapié precisamente en el esquema de funcionamiento que ha llevado a la mayoría de los expertos en financiación autonómica del país a señalar el modelo planteado como una especie de 'concierto catalán'.

La ambición del planteamiento de la senadora de ERC no se correspondió, sin embargo, con los trasladado por los senadores socialistas. La senadora Carmela Silva Rego aseguró que el pacto PSC-ERC «es una acuerdo político, no una propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, aunque se pueda tomar como referencia para la reforma de la financiación». Una idea en la que incidió después el senador Juan Espadas. «Estamos hablando sobre un acuerdo político y no se para de hacer especulaciones».

Lo que quedó claro ayer es que para ERC no hay especulación posible. «Este acuerdo ha de pasar del papel a la realidad», enfatizó Sara Bailac. «Vamos a ser exigentes en que el acuerdo se cumpla al pie de la letra, puntualmente y sin rebajas, porque cualquier incumplimiento tendrá consecuencias», advirtió en un mensaje que no iba dirigido al Senado que aprobó el informe contra el 'concierto catalán' sino contra los otros firmantes del pacto.

El informe aprobado ayer por el Senado, elaborado sobre la base de las opiniones vertidas en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado una docena de expertos con diferentes enfoques sobre la cuestión, incide en las dudas sobre la constitucionalidad del modelo similar al foral que plantea el acuerdo, advierte sobre las consecuencias de su aplicación tanto sobre las arcas del Estado como sobre las autonomías con menos recursos y alerta de que podría hacer inviable la financiación autonómica.