Una gurú de la Generalitat reconoce que el pacto de Illa con ERC entrega la totalidad de la Administración tributaria

En esta línea, ayer una de las gurús de cabecera de la Generalitat en materia de política fiscal, la catedrática Núria Bosch, dijo que «la cosa más clara del acuerdo es que se cede la administración tributaria, gestión, recaudación, inspección y liquidación. Otra cosa es cómo se hace, porque la agencia catalana tiene unos 800 empleados». Precisamente, el miércoles Salvador Illa aseguró en el Parlament que su gobierno ya trabaja en multiplicar por cuatro el tamaño de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

Bosch, que ha asesorado a sucesivos gobiernos catalanes en materia de política fiscal y es una voz autorizada en los foros políticos de Cataluña, habló en el marco de un encuentro organizado por Funcas para debatir la financiación autonómica, y en el que participaron economistas de distintas sensibilidades. La opinión de la catedrática catalana fue que, a pesar de la cesión de soberanía tributaria, «no es un modelo confederal» ni un modelo como el del País Vasco y Navarra, ya que «el estado no renunciaría a su capacidad normativa (...) se descentraliza la administración tributaria», matizó.

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El catedrático Santiago Lago, en cambio, opinó que «la literalidad del acuerdo es que la aportación catalana a las cuentas del Estado integre costes en los servicios prestados en Cataluña y una cuota de solidaridad», un modelo que «rompe», dijo, el régimen común salvo que se extienda a todas las CC.AA. En la misma línea, el catedrático de la URJC e investigador sénior de Funcas, Desiderio Romero, consideró que el acuerdo entre el PSOE y ERC «plantea ceder todas las competencias», añadiendo que «habrá un cupo» sobre el que «no sabemos mucho», aunque «atendiendo a lo que pasa en País Vasco y Navarra, nos da una idea de cuánto aportarían al Gobierno central. Tampoco sabemos la aportación al fondo de solidaridad, pero sí sabemos que el acuerdo aspirará a aportar menos de lo que se hace ahora porque de otra manera no se entiende por qué genera tanto ruido a nivel político».

El concierto no era el tema central del coloquio, que pretendía ser un estado de la cuestión de la situación actual del proceso de reforma de la financiación autonómica, pero acabó siendo protagonista porque el procés ha sido una de las causas fundamentales de que la reforma lleve diez años en un cajón, aunque no la única.

Los barones del PP y el PSOE coinciden en su oposición a la salida de Cataluña de la caja común, pero difieren en sus necesidades propias. Por ejemplo, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia están infrafinanciadas, y Castilla-La Mancha y Castilla y León sufren los efectos de tener una población disgregada; unos piden dinero en función de la población, otros, del territorio.

Para el Gobierno central la referencia sigue siendo el libro blanco que redactó una comisión de expertos en 2017, y ayer todos los especialistas coincidieron en que, en lo fundamental, el libro acertó en el diagnóstico. A partir de ahí, explicó Desiderio Romero, quedan decisiones por tomar en lo que respecta a la deuda de las CC.AA. -muchas no pueden acudir a los mercados-, el camino por recorrer en cuanto a los tramos autonómicos de algunos impuestos o la aportación de País Vasco y Navarra, «que genera desagravios con otras regiones», apuntó.

Sobre dónde tratar estos temas, todos coincidieron en la necesidad de llevar el debate al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es un órgano de carácter más técnico que la Conferencia de Presidentes. Es decir, que los especialistas apuestan por ser prácticos y bajar la intensidad política para tratar de poner fin a un debate que lleva diez años estancado, aunque Desiderio Romero avisó: «El pacto de ERC y los socialistas no es el mejor punto de partida».