La prevalencia del convenio colectivo autonómico acentuará la desigualdad laboral entre regiones

No es casual que tanto empresarios como sindicatos hayan salido al corte tras conocerse la publicación en el BOE de esta modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que el gabinete dirigido por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha pertrechado a espaladas del diálogo social, sin consultar a los representantes de CEOE y Cepyme, y de CC.OO. y UGT. Ambas partes se mostraron altamente soliviantadas en el día de ayer, asegurando que el Ejecutivo ha quebrado la confianza y la lealtad a la mesa de diálogo social al abordar esta medida que precisamente fue despejada de la ecuación en la reforma laboral de 2021, por el rechazo de los agentes sociales a abrir este melón.

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En este sentido, los expertos consultados por ABC concretan algunos de los motivos que comparten la patronal y sindicatos para el enfado -las organizaciones representantes de los trabajadores han llegado a exigir una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- al margen del desprecio al foro de negociación tripartita por parte de Díaz, que con esta medida paga una de las facturas de las investidura al PNV.

A efectos prácticos, la medida modifica el sistema de contrapesos existente hasta el momento en términos de negociación colectiva entre empresas y sindicatos. Se preponderan los acuerdos autonómicos sobre los sectoriales y estatales, por lo que estos podrían afectar a los de rango superior modificando las condiciones generales en ciertos territorios.

En el decreto se aclara, no obstante, que la prevalencia no es absoluta. Se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica. Por lo que prácticamente se deja el margen en materia salarial.

En este punto, los expertos advierten de una cierta relevancia en la medida. El abogado en Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges, recuerda que en la concepción inicial del Estatuto de los Trabajadores se aplicó la premisa de que los convenios de mayor rango prevalecerían sobre los de empresa o los de territorios concretos. Y fue en la reforma aprobada por el PP en 2012 cuando se pasó a una prevalencia de los convenios de empresa, para volver a la concepción inicial en la reciente reforma laboral de 2021. Fue entonces, en esta vuelta a la prevalencia sectorial donde no se quiso abrir la posibilidad de excepciones para acuerdos adoptados a nivel de comunidad autónoma por la autoridades -empresariales y sindicales- competentes.

«La posición de que el convenio colectivo sectorial debe prevalecer sobre los de las distintas empresas comprendidas dentro el sector y que el convenio de ámbito geográfico más amplio sobre los de ámbitos geográficos más reducidos comprendidos en el mismo puede tener todo el sentido desde el momento que, en ambos casos, resulta lógico que los primeros, por su mayor amplitud y generalidad, suministren un marco mínimo a los segundos. Pero que los de ámbito autonómico deban prevalecer sobre los de ámbito estatal, al no tener una justificación racional como aquella, no tiene más explicación que la de la oportunidad política», señala Méndez Baiges en un análisis de la medida para ABC.

El profesor de economía aplicada colaborador de la URJC e investigador asociado de Fedea, Miguel Ángel García, explica que el principal efecto está en la restricción en la capacidad operativa del convenio estatal o sectorial. Y recuerda que, precisamente, estos acuerdos se promocionan al homogeneizar las condiciones laborales de los trabajadores en los diferentes territorios que están sujetos a una misma actividad. «El cambio se produce para dar más competencia al País Vasco», señala.

Recuerda el investigador de Fedea que en términos macroeconómicos, se presupone que los acuerdos de mayor calidad son los de empresa por un lado, ya que se sustancian en base a las condiciones laborales y económicas de cada compañía, y los sectoriales estatales por otro lado, al considerarse que tienen mayor capacidad de reconducir cuestiones generales que afectan a los empleados de un mismo sector.

En este sentido, explica el experto que la medida va destinada a otorgar más poder a los ejes de negociación propios del territorio vasco, siempre y cuando estos mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. Pero también reduce la capacidad de operar de los grandes acuerdos entre empresas y sindicatos, que cuentan con un mayor radio de acción.